La Asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha interpuesto una querella en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Ceuta contra los 602 inmigrantes que protagonizaron el salto a la valla del pasado 26 de julio, a raíz de los medios virulentos utilizados por los subsaharianos para conseguir cruzar de Marruecos a España.
El titular del juzgado de instrucción número 5 decidió hace unas semanas semana no admitir una denuncia presentada por una abogada ante la que se había adherido la IGC. La causa fue archivada y, ante este hecho, la asociación, por su cuenta, decidió formular directamente la querella contando con los servicios de la letrada que inicialmente denunció.
En el documento presentado este lunes la IGC denuncia, en primer lugar, un delito de atentado a agentes de la autoridad de los artículos 550 y 551 1 y 2 con utilización de objetos peligrosos, objetos contundentes y líquidos inflamables. Estos habrían llevado también a un delitos de lesiones y de desórdenes públicos por el peligro para la integridad física de los atacados.
Además, denuncia a los subsaharianos por actuar como un "grupo criminal", basándose en el artículo 570 terc. Para sostener esta acusación, se basa en elementos subjetivos y objetivos. El elemento subjetivo sería la voluntad de más de tres individuos de integrar un grupo estructurado para realizar de común acuerdo y de forma coordinada hechos delictivos y con objetivos comunes. El elemento objetivo sería la comisión coordinada, mediante la violencia, de sus fines delictivos.
"Para ello existe una división de funciones, una cohesión entre sus miembros y un sistema de toma de decisiones, pero, al igual que la organización tiene permanencia en el tiempo, el grupo no es tan conexo aunque, en este supuesto concreto y para movilizar a 602 individuos que actuaron al mismo tiempo y con distintas funciones y portando objetos peligrosos muchos de ellos, con el conocimiento y el consentimiento del resto, para este ataque coordinado es necesario un grupo consolidado y un orden jerárquico. "De no haber sido así, con reparto de funciones, extrema violencia y técnicas paramilitares, no hubieran conseguido su objetivo, objetivo que lleva aparejado la perpetración de otros delitos", esgrime el documento.
Según el documento, los inmigrantes "puestos de común acuerdo, rigurosamente organizados, con tácticas paramilitares y con una cuidadosa distribución de funciones, perpetraron un violento asalto colectivo a la valla fronteriza de la ciudad de Ceuta con el fin de acceder ilegalmente a la ciudad".
Argumentan que el asalto fue, según los testigos, “de una violencia sin precedentes”. "Para alcanzar sus objetivos se distribuyeron por anticipado las funciones y, siempre de común acuerdo y de manera organizada, distribuyeron los instrumentos peligrosos para atacar con ellos a la Guardia Civil que custodia la frontera", se explica. Y se recopilan los objetos utilizados: metálicos, cizallas, pinchos, todos ellos armas letales, piedras, tarros con heces, y así mismo sprays como lanzallamas para abrasar a los guardias y cal viva para quemarles.
La IGC argumenta que se estas tácticas conllevaban un claro "animos necandi" -término jurídico que indica la intención de matar- para conseguir sus fines "sin importarles el daño causado a los atacados" a sabiendas de que "perfectamente sabedores de la debilidad total de quienes custodian nuestra frontera -la Guardia Civil- ante la imposibilidad de defenderse y con órdenes de no responder”.
La asociación recuerda la gran alarma social en la ciudadanía en los días posteriores a lo ocurrido, lo que conlleva a una "sensación de total de indefensión para los ciudadanos" después de que no hubiera detenidos: "El sentimiento de que es necesaria una rebelión social y democrática se palpa en la indignación generalizada".
El documento muestra su descontento porque los asaltantes fueron confinados en un Centro de Internamiento cerrado ni en instalaciones con las necesarias medidas de seguridad. Además, recuerda que el nuevo Centro Penitenciario de Ceuta cumple todos los requisitos y está tan solo ocupado en una tercera parte, contando con las mejores instalaciones, cualificado y magnífico personal e infraestructuras para albergar a inmigrantes
ilegales respetando sus derechos humanos y garantías y respetando al tiempo los derechos humanos y garantías de los ciudadanos que no quieren que elementos violentos y potencialmente peligrosos, gocen de absoluta libertad.
"Todo ello respetando los derechos humanos, la dignidad de la persona, las garantías y la gratuidad absoluta de su estancia", añaden.
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