Brigadas Verdes.
El Consejo de Gobierno, que se reunió ayer en sesión extraordinaria, aprobó la renovación de los convenios que la Ciudad Autónoma mantiene con la empresa de autobuses Hadú Almadraba, para la bonificación del billete a determinados colectivos, y con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) para el desarrollo del programa de las Brigadas Verdes, que funciona desde hace aproximadamente una década.
El convenio con Hadú Almadraba, que firmará la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad, tiene un importe para 2017 de 325.000 euros, un 8,3 % más que en 2016, partida con la que se bonificará el billete de pensionistas menores de 65 años, cuyos ingresos mensuales sean inferiores a 597 euros, pensionistas mayores de 65 años, jubilados, cuyos ingresos mensuales sean inferiores a 638 euros, estudiantes de hasta 23 años y trabajadores con salario máximo de 707 euros. En el caso de los jubilados mayores de 65 años el billete será gratuito, mientras que en el resto de colectivos beneficiarios el precio por billete no será superior a los 39 céntimos, la mitad de la tarifa ordinaria.
Por otra parte, el convenio que se suscribirá entre la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad y la FPAV no ha experimentado incremento respecto a 2016 y mantiene el mismo importe, 3.413.000 euros, dinero con el que la Federación de Vecinos gestionará este servicio y por el que se mantienen ciento cincuenta y cuatro trabajadores, que realizan labores de mantenimiento complementarias en barriadas y de apoyo al tejido vecinal.
Tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del convenio con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos para el mantenimiento de las Brigadas Verdes, por un importe de 3,4 millones de euros, el PSOE de Ceuta ha considerado que “se trata de una cantidad muy elevada de fondos públicos para unos puestos de trabajo de los que nada se sabe sobre los criterios de selección”.
Los socialistas solicitan al Gobierno del Partido Popular una explicación acerca de “si se realiza una oferta pública de estas plazas, si se garantizan los criterios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en el proceso de selección y, en definitiva, el procedimiento que se sigue y quién lo lleva a cabo”, ya que “no media ninguna mesa de contratación, sindicato ni existe RPT”, al objeto de “dotar de transparencia una plantilla financiada con fondos públicos”.
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