Argüelles preso en Ceuta y extremeños en ‘La Pepa’

A quienes no son de Ceuta o no hayan tenido ninguna vinculación con ella, debo aclararles que hasta 1812 estuvo ubicado en la ciudad el llamado “Presidio mayor”. Luego estaban los “Presidios menores” en Melilla, Peñón de Vélez de la Gomera, Alhucemas e Islas Chafarinas. Al Presidio de Ceuta solían ser enviados los presos más graves de la Península: asesinos, homicidas, secuestradores, etc, muchos de ellos condenados a trabajos forzados y a arrastrar cadenas. Pero también había entonces en Ceuta presos políticos tanto de la Península como de las antiguas colonias americanas y filipina que luchaban por su independencia, porque dicho penal ceutí sirvió también para desterrar a los adversarios políticos del Antiguo Régimen, como nobles, políticos famosos, militares isabelinos, carlistas, cantonalistas y numerosos dirigentes independentistas y guerrilleros cubanos (hasta 592 de estos últimos). Por eso, dicho Penal daba muy mala imagen a Ceuta tras haber estado funcionando unos 160 años, desde 1750 hasta 1914. Los presos se distribuían en celdas del Monte Hacho y del antiguo cuartel de Las Heras, ya derruido.

En 1906 se celebró la Conferencia Internacional de Algeciras, que encomendó a España y Francia la implantación del Protectorado en Marrueco. Hacía falta lavar la cara de la anterior imagen presidiaria de Ceuta; de manera que en 1910, siendo Presidente del Gobierno José Canalejas, se acordó la supresión de su Presidio dejándolo sólo en prisión militar, aunque no se pudo iniciar su desalojo hasta años más tarde que fueron trasladados unos 400 presos a otras prisiones. Precisamente, en atención a este hecho se denominó Canalejas a la calle de Ceuta del mismo nombre, próxima a la Plaza Azcárate. Hasta entonces Ceuta había sido una ciudad aislada, con el Presidio en el Monte Hacho, amurallada y encerrada por la frontera que la separa de Marruecos y por el agua del Estrecho de Gibraltar que se interpone con la Península. Su vieja población era casi exclusivamente militar y penitenciaria. El Ejército fue siempre imprescindible en Ceuta porque gracias a su valor y eficaz defensa pudo seguir siendo española. En cambio, se hacía necesario prescindir del Presidio para promover el desarrollo civil de la ciudad, ya que con el mismo Ceuta permaneció cerrada al exterior, careciendo de tejido comercial, industrial y social. Era una ciudad que vivía del Ejército y de las llamadas “doce cosechas” anuales de presidiarios que cada mes llegaban en barco.

“De ser una especie de ciudadela amurallada y aislada, se abrió así al exterior”

Tras la supresión del Presidio, se construyó el precioso y estratégico Puerto que Ceuta tiene, se potenciaron las comunicaciones con el Protectorado, se impulsaron las obras públicas, el comercio, la industria y los servicios, lo que supuso un notable aumento de la mano de obra y de nueva población; se fomentó el desarrollo de la ciudad en todos los órdenes. Ceuta se abrió así al mundo propiciando su desarrollo general, el progreso y el fomento de la cultura.

En concreto, de ser una especie de ciudadela amurallada y aislada, se abrió así al exterior convirtiéndose a partir de entonces en una ciudad moderna, culta, de estilo y ambiente predominantemente europeo, en la que siempre convivieron armoniosamente hasta cuatro culturas y religiones: la cristiana, musulmana, hebrea e hindú. Ceuta hoy es una ciudad acogedora, hospitalaria, cultural, con un rico emporio histórico y monumental que bien merece la pena conocerla y disfrutar de toda su singularidad y belleza.

Pues a aquel viejo escenario descrito llegó como preso político a Ceuta un penado muy distinguido. Era Agustín Argüelles Álvarez, nacido el 28-08-1776 en Ribadesella (Asturias); Licenciado y Doctor en Derecho, perteneciente al partido Liberal.

Fue ministro, presidente del Congreso de los Diputados, tutor de la reina Isabel II, y uno de los principales miembros de la comisión que redactó la Constitución de Cádiz de 1812, la primera de las Constituciones libres españolas, porque las anteriores fueron Cartas otorgadas por la monarquía absolutista del llamado Antiguo Régimen. Argüelles, junto con el extremeño Diego Muñoz Torrero, Presidente de aquellas Cortes, nacido en Cabeza del Buey (Badajoz), catedrático y rector de la Universidad de Salamanca con sólo 27 años, fueron las dos figuras más relevantes de la Constitución de Cádiz, los verdaderos “padres” de aquella Carta Magna.

Muñoz Torrero fue el autor más sobresaliente que elaboró e introdujo en la Constitución de 1812 los conceptos sobre “Soberanía nacional” y “Nación”. Era un elocuente orador, del que se dijo que “sus palabras eran más poderosas que mil bayonetas”. Pero en materia de elocuencia oratoria y capacidad de convicción, Argüelles no se quedaba atrás, siendo también llamado: “El Divino” y “El espíritu de la Constitución”, que cuando estaba en uso de la palabra era muy temido por sus oponentes. Sobre la ley, dijo: “La ley ha de ser una para todos; y en su aplicación no ha de haber acepción de personas. De todas las instituciones humanas, ninguna es más sublime ni más digna de admiración que la ley […] A su vista todos aparecen iguales, y la imparcialidad con que se observen las reglas que prescribe será siempre el verdadero criterio para conocer si hay o no libertad civil en un Estado”. Y también fue llamado “El virtuoso”, por ser muy dechado en virtudes y bondades.

Pero aquella Constitución de Cádiz, llamada por el pueblo “La Pepa” por haberse aprobada el día de San José, contó con la valiosísima aportación de otros extremeños de reconocido prestigio, como José María Calatrava, eminente jurista de Mérida, que fue Presidente del Gobierno de España. Y, también, con los diputados Manuel Mateo Luján, de Castuera, que con su importante intervención consiguió que el Decreto I, elaborado por Muñoz Torrero, se impusiera sobre los demás; más los hermanos José y Juan Álvarez Guerra, de Zafra, filósofo y Ministro de la Gobernación, respectivamente. Antonio Oliveros, de Villanueva de la Serena. Francisco Fernández Golfín, de Almendralejo. Manuel María Martínez de Tejada, de Zafra. Juan Mª de Herrera y Álvaro Gómez Becerra, ambos de Cáceres. Francisco María Riesco, de Llerena. Alonso María de la Vera y Pantoja, de Almendralejo. José Casquete de Prado, de Fuente de Cantos. Gabriel Pulido Carvajal, de Bienvenida. Manuel José Quintana, de Cabeza del Buey. Y hasta el bibliotecario de las Cortes era extremeño, Bartolomé José Gallardo, de Campanario.

Dada la valía de Argüelles, que hablaba español, latín, francés, inglés, italiano y ruso, ya antes había sido fichado por Manuel Godoy, otro extremeño que era presidente del gobierno con el rey Carlos IV, quien lo envió en 1806 a Londres como embajador especial para que entrara en conversaciones con el Gobierno británico de cara al establecimiento de una alianza contra Napoleón.

“Argüelles fracasó debido a la fuerte personalidad del emperador francés”

Argüelles fracasó debido a la fuerte personalidad del emperador francés y a que su vida allí fue pobre y difícil, ya que no cobraba sueldo oficial y tuvo que vivir de los regalos que le hacían algunos antiguos compañeros y del trabajo que consiguió en la biblioteca de Lord Holland, su íntimo amigo inglés, gran enamorado de España; aunque allí hizo un valioso estudio del régimen político británico.

Al estallar la Guerra de la Independencia en 1808, Argüelles recibió la orden de regresar a España. En 1810 ganó el escaño de diputado por Asturias con 34 años, trasladándose a Cádiz donde se convirtió en uno de los personajes más destacados en las Cortes que se iniciaron en la isla de San Fernando (Cádiz), el 24-09-1810, cuando casi todo el territorio nacional estaba ocupado y Cádiz sitiada por los franceses.

Comenzó a discutirse en ellas la aprobación de la Constitución de 1812, que marcó un hito importante en la historia de España, porque con ella los españoles pasaron del régimen monárquico absolutista, al liberal, donde el poder ya no emanaba del rey, sino del pueblo, en el que se residenciaba la soberanía de la Nación. Los españoles dejaron de ser súbditos del rey para convertirse en ciudadanos libres, sujetos de derechos y obligaciones. Y aquella Constitución nos abrió las puertas de Europa.

Pero, nada más iniciar el rey Fernando VII la primera etapa absolutista de su reinado (1814-1820), acusó a las Cortes de Cádiz de usurpadoras por haberle despojado de su soberanía absoluta, condenando a muerte a quienes defendiesen aquella Constitución y prometiendo convocar Cortes tradicionales (Real Decreto de 4 de mayo). Mandó encarcelar a los diputados liberales más destacados, deteniendo a Argüelles en su casa en la noche del 10-05-1814, siendo llevado preso al Cuartel de Guardias de Corp. Lo mismo ocurrió con los extremeños Diego Muñoz Torrero, José Calatrava y otros. Argüelles y muchos de sus compañeros liberales fueron perseguidos con saña. El Conde del Pinar, juez contaminado en la causa, era enemigo personal de Argüelles desde que éste le ganó las elecciones. Pinar intentó involucrarle en una falsa conspiración republicana a través de un impostor general francés llamado Audinot, pero éste no resistió un careo con el acusado.

Aun así, el 15-12-1814 Fernando VII expidió un decreto condenatorio por el que Argüelles debía pasar ocho años de servicio militar como soldado raso en el Regimiento Fijo de Ceuta, sin que constara el motivo de la condena. El decreto real fue firmado el 10-01-1816, disponiendo: “El rey nuestro señor me manda por decreto de su real mano, que copio, diga a V.S. que Don Agustín Argüelles, condenado por ocho años al Fijo de Ceuta, y al Presidio por ocho años a Don Juan Álvarez Guerra (…), debe entenderse en la forma que sigue: ´No les visitará ninguno de los amigos suyos, no se les permitirá escribir, ni se les entregará ninguna carta, y será responsable el gobernador de su conducta, avisando de lo que note de ella`. Sr Gobernador de Ceuta”.

Pero Argüelles pasó reconocimiento médico y, debido a que padecía una enfermedad bronquial crónica, se le permitió, junto al otro preso Álvarez Guerra (extremeño y ex ministro de Gracia y Justicia), vivir desterrado en una casa particular pagada sólo por este último, por carecer Argüelles de recursos, haciendo que su anterior excelente amistad se acrecentara. Allí vivió sin molestias, dedicándose a leer y a criar pájaros –especialmente ruiseñores–, su gran pasatiempo. En Ceuta, conscientes las autoridades de la flagrante injusticia contra ambos cometida, no les faltaron distinciones, siendo el trato social agradable, el ilustre presidiario fue objeto de agasajos y obsequios, con lo que pasaba en medio de su mala ventura tolerablemente la vida.

Sin embargo, el ciego encono del Gobierno no consintió esta mitigación de la pena en sus víctimas, cometiendo la injusticia de dar nuevo castigo más severo.

Argüelles y Álvarez Guerra fueron destinados en 1815 a Alcudia (Mallorca), entonces lugar amurallado conocido por su clima dañino, rodeado de charcos, cenagales y falto de ventilación, acometido de enfermedades tercianas perniciosas y de fiebres pútridas.

Allí fue condenado a una muerte lenta en otra casa particular, junto con su gran amigo extremeño Álvarez Guerra, que seguía pagando solo el alquiler y demás gastos. Meses después de sublevarse Riego (Cabezas de San Juan, 1-01-1820), Argüelles regresó a Madrid, donde por su prestigio fue nombrado ministro de la Gobernación en el primer Gobierno del Trienio Constitucional (1820-1823). Aquél fue llamado el “gobierno de los presidiarios”, porque todos sus miembros habían salido de la cárcel para formarlo.

Fernando VII falleció el 29-09-1833. Argüelles, que se tuvo que exiliar, regresó a España en 1834. Murió el 26-03-1844, tan pobre como vivió. Prestó eminentes servicios a España. Fue un político honrado y de probada rectitud, austero y virtuoso. La única riqueza que poseyó fue su tranquilidad de conciencia y su honorabilidad tanto pública como privada. Amó y defendió la libertad, pero siempre dentro de la ley.

Nunca fue revolucionario ni radical y siempre actuó dentro de la ley, siendo modelo de probidad y de honestidad extrema. Como tutor de Isabel II, su retribución oficial era de 180.000 reales, pero él sólo admitió 90.000, renunciando al resto. Como murió pobre de solemnidad, el Estado tuvo que hacerse cargo de los gastos del entierro. Fue una enorme manifestación de duelo, asistiendo más de 60.000 personas. ¿Cuándo los políticos de ahora nos darán al pueblo su mismo ejemplo?