Aprobado un programa para modernizar la flota de taxis por 140.000 euros

El Consejo de Gobierno dio luz verde ayer a la aprobación de un paquete de ayudas por valor de 140.000 euros, que se destinará a la modernización de la flota de taxis. Las ayudas serán tramitadas a través de la sociedad municipal Procesa, que será la que se encargue de aprobar las inversiones para cada solicitante.

Esta partida tiene como finalidad la renovación de los vehículos de servicio público que estén envejecidos, además de posibilitar la implantación de sistemas GPS. La novedad en esta convocatoria de ayudas pasa porque en esta ocasión no se va a incluir subvenciones para la adquisición de taxis de segunda mano, ya que la idea del Ejecutivo es que los vehículos que se adquieran sean nuevos. Esa partida se ha eliminado en esta edición.
De acuerdo con las estimaciones que maneja el Ejecutivo local, existen 41 taxis pendientes de renovación, y es precisamente sobre ellos en los que se van a orientar estas inversiones para conseguir un cambio íntegro en su imagen.
El interés que tiene la Ciudad Autónoma es que la amplia mayoría de los vehículos de servicio público tengan una imagen de modernidad y de limpieza, algo que ahora no se da en al menos esos 41 coches.  Además estima que se van a solicitar 35 ayudas para la compra de vehículos considerados de tipo económico y 6 para los catalogados de gama alta.
La Ciudad Autónoma tiene entre sus objetivos mejorar la atención sobre el sector del taxi. Primero por atender las principales quejas que ya les han sido trasladadas por los presidentes de las distintas asociaciones. Y segundo por mejorar su imagen de cara al turismo que pueda llegar a la Ciudad, para que éste se tope con un sector moderno, intentando eliminar ya del servicio aquellos vehículos viejos que ni tan siquiera reúnen las condiciones mínimas de presencia para circular por la ciudad.
De otra parte, el Consejo de Gobierno celebrado ayer acordó la demolición de una construcción ilegal levantada en la barriada del Príncipe Felipe. Se le ha dado un plazo a su dueño para que ordene una demolición voluntaria. De no ser así, lo hará la Ciudad con un coste de 33.000 euros que luego debería ser abonado por el causante de dicha construcción.

Conversaciones “incipientes” con Urbaser y Trace

El portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, calificó las conversaciones que la Consejería de Medio Ambiente está manteniendo con Urbaser y Trace de “incipientes”, con el objetivo último ya deslizado por el titular del área, Emilio Carreira, de que haya combinación de ambas empresas para que se mejore el servicio de limpieza en la ciudad. Un servicio que no es aceptable y que de hecho ha causado críticas desde todos los sectores. El propio Ejecutivo resaltó que Trace necesitaba tener el apoyo de alguna entidad con experiencia en el sector, algo que ahora no se da. “Hasta ahí puedo leer”, indicó Hachuel, que quiso dejar claro que lo realmente importante en todo este asunto es que “Ceuta esté más limpia”.