Varias asociaciones defensoras de los Derechos Humanos han emitido un comunicado en respuesta a lo ocurrido esta mañana en Ceuta,
cuando unos 150 subsaharianos intentaron saltar la valla fronteriza. La Asociación Elin, la Federación Andalucía Acoge, Maakum y No Name Kitchen han denunciado la "devolución en caliente" que se ha llevado a cabo con al menos uno de estos jóvenes, el que había conseguido "trepar y sobrepasar" el perímetro que abría las puertas a la ciudad autónoma. "Una vez más, la
Frontera Sur vuelve a ser un espacio de no derecho para las personas migrantes y refugiadas", han manifestado. Muestran además su preocupación ante el hecho de que "las fuerzas de seguridad en la frontera no estén cumpliendo escrupulosamente la sentencia del Tribunal Constitucional, que analizó en su día la figura de los rechazos en frontera que contempla la actual Ley de Extranjería". Esta sentencia, argumentan, exige que se haga una "identificación de las personas" para poder ejercer así el control judicial pertinente, entre otras condiciones. "Las devoluciones en caliente no son legales", sentenciaban las asociaciones que firmaban este documento. "Continuamos teniendo un comportamiento del Ministerio del Interior no acorde a la legislación española y que no garantiza los derechos de las personas que pisan suelo español". Hacen hincapié en recordar que la Convención de Ginebra "prohíbe" este tipo de prácticas ante la posibilidad de expulsar a personas "en necesidad de protección" sin realizar trámites. Por lo tanto, tachan de "injustificable" que nuestro país "expulse" a estas personas hacia Marruecos, así como critican que tales devoluciones se lleven a cabo "sin saber si serán perseguidos por motivos de orientación sexual, identidad de género, motivos políticos" o cualquier otra circunstancia recogida en el Estatuto de los Refugiados. Entienden que estos son motivos que otro país sí reconocería para evitar las persecuciones a seres humanos. En consecuencia, piden "coherencia" al Gobierno, al que señalan por haber criticado al anterior Ejecutivo el realizar estas mismas devoluciones mientras que bajo su mandato "se siguen produciendo en las
vallas de Ceuta y Melilla". Denuncian asimismo que España "condicione su política exterior con el respeto a los derechos de las personas migrantes". En definitiva, dejan constancia de que desde sus asociaciones advierten la gravedad del asunto y remarcan el "grave riesgo" que puede suponer para estas personas, más si cabe una crisis sanitaria como en la que nos encontramos. "Expresamos nuestra repulsa y exigimos al Gobierno que no siga realizando estas devoluciones que vulneran los Derechos Humanos y provocan daños irreversibles en las personas migrantes".