La noche del 15 de noviembre de 2021, Abdeselam Ahagan moría de un disparo en el Príncipe, en Ceuta. Era el churrero del barrio, un vecino apreciado, un joven trabajador y un marido cuya ausencia
dejó sumida en la más profunda tristeza a su viuda Ramia. La misma que con fuerza y rabia pedía, días después del crimen, que se hiciera justicia y que los implicados en este asesinato pagaran por ello. En cuestión de horas la Policía Nacional dio con ellos. Mientras el barrio acudía en masa al entierro de Abdeselam, los agentes comenzaban a practicar los primeros arrestos, los de un adulto y dos menores para los que se adoptaron medidas privativas de libertad en el centro de
Punta Blanca y en la prisión de Mendizábal. Ahora ya se conoce la calificación presentada por el Ministerio Fiscal para los dos adolescentes a los que considera culpables de delitos de amenazas a la población, de tenencia ilícita de armas, de amenazas y, en uno de los casos, también de asesinato. Ambos serán sometidos a la ley del Menor por el juzgado de Menores, mientras que el adulto será juzgado por el tribunal de la
Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, sin que todavía haya fecha marcada. Se enfrentará a un tribunal de Jurado por delitos de
asesinato y tenencia ilícita de armas, sin que todavía haya trascendido la calificación provisional del Ministerio Público. Por el contrario, tal y como ha podido saber El Faro de Ceuta, en el caso de los menores y, en concreto, en el del implicado directamente en el disparo que terminó con la vida de Abdeselam, Fiscalía solicita que se le imponga la medida de internamiento en centro cerrado de 8 años, complementada con una libertad vigilada de 5 años, así como una indemnización de 170.000 euros. En el caso del otro menor, al que no se le acusa directamente de este delito, se solicita que se le imponga la medida de internamiento en centro cerrado de 24 meses de los cuales los últimos tres serán en libertad vigilada.
Para el Ministerio Público está probado que aquella noche en la que se sembró la tragedia en el barrio, los dos menores se pusieron de acuerdo con un adulto para atemorizar a los vecinos. Así, con intención de causar una alarma en el vecindario, comenzaron a pasearse por sus calles disparando al aire de forma indiscriminada durante un largo periodo de tiempo. Portaban armas de fuego y fueron causando temor entre unos vecinos cansados y hartos de las circunstancias que tenían que vivir casi todas las noches con disparos al aire, peleas y enfrentamientos. Los tres llegaron hasta el cafetín ubicado en el zoco, a la altura Plaza Padre Cervós y allí, “en el ejercicio de un plan preconcebido”, considera la
Fiscalía, “dispararon hasta en tres ocasiones contra las paredes, alcanzando la columna central, la pared del lado izquierdo y la pared del fondo del local”. Los presentes se vieron atemorizados por quienes, haciendo uso de las pistolas, solo buscaban causar ese temor. Lejos de detenerse ahí, llegaron al cafetín Metzuani ubicado en la calle Maestra María Jaén y tras entrar en su interior y apuntar a los clientes que allí se encontraban, dispararon a la pared del fondo del local, que resultó dañada. Causaron el pánico entre los presentes y, al salir, volvieron a disparar al aire de manera continuada.
Solo uno de los dos menores junto al adulto, accedieron a la bocatería en donde trabajaba el fallecido y “con ánimo de acabar con la vida de Abdeselam que allí trabajaba, le dispararon con un arma de fuego a través de la rejilla de las ventanas de la cocina”. Para el Ministerio Público no hay dudas de que se llevó a cabo un ataque de forma “rápida e inopinada” lo que impidió que Abdeselam pudiera defenderse, “ni siquiera pudo intentar la huida o realizar la mínima actuación de autoprotección”, recoge en su escrito la Fiscalía, que califica los hechos como asesinato.
El disparo le impactó en la cabeza, siendo imposible su recuperación y siendo esta la causa de la muerte.
La viuda de Abdeselam, Ramia, solicitó a través de una entrevista con este periódico que se hiciera justicia y se aplicaran las máximas penas para los implicados en la muerte de quien era su esposo. Tras el crimen, la Policía, a través de los agentes de la UDYCO, trabajó sin descanso para dar con los presuntos implicados en esta tragedia, procediendo a liderar una cascada de detenciones que obtuvieron como resolución judicial provisional el dictado de órdenes privativas de libertad para todos ellos.
Las claves
Crimen. Tuvo lugar el 15 de noviembre de 2021. Esa noche la víctima estaba trabajando en el local en donde ponía churros y bocadillos. Un disparo en la cabeza terminó con su vida. Fiscalía considera que solo uno de los dos menores estuvo vinculado con ese asesinato, delito que habría cometido junto al adulto que permanece en prisión preventiva.
Juicios distintos. Dos menores. Ya hay calificación en el caso de ambos, que serán sometidos a juzgado de menores. En uno de los dos se aplica la existencia de delito de asesinato que, en cambio, no está relacionado con el otro adolescente, de ahí que las peticiones de privación de libertad sean distintas.
Policía nacional. Llevó a cabo arrestos en varios días. Primero se detuvo a un menor para, después, proceder al arresto de un adulto y otro menor más. Desde el momento para todos ellos se dictaron medidas privativas de libertad, en el caso del adulto en la prisión, en el caso de los menores en Punta Blanca. Las investigaciones del CNP comenzaron la misma noche de producirse el asesinato, aunque en las horas consideradas clave todos ellos escaparon. La Policía no se detuvo hasta dar con ellos.