12:18 horas del miércoles 11 de agosto. La vicepresidenta primera del
Gobierno y máxima responsable política en materia de menores, Mabel Deu, abandona la frontera del Tarajal. Lo hace al paso de Juan Hernández, jefe de gabinete de la
delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos. Un poco más adelante camina la jefa del Área de Menores, Toñi Palomo, junto a Ismael Kasrou, que ejerce de secretario general de la administración central en la plaza de los Reyes.
Unas dos horas antes, en torno a las diez, había comenzado una reunión en el espacio fronterizo con representantes de
Marruecos para llevar a cabo el
retorno de los menores. Todo estaba listo, de hecho ese miércoles se había hablado ya de sacar a los primeros niños, contando con el visto bueno marroquí que tenía su logística de traslados preparada. El encuentro no terminó en un tono conciliador, pero no precisamente por culpa de Marruecos. La
‘operación Marlaska’ no se ejecutaba a pesar de haberse enviado con fecha 10 de agosto las órdenes para hacerla viable, órdenes que conocía la Policía Nacional y que se fundamentaban en la aplicación del acuerdo de 2007 de devolución de menores suscrito pero nunca aplicado entre España y Marruecos.
La hilera de fotografías obtenidas por El Faro en ese momento es un reflejo del desaire que dominó ese primer amago de retorno. Evidencia que el plan de entrega de menores no solo existía sino que además era conocido por las dos principales instituciones de esta ciudad: la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo local, con la máxima responsable política en Menores, Mabel Deu, presente.
El listado con las identidades de todos los menores lo dio Ciudad a Delegación
Lo que se ha pretendido ‘vender’ desde algunos sectores como operación secreta, llegando a deslizarse que se había aprovechado el inicio de vacaciones para ejecutarla de ‘tapadillo’, cae por su propio peso no ya solo porque desde principios de esta semana se estuviera planificando el momento y todas las áreas implicadas lo conocieran, sino también porque el retorno era el resultado de una decisión que se tomó algo antes.
Es el 28 de julio cuando el ministro de Interior se compromete con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, al retorno a Marruecos de los menores. Aquella reunión oficial, de la que informó la Ciudad Autónoma vía gabinete de prensa, fue para algo más que trasladar la situación crítica de Ceuta tras las entradas masivas de marroquíes. Fue ahí donde se cerró la operación y donde Grande-Marlaska se comprometió a acelerar las reuniones al más alto nivel con Marruecos para sacar a los niños de Ceuta. La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, abordaba también este asunto de manera constante con el titular de la cartera de Interior.
A nivel Madrid se mueve ficha para intentar buscar una solución al problema más complicado derivado de la crisis de mayo. A la vuelta de la esquina está la llegada del curso escolar con la obligatoriedad de escolarizar a 200 de esos niños. A la vuelta de la esquina está también la llegada del mal tiempo y la imposibilidad de mantener en Piniers y Santa Amelia a cientos de menores en condiciones inviables sin haber alternativas, toda vez que ni el Obispado ni el Ministerio de Defensa han colaborado en la cesión de instalaciones que tienen abandonadas para convertirlos en centros con cierta estabilidad.
El mantenimiento de los centros supera ya a las arcas públicas. Según las estimaciones de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, a finales de agosto y desde que comenzó la crisis del 17 de mayo, la Ciudad Autónoma se habrá gastado 7,3 millones de euros y a finales de septiembre casi 10. En el periodo de mayo a junio el gasto fue de 1, 3 millones y en julio, 2,5.
La Ciudad estaba implicada y era conocedora del retorno de los menores, al ser la institución que tiene su tutela o gestión. Sabía perfectamente lo que iba a producirse aunque sin concretar una fecha específica, extremo que cobraría forma esta semana. En ese encuentro en Madrid con Marlaska, el propio Juan Vivas autorizó expresamente el traslado. Delegación, con trato directo y permanente con Madrid, conocía los detalles. De hecho fue la propia delegada del Gobierno la que, en rueda de prensa este lunes, casi da a conocer esta noticia. Quien supiera leer entre líneas sabía que algo de trascendencia se produciría.
Entre ambas instituciones sí había diferencias en cuanto a la manera de desarrollar ese retorno, ya que Delegación -como Marruecos- siempre consideró hacerlo en pequeños grupos mientras que la Ciudad era partidaria de poner en marcha la operación contando con la implicación incluso del Ejército para movilizar a mayor cantidad de menores en menor tiempo. Pero la toma de decisiones o, mejor dicho, la elección del camino la tenía Marruecos, país que ha determinado el cupo que acepta al día.
Casi 700 son los menores que deben retornar. La Ciudad remitió un listado con el nombre de todos los niños que tiene registrados a la Delegación, filiación aceptada por el vecino país. De esa lista se irán surtiendo los traslados salvo que un juzgado los paralice, después de la reacción casi unánime de las oenegés, la advertencia del Defensor del Pueblo y el malestar de la Fiscalía que ya ha pedido explicaciones. Todos los frentes dicen no saber nada de lo que se estaba gestando, aunque las instituciones y fuerzas de seguridad sí.
A nivel Madrid se insiste en que Marlaska ha contado con el visto bueno del Ministerio de Derechos Sociales y de la Fiscalía General del Estado, algo que choca con las versiones ofrecidas en clave local y con la apertura de investigación.
Aluden a que el proceso es muy garantista, tal y como marca la legislación. En ese proceso se ha trabajado mucho por parte del Gobierno local y central, convencidos ambos de que la decisión tomada es la correcta.
La Fiscalía ya investiga el procedimiento seguido, habiendo dado como primer paso la petición de información al Ministerio de Interior de cómo se llevó a cabo ese traslado y si se siguió un proceso individual para cada uno de los niños.
Interior mantiene con firmeza el operativo a pesar del revuelo, seguro de que ha cumplido con todos los trámites, con el conocimiento del Gobierno y de su competente política en Menores y con el conocimiento también de la Delegación con el equipo técnico que apoya a Mateos.
En el camino entre el plante de unos (oenegés, Defensor, Fiscalía y funcionarios locales) y la firmeza de otros (Interior, Delegación y Ciudad) parece haberse perdido información valiosa para entender cómo la operación, al final, se le está complicando a Marlaska.