La coordinadora del Programa de Diabetes niega haber indicado que no había que hacer controles a los niños
La jefa de Salud Escolar y coordinadora del Programa de Diabetes de la Consejería de Sanidad, Margarita Medina, declaró ayer en calidad de investigada en el Juzgado de Instrucción número 6 que lleva las diligencias penales abiertas en relación con lo acontecido durante el campamento para niños diabetes organizado por la Ciudad en septiembre del año pasado y cuya supervisión médica se contrató con el doctor Juan Antonio Márquez, que ya testificó en idéntica situación procesal. Ocho familias de los asistentes, con entre nueve y quince años, denunciaron en febrero ante la Fiscalía, que lo derivó al Juzgado, la presunta comisión de irregularidades con reproche penal.
Según han explicado fuentes judiciales, la médico se negó a responder a las preguntas de la acusación particular y de la defensa de Márquez.
Medina reconoció que organizó la cita dentro de las competencias que tiene asignadas en la Consejería y que participó en el diseño del menú que se sirvió durante los tres días, elaborado “conforme a una guía patrocinada por el Ministerio de Sanidad”.
De acuerdo con su declaración en sede judicial fue “estándar” porque solo una familia concretó los menús y raciones de hidratos de carbono idóneos para cada niño, por lo que las raciones ajustadas a las dosis de insulina prefijadas “por el médico” de cada joven debía fijarlas “el equipo sanitario” de Márquez.
La funcionaria señaló que todo lo concerniente al aspecto médico del campamento se dejó en manos de Márquez, que a su vez contrató a un ATS. Ambos tenían el teléfono móvil de Medina para trasladarle “cualquier incidencia” pero no recibió ninguna llamada.
Medina afirmó no tener conocimiento de que algún menor sufriese “daños” por su estancia en el campamento y ha negado (“es falso”) que indicase a Márquez que “no había que hacer controles de glucemia a los menores”, cuyos niveles de glucosa fueron “extraordinariamente altos en la mayoría de usuarios a niveles desde 200 hasta 501”, según han aseverado las familias de los niños y la Asociación Ceutí de Diabetes.
Ambas partes han denunciado que “se aconsejaron malas prácticas como no inyectarse insulina de acción lenta o hacer ejercicio para bajar los niveles”, que “no hubo en ningún momento control de las raciones de la comida”; que “se proporcionaron alimentos no adecuados”; y que “no se hicieron los controles durante las horas que tenían establecidas, ni las inyecciones de insulina adecuadas o pautadas para cada persona”.
Si el procedimiento penal prospera la acusación particular piensa pedir su condena por imprudencia profesional.