Archivado el expediente del Tribunal de Cuentas contra la gerente de Obimasa

El único expediente que a lo largo de los últimos diez años habían incoado el Tribunal de Cuentas a la Ciudad Autónoma de Ceuta y más concretamente a la gerente de Obimasa, Carolina Hurtado de Mendoza, por autorizar pagos a dos funcionarios que actúan en el Consejo de Administración de la sociedad, ha quedado archivado, según señaló el consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Guillermo Martínez en declaraciones a ‘La Voz del Faro’.
La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas había dictado un acta de liquidación provisional en virtud de cual consideraba acreditado que desde 2011 la sociedad municipal OBIMASA había incurrido en un ilícito contable al abonar 300 euros al interventor de su Consejo de Administración asistiese o no a sus reuniones, irregularidad de la que hace “presunta responsable contable” a la gerente de la empresa, Carolina Hurtado de Mendoza, que ocupa este puesto desde 2002 y con él la competencia “propia” para autorizar pagos inferiores a 600 euros.

Proceso

El proceso, iniciado tras una denuncia presentada por el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta en noviembre de 2009, concluye que el abono de dichas retribuciones, que se aprobó pagar el 18 de junio de 2009, “según la normativa vigente sólo procede cuando se acredita la efectiva asistencia del interventor a las sesiones del Consejo de Administración”.
La Ciudad Autónoma ha venido pagando, sin embargo, a modo de 'tarifa plana' esa cantidad sin justificar su desembolso demostrando la presencia del beneficiario en las reuniones. Los gastos por asistencias no acreditadas ascienden a más de 2.000 euros en 2006 y 2010 y superan los mil en 2002, 2004, 2007 y 2008, tal y como rezaba en el auto”.
Tomás Álvarez de Lara fue el consejero de OBIMASA que propuso, en marzo de 2001, que los puestos de secretario e interventor de la empresa se retribuyesen con cincuenta mil pesetas de entonces cada uno, cantidad que no había sido modificada.
Ahora todo este asunto ha quedado aclarado y totalmente levantada la responsabilidad de la directora gerente de la sociedad municipal.