Categorías: Tribunales y justicia

Argumenta que conducía sin carné para comprobar si el coche iba bien

La Fiscalía pide para el hombre seis meses de prisión al entender que incurrió en un delito contra la seguridad vial

El Ministerio Fiscal solicita para un hombre acusado de incurrir en un delito contra la seguridad vial una pena de prisión de seis meses al entender que, toda vez que se celebró ayer el juicio en la sala de lo Penal número 2, queda acreditado que el imputado, cuyas iniciales responden a las letras A.L.A.P., actuó fuera de la ley de la Seguridad Vial y del propio Código Penal Español.
Todo ello es la consecuencia de unos hechos que sucedieron hace cuatro años, en concreto a las 14:45 horas del 11 de junio de 2008, cuando el hombre fue detenido por agentes de la Guardia Civil al ser advertido por éstos conduciendo de manera indebida por una calzada peatonal y encima sin tener licencia de conducción, como quedó comprobado después de que fuera detenido tras haber recorrido más de 200 metros por tal vía pública.
No obstante, y como el imputado aseguró ayer durante la celebración del juicio, la razón que, según él, le motivó conducir el vehículo, un Honda Civic, fue que “estaba probándolo, comprobando si lo había arreglado bien y se lo podía entregar así al cliente, el propietario del coche”.
Asimismo, el abogado de la Defensa, quien solicitó sentencia absolutoria para su cliente, expuso una tesis en la que intentó dejar en claro que A.L.A.P. era pleno conocedor de las normas del vial español pues en la fecha de autos poseía el permiso que legalmente le acreditaba y le otorgaba la capacidad de manejar vehículos tipo ciclomotor.
Sin embargo, el Ministerio Fiscal mantuvo la petición inicial elevada, por lo que solicitó que el acusado fuera condenado a una pena de cárcel de seis años en base a lo que recoge el artículo 384.2 del C.P.E.
De modo que, una vez que el juicio quedó visto para sentencia, será ahora el magistrado juez titular del Juzgado de lo Penal número 2, el encargado de dictar sentencia en aras de que se concluya un proceso que se alarga en el tiempo cerca de cuatro años, que se cumplirán el próximo junio.

 

El Fiscal apoya a Baleària y solicita cinco años de cárcel para un imputado por apropiación indebida

Tanto Fiscalía como Acusación Particular solicitaron cinco años de prisión para un agente comercial de Viajes Masai por una presunta apropiación indebida acaecida en 2007. El imputado a su vez vincula a otra empresa, Viajes Eideres, que el dinero del encargo que había recibido de Baleària, relativo a dar venta a billetes de barco, se lo había quedado tal entidad y no él. El juicio, encuadrado en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, quedó visto para sentencia. Asimismo, Baleària reclama en concepto de indemnización 28.000 euros.

 

2.300 euros para tres jóvenes por robar el móvil y agredir de madrugada a otro

El magistrado del juzgado de lo Penal número 2 dictó ayer sentencia firme condenatoria contra tres hombres acusados de cometer un delito de robo con violencia o intimidación y una falta de lesiones. Por el delito, pagarán cada uno de ellos una multa de 2.232 euros y por la falta 90 euros más. Robaron el móvil y agredieron a un joven, que antes había sido robado en el Poblado, a las 4 y 15 de la madrugada del  26 de abril de 2009 en la plaza de los Reyes.

 

Un hombre pagará 1.080 euros por incurrir en una delito contra la seguridad vial

Un hombre fue condenado ayer a pagar una multa de 1.080 euros, cantidad que abonará en doce plazos de 90 euros, al incurrir en un delito contra la seguridad vial después de que fuera requerido por un agente para un control rutinario de tráfico, momento en el que se supo que carecía de carné de conducir.

 

Podría ser condenado por no pagar la pensión para su hijo

Un hombre, cuyas iniciales son A.C.M., se enfrenta a una sentencia codenatoria de tres meses de prisión a sustituir por el pago de seis euros al día durante seis meses, acusado de incurrir presuntamente en un delito de abandono de familia al no pagar la pensión a su hijo, de 150 euros al mes. La Defensa argumentó que su cliente no tiene trabajo desde el año 2009. Dejó de pagar la pensión en mayo de 2006.

 

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