La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, ha llevado a Pleno una propuesta para modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en Ceuta.
Este punto ha salido adelante con 14 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones.
Chandiramani ha defendido este punto, recordando que Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece en su artículo 11.3 que las entidades locales deben establecer, en un plazo de tres años desde la entrada en vigor de dicha norma, una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita reflejar el coste real del servicio de gestión de residuos.
Dado que la ley entró en vigor el 9 de abril de 2022, el plazo para su cumplimiento expira el 10 de abril de 2025. “Por ello, resulta imperativo para la Ciudad Autónoma de Ceuta actualizar su ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos para adaptarse a estos mandatos legales”, ha defendido la consejera.
Los objetivos pretendidos con esa adaptación pasan por cumplir con las exigencias legales establecidas en la Ley 7/2022, garantizar que el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos refleje su coste real, directo e indirecto, incorporar el principio de “quien contamina paga”, introducir tarifas diferenciadas y bonificaciones para fomentar la reducción de residuos y la valorización de los mismos.
Las modificaciones previstas se centran en la ampliación del hecho imponible, ya que la tasa abarcará no solo la recogida de residuos, sino también su transporte, tratamiento, vigilancia de operaciones, mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de vertederos, y las campañas de sensibilización ciudadana.
También se contempla el establecimiento de Tarifa Básica y Tarifa por Generación: la primera, basada en la ubicación y uso del inmueble; la segunda, al consumo de agua potable como indicador indirecto de la producción de residuos.
En cuanto a las bonificaciones, hasta el 95% para empresas de distribución alimentaria y restauración que colaboren con entidades de economía social para reducir residuos alimentarios. Hasta el 60% para quienes acrediten la entrega de la totalidad de residuos a un gestor autorizado. Se mantienen las bonificaciones actuales para calles, mayores de 65, familias numerosas y familias con rentas inferiores 9.000 euros.
El coste total del servicio de recogida y tratamiento de residuos en Ceuta asciende a 6.863.110,66 euros. Sin embargo, la recaudación actual se sitúa en 5.202.387,26 euros, generando un déficit de 1.660.723,40 euros. La actualización de las tarifas busca corregir este déficit para adecuarse al principio de suficiencia financiera y reflejar el coste real del servicio.
Chandiramani ha aludido en su propuesta que la “situación geográfica de Ceuta conlleva sobrecostes derivados del transporte marítimo de residuos hacia la Península, lo que incrementa significativamente los gastos de gestión. Se contempla una disposición adicional para las Ciudades Autónomas, Illes Balears y Canarias, que establece ayudas estatales para compensar estos sobrecostes. La obtención de estas ayudas estará condicionada a la existencia de planes de gestión de residuos y programas de prevención”.
El portavoz del Grupo Parlamentario Vox Ceuta, Patxi Ruiz, ha criticado que esta decisión del Gobierno se adopta para “subirle las tasas al pueblo otra vez”. “Pensamos que Ceuta tiene un gran presupuesto y no está bien gestionado. El dinero debería salir de ahí y no del bolsillo de los ceutíes para el tratamiento de la basura”.
“Nuestro voto es negativo, estamos en contra de subir tasas que solo obedece el dictado de la agenda 2030”, ha finalizado.
El portavoz del Grupo Parlamentario PSOE, Sebastián Guerrero, ha detallado que esta iniciativa “es de vital importancia” y ha añadido que es una medida que tienen que ir adoptando todos los ayuntamientos de nuestro país.
“Afortunadamente la fórmula de Ceuta hará que la subida no sea tan costosa para el bolsillo de los ceutíes. Nuestros índices de reciclaje se asemeja a los datos ofrecidos a mediados del siglo XX”, ha añadido.
Guerrero ha señalado que Ceuta muestra “claras deficiencias” en el reciclaje. “Somos los que menos reciclamos del país con un 10%, técnicamente no reciclamos nada”.
“Debemos ser realistas, este Gobierno no está tomando medida alguna para llevar a cabo reutilizar, reciclar o evitar vertidos incontrolados. La historia reciente nos ha enseñado que los puntos aprobados han caído en sacos rotos”, ha señalado.
El portavoz socialista ha seguido explicado que La economía sostenible, “no es una tendencia”, es una “necesidad urgente” que pueda proporcionar “beneficios económicas y oportunidades de empleo”. “Señores del Partido Popular les insto que si busca nuestro apoyo empiece a actuar con seriedad en esta materia. Necesitamos un compromiso firme. Damos votos a favor pero lo damos esta vez con la esperanza que las palabras se hagan efectivas con acciones”.
La líder del MDyC, Fatima Hamed, ha narrado que la Ley que entrará en vigor en el mes de abril y han querido hacer hincapié de por qué el Gobierno ha optado por exigir una tasa y no una prestación patrimonial de carácter publica no tributaria.
“Lo pregunto porque la Ley recoge que se puede optar por alguna de las dos medidas. Esta última opción, es la decisión que ha tomado otros ayuntamientos como el de Málaga. Queremos saber si se ha tenido en cuenta esa posibilidad y si es que sí, por qué se ha rechazado”.
En segundo lugar, Hamed ha planteado la duda del método por el que se obtiene la tasa. “Ustedes vais por el consumo de agua, en diferentes ayuntamientos han tenido cuenta otros asuntos. Queremos saber es si se han estudiado las distintas fórmulas y por qué habéis tomado esa decisión. No podemos olvidar que el objetivo es cumplir con el compromiso de quien contamina, paga”.
“¿Se han planteado ustedes revisar todo lo que pagan los ceutíes en el recibo del agua?. El suministro pasa ser la cuantía menos importante teniendo en cuenta otro detalles. Nos parece que si es de imperativo legal tomar esa medida, para ustedes debería ser de imperativo moral analizar las tasas que hay incluida en la factura del agua, básicamente para que el ceutí no tenga la sensación que se le está metiendo la mano en el bolsillo por una cosa u otra”.
El líder de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha comenzado señalando que comparten las formas que ha utilizado el Gobierno para llevar a cabo esta medida de imperativo legal. “Quiero aclarar que no estamos de acuerdo con este principio que opta la UE. Lo que parece que evidente es que la ley hay que cumplirla, aunque no parezca injusta”.
“Estamos de acuerdo con el criterio para determinar de manera indirecta las cuotas. Es cierto que el consumo de agua no es un factor de equidad, pero no es fácil tomar un criterio objetivo la cantidad de residuos que genera cada casa”.
Eso sí, Mustafa ha señalado que hay una cosa en la que no están de acuerdo, y ha sido en el reparto que ha optado el Gobierno. “Lo que no podemos compartir es el porcentaje que se ha adoptado entre los diferentes sujetos pasivos. En el cómo se ha distribuido para poder recaudar. Nos parece injusta. Nosotros consideramos que es necesario reducir la cuota de familias y aumentar el de las entidades”.
“Tiene un impacto mayor en las familias y no podemos olvidar que un 40% de la población tiene que vivir con renta por debajo del umbral de la pobreza. Para estas familias su ponen un verdadera sacrificio. En nóminas de más de 80.000 euros se ve la cosa distinta pero cuando se hace política hay que tener en cuenta en el contexto que vive la ciudadanía”, ha explicado.
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