Como muchos esperaban, la oposición ha tumbado la convalidación del Real Decreto por el que se pretendía que los remanentes de los Ayuntamientos se le prestaran al Gobierno, para, a cambio, obtener una financiación a fondo perdido del 35% de lo que se prestara, además de la devolución con intereses en un plazo de 10 a 15 años. Un ejemplo. Dos de los Ayuntamientos más importantes de la provincia de Granada que están en manos del Partido Popular, Loja y Albolote, perderán del orden del millón de euros cada uno, que se le hubieran dado a fondo perdido. Málaga perderá aún mucho más. De Ceuta no tengo datos en este momento.
En un artículo en estas mismas páginas titulado “El Acuerdo”, del pasado mes de agosto, explicaba con detalle qué había detrás de este acuerdo. Me remito al mismo para no repetir innecesariamente lo dicho. Lo qué si voy a volver a recordar es la calificación que entonces daba a dicho acuerdo. “…En esencia, se trata de un audaz acuerdo de utilización eficiente de los fondos líquidos de las distintas Administraciones Públicas,….dicho préstamo permitirá que las Entidades Locales, que por ley no pueden disponer de dichos remanentes de tesorería, logren importantes ahorros financieros, ya que en la actualidad las entidades de crédito repercuten los tipos de interés, fuertemente negativos, que fija el Eurosistema. Una tesorería acumulada de cerca de 14.000 millones de euros, devengando el tipo de depósito del Eurosistema del –0,50 %, supone un gasto anual para el conjunto de las Entidades Locales de aproximadamente setenta millones de euros. Esta medida está encaminada a reducir ese gasto.”.
Es decir, poder disponer de 14.000 millones de euros sin que el Estado tenga que recurrir a los mercados financieros y ahorrar setenta millones de euros al sistema público, sigo pensando que no era un mal acuerdo. Otra cuestión bien distinta es que se podría haber mejorado. Y también, se debería haber negociado de otra forma. Pero se trataba de una buena iniciativa. Por cierto, en Andalucía, el Partido Popular ha hecho algo parecido con los remanentes de las Universidades Públicas, pero sin compensación de ningún tipo y sin negociación que valga. La Universidad de Granada, por cierto, ha quedado en una situación financiera delicada, según las declaraciones de la Rectora, a raíz de esta decisión. Por tanto, presentar esta derrota ante la opinión pública como una victoria es una forma errónea de ver las cosas. Con esta derrota perdemos todos. Que ha sido votada por Bildu, los independentistas…y el Partido Popular al unísono. No lo olvidemos.
De cualquier forma, es necesario distinguir el voto de unos y de otros. Fundamentalmente, para aprender de las derrotas y poder superarlas. No olvidemos que perder una batalla no es perder la guerra. Y en el presente caso, los votos contrarios del Partido Popular y de Vox, es decir, de la “derechona” más rancia que ha tenido España en toda la democracia, había que contar con ellos. Ya explicó el alcalde de Zaragoza, uno de los líderes de la revuelta, que había que impedir que el Gobierno obtuviera 14.000 millones de euros de liquidez para cumplir su hoja de ruta. Una hoja de ruta para pagar a los desempleados, para sostener empresas en crisis, para reforzar la sanidad y la educación. Lo de menos era que el Estado obtuviera liquidez para cumplir sus compromisos para con los más desfavorecidos. Se trataba de impedir que el gobierno progresista cumpliera su hoja de ruta. Todo un ejemplo de sentido de Estado y de patriotismo.
Es evidente que es la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Partido Popular de Rajoy, la causante del problema. Esto lo ha reconocido en declaraciones de hace unos días, hasta su autor, Cristóbal Montoro. También, es una realidad que suprimir de un plumazo esta Ley, aparte de complicado y largo, podría originar problemas con la Unión Europea. En definitiva, fueron ellos los que obligaron a estas medidas de austeridad en la anterior crisis. Por tanto, la idea del Ministerio de Hacienda no era en absoluto una mala idea, sino una forma audaz de sortear algo que está impidiendo a los Ayuntamientos utilizar sus ahorros. Por esta razón, yo creo que esta sería la primera premisa. Ingeniarse algún tipo de mecanismo para sortear esta especie de corsé presupuestario es algo que casi todos los partidos aceptan. Incluso, una parte muy importante del Partido Popular.
Una segunda premisa es que, dada la actual aritmética parlamentaria, es más necesario que nunca llegar a acuerdos a múltiples bandas. Por tanto, el acuerdo al que llegó el Ministerio de Hacienda con los alcaldes socialistas, aunque fueran mayoría en la Federación de Municipios, fue un error. Que el actual gobierno progresista tenga la mayoría en más del 70% de los más de 8.000 municipios españoles no significa que la tenga en el Parlamento. Por tanto, acordar con los alcaldes es bueno y necesario. Es una señal evidente de municipalismo y federalismo. Pero, simultáneamente es necesario negociar con los partidos que sustentan a estos municipios, los cuales, evidentemente, siempre pretenderán obtener algún tipo de beneficio o prebenda, más allá de la financiación de los Ayuntamientos en los que gobiernan.
La tercera premisa sería que el fondo de los 5.000 millones que se iba a destinar a los Ayuntamientos que prestaran sus remanentes, hay que desligarlo completamente de este acuerdo. Así lo han solicitado partidos y Ayuntamientos de ideas similares a las del actual gobierno progresista. Y así lo querían también muchos alcaldes del Partido Socialista y de Izquierda Unida Podemos, que no tienen superávit en sus Ayuntamientos, pero que por disciplina y lealtad no han alzado su voz.
Por último, habrá que acordar en qué tipo de partidas se podrán gastar los fondos que se presten y después se devuelvan. Esto tampoco estaba claro.
Evidentemente, quizás para esta nueva negociación, se necesitan otros negociadores que no se hayan “quemado” demasiado con esta derrota. Los hay, y muy preparados. Es cuestión de buscarlos.
No me cabe duda de que, después de la que ha caído y está cayendo, y con lo que lleva soportado el actual gobierno y sus miembros, encontrarán la forma de retomar las negociaciones respecto a esta cuestión. A propósito. Mi más completa solidaridad con el vicepresidente Pablo Iglesias y su esposa, Irene Montero, por el acoso sistemático que están practicando unos cuantos cientos de energúmenos, pero cobardes, a las puertas de su vivienda en Galapagar, diariamente. Aunque no sea un forofo del diputado de ERC Rufián, chapó por su discurso, días atrás, aludiendo a este incidente.
Como decía en mi anterior artículo, ya referido, me parece que sería un buen acuerdo para avanzar, que beneficia a la mayoría de las Entidades Locales, que hace una eficiente utilización de los fondos ociosos de las distintas Administraciones Públicas y que nos permite disponer de una liquidez muy necesaria en estos momentos. Por tanto, negarse al mismo, como hace el Partido Popular, es una irresponsable incoherencia, además de un mal servicio al país. En la nueva negociación, espero que los amigos de las corporaciones cercanas al gobierno de coalición reflexionarán y ayudarán a facilitar la gestión del gobierno progresista de coalición. Como dije, y repito, bastante hay ya con la derecha y la extrema derecha, y con algunos de los amigos “institucionales” y mediáticos de estos.
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