El Gobierno español defendió hoy ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) su gestión del flujo migratorio, en la vista pública celebrada sobre el caso de dos devoluciones en caliente en Melilla, por las que la Sala de esa corte ya condenó a España.
El representante del Gobierno ante el TEDH, Rafael León, diferenció entre la "inmigración económica" del caso examinado y la de los refugiados sirios y de otros países en guerra. En este caso, dijo, "el principio de no devolución no se aplica".
Aseguró que "la no admisión de extranjeros no significa expulsión" y preguntó a los jueces del Tribunal de Estrasburgo "si es mejor que las personas sigan la vía legal o que haya accesos ilegales tolerados en beneficio de las mafias".
León recordó las hospitalizaciones de agentes de la Guardia Civil en los "asaltos masivos" de la valla con "piedras, cuchillos y armas de fuego".
Se dirigió a los jueces para señalarles: "Ustedes están en su casa con su familia y ofrecen protección. Vienen personas golpeando las ventanas y ustedes las cierran. ¿Quién es el violento?, ¿quién es razonable y quién no?".
La vista escuchó a las partes en el reexamen del fallo de Sala de octubre de 2017, que concluyó que la devolución de los inmigrantes N.D. de Mali y N.T. de Costa de Marfil fue una "expulsión de carácter colectivo", contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La sentencia señaló además que España no protegió el derecho de los demandantes a un recurso efectivo.
El origen del caso, una denuncia de dos inmigrantes devueltos en 2014 desde Melilla
Los demandantes saltaron la valla el 13 de agosto de 2014, fueron esposados y entregados a las autoridades marroquíes "sin ninguna medida administrativa o judicial previa" y "sin acceso a intérpretes y a una asistencia jurídica", según la sentencia de Sala.
Ambos volvieron a intentar sin éxito saltar la valla de Melilla en octubre y diciembre de 2014. El primero se encuentra en Mali y el segundo está en el sur de España, según su defensa.
Los abogados de los demandantes, el alemán Carsten Gericke y el español Gonzalo Boye, defendieron los argumentos de la sentencia de Sala y afirmaron que "España intenta justificar su comportamiento ilegal por la presión migratoria".
Dijeron que, según cifras del anterior comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de las demandas de asilo solicitadas en la UE en aquella época, sólo un 2 % correspondían a España.
El abogado español dijo a la prensa que "(el presidente del Gobierno español,) Pedro Sánchez firmó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley mordaza, que va en nuestra línea, y el Reino de España viene hoy aquí a defender una línea totalmente opuesta" a ésa.
Boye (uno de los abogados del líder independentista Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española) acusó a España de "generar confusión", ya que en su opinión se quiere centrar el caso en la cuestión del asilo y "nosotros lo que decimos es que tenían derecho a ser identificados y a un recurso efectivo".
La representante de la Agencia de la ONU para los refugiados, Grainne O'Hara, y la comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, consideraron por su parte que la presión migratoria "no justifica actuar sin los valores del Convenio".
O'Hara recordó que, en los últimos años, "1.500 personas han sido expulsadas sin identificar en Ceuta y Melilla".
La sentencia de la Gran Sala se hará pública en los primeros meses de 2019.
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