El Consejo General de la Psicología de España –en donde se incluye el de Ceuta- “prevé que unos 151.000 familiares de enfermos y fallecidos, cerca de 150.000 sanitarios y hasta 10.000.000 de personas de la población general, pueden llegar a precisar de intervenciones psicológicas específicas" como consecuencia directa o indirecta de la pandemia.
Las muertes y los contagios en el entorno cercano de las personas, el empeoramiento de la situación económica, la incertidumbre ante el futuro, el aislamiento geográfico y fronterizo, la interrupción de las relaciones familiares y sociales durante el prolongado confinamiento, el sedentarismo y la ruptura con ciertos hábitos saludables, o la merma de algunos servicios sanitarios y sociales, han provocado que muchos ceutíes y melillenses se encuentren física y psicológicamente peor que antes de la pandemia.
Los Colegios Oficiales de la Psicología de Ceuta y Melilla emprenden conjuntamente este estudio en un intento por conocer las afectaciones psicológicas de su población general, sensibilizar a las autoridades sobre la necesidad de dotar a los servicios públicos sanitarios de atención psicológica especializada y, como fin último, mejorar la salud mental de la ciudadanía y prevenir futuras complicaciones. Los resultados de dicho estudio constatan, lamentablemente, la existencia de una “pandemia psicológica” en paralelo con la sanitaria, que se manifiesta en una variada sintomatología psicopatológica entre las 1040 personas encuestadas.
En este sentido, aumentaron los síntomas de estrés (cansancio, insomnio, consumo de sustancias o psicofármacos y conflictividad interpersonal). También los estados de ansiedad se agravaron con el aumento del miedo al contagio con síntomas como intensa preocupación e inseguridad, pensamientos negativos, nerviosismo y crisis de angustia. E igualmente, se incrementaron muy significativamente algunos síntomas depresivos como problemas de concentración, sentimientos de inutilidad y culpa, tristeza, desesperanza y, muy especialmente, pensamientos autolíticos relacionados con la muerte o el suicidio, lo que resulta un dato ciertamente preocupante habida cuenta de las cifras en España durante la pandemia, con unos 3800 suicidios anuales, es decir, unos 10 suicidios diarios, a razón de uno cada 2,5 horas. Entre los respondientes de la encuesta, un 67,4% de ceutíes y melillenses reconocen tener bastantes o muchas más ideaciones sobre la muerte y el suicidio que antes de la pandemia.
Sobre la afectación general, donde se mide la salud física y mental, la situación económica y las relaciones interpersonales, resultaron factores relevantes el sexo (mayor afectación en mujeres), la edad (mayor en adultos jóvenes), el lugar de residencia (mayor entre melillenses), la situación económica y laboral (mayor cuanto peor es la situación y mayor la incertidumbre) y el tipo de vivienda (mayor en hogares familiares). Sobre el estrés y la necesidad de atención psicológica, se obtuvieron significaciones en el sexo (mayor en mujeres) y la vivienda (mayor en personas que viven en el hogar familiar). Sobre la ansiedad y depresión, fueron factores explicativos el sexo (mayor en mujeres), la edad (mayor en jóvenes y edades intermedias), el grupo cultural (más ansiedad entre los musulmanes) y la vivienda (mayor en personas que viven en el hogar familiar).
Y sobre las conductas obsesivo-compulsivas (necesidad intensa de ordenarlo y limpiarlo todo de forma ritualizada y estereotipada), resultaron factores relevantes el sexo (las mujeres muestran más conductas de este tipo), la ocupación (más en estudiantes y trabajadores en ERTE) y la vivienda (más conductas cuantas más personas conviven en el hogar).
Por todo ello, es necesario dotar a la ciudadanía de servicios psicológicos especializados en la atención primaria para mejorar su afectada salud mental, prevenir futuros trastornos y ahorrar costes personales, sociales y sanitarios, teniendo en cuenta la bajísima ratio de psicólogos públicos de ambas ciudades autónomas (2,5 por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional de 6,4 y la europea de 18), así como el abuso de prescripción psicofarmacológica a las personas afectadas que no pueden permitirse acudir a consultas psicológicas privadas, y que son mayoría.
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