La Asociación de Usuarios del Tarajal ha criticado este domingo, en la segunda jornada con esperas de hasta más de cuatro horas en la explanada de
embolsamiento de vehículos que se dirigen a Marruecos de Loma Colmenar, el “silencio” de la Ciudad Autónoma a la solicitud de autorización que le trasladó “hace años” para instalar un puesto de venta automática de agua, refrescos y otros tentempiés en esa zona. Los viajeros de la
Operación Paso del Estrecho (OPE) y los ceutíes que se ven obligados a aguardar durante horas en la explanada apenas tienen ella acceso a varios aseos, una fuente y dos carpas con un par de bancos a la sombra, pero en las inmediaciones no disponen de ningún punto cercano para adquirir bebida fresca o alimento. La entidad ofreció cubrir esa carencia con un vehículo equipado con varias máquinas de venta automática, pero “la administración local no ha dado ninguna respuesta a la propuesta”.
Durante este sábado pasó por la explanada un total de 1.652 automóviles, 589 de residentes en la ciudad y 1.063 de personas en tránsito en el marco de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que este fin de semana ha empezado a mostrar cierta intensidad en Ceuta. Los controles sanitarios y
aduaneros establecidos por Marruecos en Bab Sebta han generado retrasos y complicaciones, sobre todo a las personas a las que se ha obligado a regresar a la ciudad al no contar con pauta completa de vacunación ni PCR negativa. La falta de servicios para quienes aguardan allí que avance el
trasiego hacia el Reino alauita se cubrió durante un tiempo con un “establecimiento móvil de venta de comidas y bebidas” cuya instalación fue judicializada a mediados de 2019 por una persona que previamente se había “interesado” por una concesión para construir un área de descanso en su interior, algo que desechó, según su propia declaración, al enterarse de que es “imposible” hacerlo “a menos que se modifiquen las Ordenanzas vigentes”. La Justicia archivó de inmediato cualquier atisbo de infracción penal prevaricación en su apertura, pero la Fiscalía recurrió al entender que podía haberse producido un delito contra la Ordenación del Territorio al haber atendido al público “sin licencias” y con un enganche eléctrico “ilegal”.