El pasado día dos de febrero, se celebró una reunión del Grupo de Trabajo de Ceuta y Melilla (órgano de contacto, que no de negociación, de los representantes del profesorado de Ceuta con los responsables del Ministerio). Un somero relato de lo que allí sucedió es más que suficiente para entender nuestra triste realidad. En primer lugar, es necesario destacar que este órgano “sui géneris” carece de reglamentación alguna. Quiero eso decir que se convoca para tratar los asuntos que el Ministerio quiere y, por supuesto, cuando ellos quieren. Los sindicatos no pueden intervenir en la confección del orden del día. Nos tratan como pobres mendigos siempre esperando un gesto de generosidad de la superioridad. En esta ocasión nos citaron para presentar el borrador definitivo de la modificación de la orden de interinos, que llevamos tratando desde hace más de un año (obligados, sobre todo, por la necesidad de actualizar el catálogo de titulaciones y gestionar los efectos de la extinción del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional). Aceptaron alguna propuesta sindical y hubo acuerdo. En segundo lugar, se nos informó de la intención de convocar la oferta de estabilización de secundaria para este año y hacerlo, previsiblemente, a primeros de marzo. Ahí terminó el contenido de la reunión. ¡Como si no hubiera nada pendiente! No obstante, y como es preceptivo en las reuniones de todo órgano que se precie, se incluye un punto de “Ruegos y preguntas” que es una traducción al lenguaje administrativo de lo que vulgarmente se conoce como el “derecho al pataleo”. Como es lógico, pataleamos. Este fue el resultado. Planteamos la necesidad de revisar el marco retributivo del profesorado de Ceuta. No se trata tanto de reivindicar subidas salariales como de una defensa del principio de igualdad. Todas las Comunidades Autónomas, sin excepción, han revisado y actualizado sus conceptos retributivos. En Ceuta y Melilla permanecen bloqueados desde hace más de quince años. Ni es justo ni tiene explicación. Siempre que abordamos esta cuestión se nos reprocha que nuestras nóminas son muy altas (por el Plus de Residencia); pero este concepto, que tiene naturaleza indemnizatoria no retributiva en sentido estricto, lo devengamos por nuestra condición de residentes, no de docentes. En la reunión se nos dijo que el Ministerio había hecho un estudio que reflejaba una clara desigualdad (somos los docentes peor pagados de España); pero que “Hacienda” se había negado rotundamente a “poner ni un solo euro para esta finalidad”. Portentoso. Como si “Hacienda” fuera una especie de deidad sobrenatural inexpugnable, cuando en realidad no es más que un Ministerio más del mismo Gobierno que el de Educación, de cuya gestión todos responden de manera solidaria. Traducimos. No hay revisión del marco retributivo, a pesar de reconocer la injusticia que se está cometiendo, porque no les da la gana. Pusimos sobre la mesa el duro calvario que está suponiendo en todos los centros la falta de personal laboral, imprescindible para atender de manera adecuada a la población escolar con necesidades educativas especiales. Explicamos, o mejor dicho reiteramos una vez más, que es imposible aplicar el principio de inclusión (que defendemos a ultranza) sin contar con los recursos necesarios. Todo lo demás es un caos generador de disfunciones, estrés y desesperación. La respuesta también pide a gritos un hueco en la guía de los records Guinness”. Nos dijeron que son perfectamente conscientes de la situación y que, efectivamente, las carencias de personal son inocultables; pero que era inevitable porque ellos tienen que cumplir la ley y, además, depende de “Función Pública” (otro de esos esotéricos entes que practican la maldad sin remisión). Al parecer que el Ministerio de Educación contrate a un cuidador para atender a un alumno o alumna con TEA no es posible legalmente en España. Para llorar. Expusimos una tercera preocupación. En este curso hay un cupo de cincuenta y cinco profesores cuyas nóminas dependen de un programa de fondos europeos que finaliza en agosto. ¿Va el Ministerio a mantener este cupo para el próximo curso? Nos respondieron, rizando ya el rizo, que eso dependía de “Formación Profesional”, no de ellos. A pesar de que el Ministerio se llama de Educación y Formación Profesional. Esta contestación ya pude entrar directamente en el capítulo de las bromas o sketch (a la altura de las empanadillas de Móstoles). Por último, reclamamos una respuesta a las reivindicaciones relacionadas con la jornada laboral que tratamos en la reunión anterior. Según sus propias recomendaciones, lo ideal para maestros y maestras son 23 horas lectivas a la semana y 18 para los profesores de secundaria. A pesar de sus sabios consejos a las Comunidades, aquí los maestros y maestras siguen haciendo 25 y, en muchos casos, los de secundaria llegan a 20. Tampoco es justo que las reducciones de mayores de 55 años no se traten como un derecho sino como una dádiva generosa en función de la “abundancia” de horario disponible en cada caso. Aquí no encontraron, o no se les ocurrió, a quien inculpar, así que optaron por callarse y levantar la reunión y ya, si acaso… lo vamos viendo.
Así son las cosas. Y así seguirán siendo mientras el profesorado no diga ¡basta!