Las cárceles españolas protestaron en junio por la falta de personal. Hace casi tres meses los funcionarios de prisiones de todo el país se concentraban ante las continuas agresiones que sufren por parte de los presos. José María Raya, como portavoz de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones en Ceuta (APFP), repasa las demandas de estos trabajadores tras años pidiendo mejoras.
–¿Cómo está la situación en este momento? ¿Se ha tomado alguna medida por parte de la Administración para que disminuyan?
–La situación sigue igual. Siguen aumentando las agresiones en las prisiones españolas tanto en cantidad como en gravedad de las mismas. La administración no hace nada por evitarlo. Cuando se aprobó en su día un protocolo para prevenir las agresiones contra empleados públicos a nivel estatal se excluyó del mismo a los funcionarios de instituciones penitenciarias a pesar de que somos el colectivo de trabajadores públicos que recibe más agresiones en España. Posteriormente, la Administración, con el acuerdo y la rúbrica de los sindicatos UGT y CSIF, firmaron un protocolo de agresiones propio para Instituciones Penitenciarias que dejaba sin considerar agresión la mayoría de las situaciones que se producen a diario en las cárceles españolas. Este parche no ha servido para nada y seguimos padeciendo una media de una agresión diaria, y eso que no se contabilizan todas.
–Pedían también más personal. Hace algunas semanas el BOE sacaba una amplia oferta de plazas para trabajadores de prisiones, ¿esta oferta incluye algunas nuevas plazas o se ha aumentado en este sentido el personal de alguna forma tras su concentración?
–La oferta de empleo público de este año para prisiones es totalmente insuficiente. En las prisiones españolas hay más de 3.500 vacantes sin cubrir, a lo que hay que sumar las muchas jubilaciones que se van a producir este año, lo que hace que el número de plazas ofertadas este año siga siendo totalmente irrisorio, como todos los años. Sería necesaria una oferta especial de unas 4.000 plazas para que todas las vacantes estuvieran cubiertas y pudiéramos trabajar en condiciones de normalidad y seguridad en nuestro trabajo.
"En las prisiones españolas hay más de 3.500 vacantes sin cubrir, a lo que hay que sumar muchas jubilaciones”
–¿Esta situación de déficit de plantilla se ha agravado durante el último año debido a la pandemia ya que los internos no podían salir debido al confinamiento? ¿Ha hecho esta crisis sanitaria que se incrementen también el número de incidentes o agresiones?
–La pandemia ha agravado la falta de personal, efectivamente. No solo porque los internos no salgan, sino por la cantidad de trabajadores penitenciarios que durante estos 17 meses de pandemia han estado en alguna ocasión en cuarentena, o incluso peor, han pasado la enfermedad. Los que han estado sanos y no confinados han tenido que hacer un esfuerzo extra para sacar el trabajo adelante, un esfuerzo que la administración y la sociedad no reconoce como sí hace con otros muchos trabajadores esenciales que durante la pandemia han estado al pie del cañón, como nosotros. Por otra parte, el hecho del confinamiento junto a las limitaciones de las comunicaciones ha hecho que el número de peleas e incidentes violentos aumente.
–Además, esta falta de personal ¿está relacionada con el aumento de las agresiones?
–La falta de personal por supuesto que está relacionada con el número de agresiones. No es lo mismo controlar un contingente de 80 o 90 internos entre tres funcionarios que entre dos, o incluso uno. Además, esta falta de personal hace que los internos muchas veces se sientan desatendidos, con lo que aumenta su frustración y el número de comportamientos violentos.
–¿En qué consiste exactamente la figura de agente de la autoridad y qué beneficios y derechos les aportaría?
–El ser considerados agentes de la autoridad nos beneficiaría en un doble sentido: primero, y principal, las agresiones que sufrimos serían consideradas delitos de atentado con penas mucho mayores para los infractores, que se lo pensarían dos veces antes de agredir a un trabajador penitenciario. Por otra parte, al ser agentes de la autoridad gozaríamos de presunción de veracidad, lo cual es totalmente necesario en nuestro trabajo para mantener el orden en las prisiones. Hay que tener en cuenta que muchas de nuestras innumerables funciones son de tipo policial, y estas solo las puede hacer un agente de la autoridad.
"No es lo mismo controlar un contingente de 80 o 90 internos entre tres funcionarios que entre dos, o incluso uno”
–La necesidad de clasificar el centro como de nivel 1.1 y que no continúe con la misma categoría que el de Los Rosales tras más de tres años desde que se abrió era otra de sus reclamaciones, ¿ha cambiado algo al respecto?
–En cuanto a la reclamación de la categoría 1.1, todo sigue igual. El tema se ha judicializado por un grupo de 87 funcionarios del Centro Penitenciario de Ceuta, que esperamos que los tribunales nos den lo que nos corresponde y la Administración nos niega. Por otra parte, hay que destacar que no es sólo una cuestión de cobrar más. El darnos la categoría 1.1 supondría un importante aumento de personal, que nos permitiría abrir más módulos y poder clasificar correctamente a los internos, lo que conllevaría una importante reducción de incidentes.
–¿Cree que la sociedad debería valorar más el trabajo que hacen?
–El problema es el profundo desconocimiento de nuestro trabajo por parte de la sociedad. Nosotros realizamos una labor muy importante para la sociedad, y a la vez muy dura pues tenemos que custodiar a aquellos a los que la sociedad ha apartado de sus calles, y además debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos por revertir su conducta para poder reinsertarlos en la sociedad. Es muy complicado, con pocas personas se consigue, más teniendo en cuenta que no tenemos medios ni recursos humanos suficientes.
