La Agrupación Reformista de Policías (
ARP) ha dirigido escrito al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska-Gómez, presidente del
Consejo de Policía, para que considere su propuesta, al objeto de que se proceda al estudio y aprobación por parte de la Comisión de Personal y Proyectos Normativos del Consejo de la Policía, la creación de un nuevo órgano procesal administrativo en el Cuerpo de Policía Nacional, compuesto por funcionarios no policiales, licenciados en derecho administrativo, dependientes de la Secretaría de Estado para la Seguridad. "Ello sin lugar a dudas daría un salto cualitativo en como se procesan y resuelven los muchos asuntos internos en el CPN, las garantías procedimentales, y actualizando un órgano de vital importancia para la adecuación y modernización del CPN", ha argumentado este sindicato. Su creación también repercutiría a Ceuta. Su puesta en marcha, ha explicado la ARP, daría "credibilidad" a un órgano de vital importancia que, como bien reconoce la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del CPN, debe regular actuaciones de los miembros del CPN, en base a tres preceptos: Constitución Española, Ley Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo de FF. Y CC. de Seguridad y resto del ordenamiento jurídico. Este último apartado recoge procedimientos que presentan, a juicio de este sindicato, "dudosa credibilidad en informaciones reservadas, responsables de unidades de régimen disciplinarios provinciales sujetos a la subordinación de comisarios en plantillas, defectos procedimentales que posteriormente deben ser recurridos ante la División de Personal en la mayoría de los casos, curiosamente, órgano de quien depende la Unidad de Régimen Disciplinario Central". ARP considera que con la creación de un nuevo órgano procesal administrativo en el CPN, se conseguiría una "independencia necesaria y se evitaría la subordinación de los funcionarios destinados en las Unidades de Régimen Disciplinario, a decisiones de mandos policiales o superiores que, hasta hora permanecen inmunes por sus decisiones, y a quienes curiosamente, de momento no se señalan como responsables de los muchos rechazos por la administración de
Justicia (jueces y magistrados) que estiman en numerosas sentencias, la nulidad o reprobación a un número importante de los procedimientos iniciados por éstos, condenando exclusivamente a la Dirección General de la Policía, a las costas correspondientes". ARP confía que esta propuesta será "apoyada y tratada" por todas las partes presentes en el Consejo de Policía, "sin excepción y sin dilación, teniendo en cuenta la condición de magistrado excedente, del ministro del Interior".