Tribunales y justicia

La Audiencia “empieza” a deliberar sobre el ‘caso Emvicesa’

Se investiga sobre supuestos delitos continuados de malversación, prevaricación, organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta "ha empezado" este miércoles según indicaron fuentes judiciales, a deliberar sobre los múltiples recursos de apelación que le han presentado las partes del ‘caso Emvicesa’. En primavera de este año acordó que todos ellos se reunirían en una sola ponencia de la que lleva las riendas el magistrado Emilio José Martín Salinas y que se inició en virtud de una denuncia formulada el 29 de junio de 2015.

Distintas personas con experiencia en los Tribunales de la ciudad apuntaron que, dada la complejidad de la causa, con diecinueve tomos y 60 investigados por múltiples presuntos delitos, las sesiones de debate previas a la votación definitiva sobre el contenido del auto que emita la Audiencia serán previsiblemente “varias”. Del total de investigados, solo dos fueron exonerados “al no existir elementos incriminatorios o indicios criminales sostenibles para iniciar el procedimiento abreviado frente a ellos”.

Entre los supuestos ilícitos investigados están delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental.

Los recursos de las defensas han apelado tanto a razones de forma como de fondo para pedir el sobreseimiento de las acusaciones formuladas en las diligencias, cuyas primeras actuaciones datan de hace ya algo más de cuatro años y que la instructora decidió continuar en noviembre, justo antes de abandonar la ciudad en dirección a su nuevo destino en Andalucía.

Según la “jurisprudencia consolidada reciente” de la Audiencia algunas fuentes judiciales auguran que la Sala podría llevar a un juicio con jurado los hechos vinculados al presunto cohecho. Si así fuese la vista oral debería tener lugar en Cádiz o con una Sala derivada a la ciudad. El resto, de no haber archivo alguno, quedaría para el Juzgado de lo Penal local.

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