La
Fiscalía de Ceuta ha abierto diligencias de investigación sobre el caso de presunto acoso laboral-sexual denunciado a finales de noviembre del año pasado en la
Ciudad Autónoma, según fuentes jurídicas y de la administración local. El instructor del expediente interno incoado ha apreciado en el mismo indicios de la presunta comisión de delito, por lo que ha decidido dejarlo en manos del Ministerio Público y someter su cierre al veredicto que dictamine la Justicia para proceder a su archivo o a la imposición de las sanciones que, en su caso, correspondieran. La Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Hacienda de la Ciudad de Ceuta
activó a finales de 2021 por primera vez el Protocolo establecido diez años antes en su Plan de Igualdad para aplicar las actuaciones reguladas frente al acoso sexual y por razón de sexo en la administración local. Lo hizo a raíz de la denuncia formulada por una
empleada pública. El asunto estalló a finales del mes pasado, cuando la víctima realizó su primera comparecencia en relación con un supuesto caso de acoso laboral y sexual por parte de quien entonces era su superior. Inmediatamente se adoptaron medidas cautelares sobre el señalado consistentes en la separación del puesto y las dependencias en las que estaba destinado hasta entonces.
Entre las cautelares adoptadas se apartó al señalado del servicio en el que trabajaba
El Protocolo de 2012 prevé la adopción, siempre que existan indicios suficientes de la existencia del acoso”, de “medidas preventivas como la separación de la víctima y la presunta persona acosadora u otros tipo de medidas cautelares (reordenación del tiempo de trabajo, cambio de oficina,...) que se estimen oportunas y proporcionadas”, Tal y como establece el mismo documento de referencia, la administración local designó a dos personas como instructoras del procedimiento de investigación. Ninguna de ellas había tenido ni tenía “relación laboral de dependencia o ascendencia con ninguna de las partes”. La denunciante aportó al procedimiento, además de su testimonio, pruebas documentales del presunto acoso laboral-sexual sufrido y el expediente avanzó con la toma de declaración a testigos de los hechos hasta su traslado definitivo a la Fiscalía. El proceso podía terminar con su archivo; la elevación de las conclusiones al ámbito judicial para el esclarecimiento de responsabilidades penales, como finalmente ha ocurrido; o la instrucción de un expediente disciplinario por falta muy grave. Los delitos sexuales de acoso, agresiones y/o abusos están considerados como “semipúblicos”, es decir, que solamente pueden ser perseguidos penalmente de oficio a instancias del Ministerio Fiscal si existe denuncia de los perjudicados directos. No obstante, cualquier persona que tuviera conocimiento de tal situación está obligada a dar parte a las autoridades.