El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el decreto que regula la capacidad de las comunidades autónomas para la acogida de menores extranjeros no acompañados derivados desde los territorios de Ceuta y Canarias.
Era un paso necesario tras la aprobación del mismo en Consejo de Ministros, al objeto de continuar esa ruta perfilada para lograr que el propósito del Gobierno de que toda España asuma bajo criterios de solidaridad a los menores llegados a nuestro país se cumpla.
Tras esta publicación, ese decreto entra en vigor un día después, es decir, el jueves.
Después de ello, es cuando Ceuta puede declararse en contingencia migratoria ya que supera el número de menores que debe acoger, ya que tiene repartidos en distintos recursos a más de 500.
El Ministerio tiene un plazo de 5 días para declarar Ceuta en emergencia. Una vez se dé ese paso, es cuando se activaría la maquinaria desde la Delegación del Gobierno y, a partir de ahí, puede comenzar a hablarse de salidas de menores a la Península.
Es decir, hasta septiembre no se espera que haya cierto movimiento en este ámbito. La Ciudad Autónoma debe remitir los listados de menores a la Delegación del Gobierno.
Las autonomías que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como es el caso de Canarias o Ceuta, deben pedir esa situación de contingencia migratoria.
Se prevé que en el plazo de un año puedan derivarse a la Península a unos 3.000 menores procedentes de las consideradas zonas más tensionadas.
Además, los menores extranjeros que lleguen a partir de septiembre a estos puntos serán derivados a otros territorios en un plazo de 15 días.
Según la fórmula aprobada el reparto de menores queda así, Andalucía, con 2.827 plazas; Cataluña con 2.650; y Madrid con 2.325, son las comunidades que deben tener mayor capacidad ordinaria, por delante de la Comunidad Valenciana (1.767); Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco (731). A continuación, Castilla-La Mancha (692); Murcia (517); Aragón (441); Baleares (406); Extremadura (344); Asturias (331); Navarra (223); Cantabria (194); y La Rioja (107), además de Melilla y Ceuta, con 28 y 27 plazas, respectivamente.
La mayoría de comunidades autónomas rechaza este sistema de reparto aprobado por el Gobierno.
Diez de ellas, gobernadas por el PP, y Castilla-La Mancha, en manos del PSOE, han llevado el real decreto ante el Tribunal Constitucional. Madrid ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo, mientras que Baleares ha anunciado acciones similares, con la intención de solicitar la suspensión cautelar del reparto.
Este mismo martes, Madrid añadió más críticas a la medida al anunciar un nuevo recurso, al igual que La Rioja, que ha denunciado que sus instalaciones ya están saturadas, mientras que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido que se considere frontera a su comunidad y ha acusado al Gobierno de favorecer al País Vasco y Cataluña.
Estas dos últimas autonomías no recibirán menores inmigrantes debido al esfuerzo de acogida realizado en años anteriores, aunque las autoridades catalanas se han mostrado dispuestas a acoger a 31 menores en sus centros.
El territorio de Castilla y León también ha anunciado que recurre la norma ante la justicia, al considerar que supone una “imposición” del Gobierno central. Por su parte, la Comunidad Valenciana solicitará la suspensión cautelar de cualquier disposición relacionada con el reparto, argumentando falta de información sobre los traslados previstos.
El Gobierno no tiene duda alguna, si los territorios se oponen se tendrá que recurrir a las fuerzas de seguridad, como antes ya se dijo que se recurriría a la Fiscalía.
"Yo creo que ninguna se va a oponer, (pero) si alguna lo hiciese, lógicamente tendrían que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha advertido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ante esas advertencias de los distintos territorios de oponerse a acoger menores.
Torres se mostró convencido de que "ninguna" autonomía no va asumir el reparto que le corresponde en aras de la "solidaridad".
"No me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse a acoger en sus territorios y aceptar la tutela" de esos menores que, ahora por la nueva normativa, le corresponde la autonomía de acogida.
En una entrevista en TVE avanzó que si alguna se rebelase "lógicamente tendrían que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (del Estado) y hacer que se cumpla la legislación.
No cree, además, que los recursos judiciales que se han anunciado vayan a prosperar.
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