El tribunal de la Sección VI de la
Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha absuelto a dos personas que estaban acusadas de un
delito de torturas presuntamente
ocurrido en diciembre de 2019, cuando ambos prestaban servicio en el centro para
menores extranjeros no acompañados de la ciudad, uno en calidad de auxiliar educativo y otro como mediador intercultural. En esta segunda sesión declararon dos testigos, ambos menores y que se encontraban acogidos en el centro. Han negado que los dos
acusados cometieran alguna tortura y de hecho han destacado su “buen comportamiento” profesional. La supuesta víctima, como ya ocurrió en el inicio del juicio el 18 de enero, no ha comparecido por lo que no ha podido defender las acusaciones que vertió sobre los dos trabajadores. Uno de los testigos que ha declarado este martes ha explicado que los trabajadores del centro en ningún momento agredieron al denunciante, incluso ha venido a indicar que los propios menores del centro fueron los que lo maniataron a modo de castigo por haber robado un móvil. Además ha hecho hincapié en que los educadores tienen un comportamiento ejemplar y carecen de problemas con los acogidos. En esa misma línea declaró el otro menor del centro, que ha señalado que en ningún momento apreció ninguna agresión.
Lecturas de informes finales y absolución
En los informes finales, el Ministerio Fiscal siguió con su escrito de acusación en el que solicitaba 4 años de prisión. Afirmó que tanto a los compañeros de trabajo como a los propios menores les une un vínculo afectivo con los acusados, lo que ha llevado a que declararan a su favor. A su juicio estos hechos quedan acreditados porque, a pesar de la ausencia del acusado, este una vez que cumplió la mayoría de edad quiso abandonar la ciudad para dejar todo el pasado atrás. Las Defensas, por su parte, pidieron la libre absolución ya que ningún testigo presenció nada, indicando que solo realizaron una reprimenda por el robo de un móvil pero que en ningún caso “eso es un delito”. Tras la deliberación, el tribunal ha decidido dictar sentencia in voce al considerar la inexistencia de prueba de cargo. Esas supuestas torturas se habrían producido en la noche del 15 de diciembre de 2019, después de que el menor denunciante se apoderara del teléfono móvil de otro niño del centro. Tras conocerse lo sucedido, el menor fue introducido en un iglú por los dos acusados para hablar con él sobre lo que había pasado. La clave está en lo que ocurrió dentro de esa instalación prefabricada que fue colocada por la Fundación SAMU a finales de 2018 para atender a menores en los bajos del centro La Esperanza.