Asociación pro-huérfanos, ¿un motivo para manifestarse?

AUGC ha tenido conocimiento de la burda maniobra llevada a cabo por los actuales responsables  de la Asociación  Pro-Huérfanos de la Guardia Civil encaminada a impedir la presencia de los representantes legítimos de las asociaciones profesionales representativas de guardias civiles en el Consejo de Gobierno  y Administración de aquella. A pesar de haber reformado su reglamento interno hace breves fechas para permitir la presencia de representantes asociativos en los órganos de gobierno y administración,  la mayoría del Consejo de Gobierno y Administración, compuesta por miembros del generalato de la Guardia Civil, en una maniobra burda y, sobre todo, ilegal e ilícita han modificado el reglamento para impedir la plena democratización de la Asociación. Con este blindaje los generales sólo pretenden impedir la participación en la gestión y la fiscalización de la misma a los únicos y verdaderos dueños del ingente patrimonio del que es titular la misma: las y los guardias civiles, cuya afiliación es obligatoria, como lo es el pago de la cuota asociativa.
Frente a lo que sería un proceso de normalización democrática y de cumplimiento del artículo 38. 3 de la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil,  se sacan de la manga un proceso ficticio de designación de delegados para conformar una asamblea a su media y bajo su total control. DELEGADOS A LOS QUE SE REUNIRÁ UNA VEZ AL AÑO, con el único objeto de “recibir información sobre las actividades y gestión de la asociación” y que no tendrán derecho alguno a fiscalizar la gestión ni nada que se le pueda parecer.
Una asociación con un Patrimonio conseguido gracias a la cuota obligatoria de todos los guardias civiles con la que se han conseguido adquirir  inmuebles, locales y garajes en el centro de Madrid, por los que percibe rentas por un importe anual de 4.546.769?.; instalaciones alquiladas a la Dirección General de la Guardia Civil como como el Colegio de Valdemoro, la Escuela de Especialización, MACEN, Escuadrón de Caballería. Sólo en donativos a la Asociación se perciben unos 600.000? anuales.
En la actualidad la asociación tiene invertido: 6. 004.696,30 en el Banco Sabadell Atlántico (FIM/PLAZO FIJO/TESORERÍA); 2.259.869.78 en el Banco de España (DEUDA PÚBLICA); 3.440.140,83 en el Banco de Santander (FIM y DEPÓSITOS); 25.915,43 en el Barclays Bank (PLAZO FIJO); 2.163.855,25 en el BBVA (DEPÓSITOS y ACCIONES); 3.064.789,94 en el Banco Popular (PLAZO FIJO y FONDOS); 1.857,62 en el Citibank (CCC); 2.732.508,62 en La Caixa (FIM/OBLIGACIONES/PLAZO FIJO); 18.393,25 en Caja Madrid (PLAZO FIJO/DEPOSITO FINANCIERO); 31.974,26 Ibercaja (CCC); 25.491,33 Banesto (FONDOS DE INVERSION); 1.063.403,02 en Bankinter (IMPOSICIÓN PLAZO FIJO); 2.020.958,55 en Gestora Mutuactivos (FONDO DE INVERSION); 1.003.847,83 en Aviva Gestiones SGIIC (FONDO DE INVERSION).
Esto hace un total de 23.871.345,64 millones de euros invertidos en diversos activos financieros. El presupuesto anual para 2012 es de 18.490.396?. Inversiones e ingresos nos arrojan la friolera de 42.361.741,64 millones de euros.
Todo este patrimonio es manejado por generales de la Guardia Civil nombrados a dedo y sin que sus asociados y legítimos beneficiarios pueden ejercer un control efectivo o decidir sobre la inversión de recursos. Unas inversiones que, en ocasiones, han provocado pérdidas a la propia asociación. En definitiva, unos recursos de todos los guardias civiles y de esta importancia no puede estar controlado por unos pocos y que además no han sido designados por sus asociados.
Si esto es muy grave, lo es aún más la implicación de toda la estructura operativa y orgánica de la Dirección General de la Guardia Civil, que, como tal, nada tiene que ver con una asociación que se configura y gobierna al margen de las directrices y el control político del Gobierno. Y esta situación que afecta a la operatividad de las unidades, que supone la utilización de medios públicos al servicio de una “casta” cerrada, no puede quedar sin crítica. Por cierto, esta crítica alcanza a los responsables políticos del Ministerio del Interior que, o bien no se enteran de lo que sucede en su ámbito de responsabilidad, o consienten esta aberración jurídica, democrática, inadmisible, y que en estos tiempos de crisis genera más rechazo si cabe.
Por todo ello AUGC está estudiando las posibles respuestas jurídicas a este disparate. Todo ello, sin perjuicio de valorar  y analizar cómo puede afectar esta situación ilegal a los derechos de miles de guardias civiles y cómo puede hacer variar su postura en torno a las relaciones institucionales con los actuales responsables de la Dirección General de la Guardia Civil.
Además AUGC recuerda que por cuestiones íntimamente relacionadas con la Asociación Pro Huérfanos, existe un procedimiento penal abierto contra el anterior Director General, FRANCISCO VELÁZQUEZ, quien propuso el nombramiento del actual presidente del Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación  Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, general ROGELIO MARTÍNEZ MASEGOSA, cuyo nombramiento está recurrido por AUGC ante el Tribunal Supremo.
Pensar que los socios de PRO-HUERFANOS permanecerán mudos e inmóviles mientras se gestionan sus recursos sin derecho a estar representados en los órganos de decisión de la asociación es un tremendo error y hacer oídos sordos sólo provocará movilizaciones en defensa de los derechos de los huérfanos y guardias civiles.