La Asociación Pro Derechos Humanos de España (
APDHE) ha pedido este lunes "justicia" para las víctimas de la tragedia ocurrida el 6 de febrero de 2014 (
6F) en el lado marroquí del espigón fronterizo que separa Ceuta del país vecino, donde murieron 15 inmigrantes. La entidad "anhela" el pronunciamiento del
Tribunal Constitucional al considerar que puede responder "frente a las vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas durante todo el procedimiento". Este lunes
se cumplen nueve años de la muerte de los inmigrantes de origen subsahariano, que se produjo cuando un grupo de alrededor de 300 personas intentaba acceder a nado a territorio español. La acusación popular, de la que forma parte la asociación, llevó el año pasado al Tribunal Constitucional la causa por la actuación de los guardias civiles después de la inadmisión por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de los recursos de casación interpuestos por distintas organizaciones no gubernamentales contra el sobreseimiento del caso dictado por la Audiencia Provincial de Cádiz no ha agotado el recorrido judicial del asunto.
Los familiares de las víctimas "siguen esperando que se diriman responsabilidades"
"Los familiares de las víctimas siguen esperando que se haga justicia y se diriman responsabilidades", ha recordado la APDHE con motivo del noveno aniversario de la tragedia. En este sentido, ha subrayado que "anhela el pronunciamiento del Tribunal Constitucional". "Es el único órgano que en el ordenamiento jurídico interno puede protegernos ya frente a las vulneraciones de derechos fundamentales que venimos denunciado durante todo el procedimiento", ha sentenciado. La APDHE, junto a la Comisión Española De Ayuda Al Refugiado, la Asociación Observatori De Drets Humans, la Asociación Coordinadora de Barrios para el seguimiento de menores y jóvenes y la Asociación Sociedad Humana, como acusación popular, han venido ejerciendo la acción penal. En esa situación, recurre en amparo ante el Tribunal Constitucional tras la desestimación de los recursos de casación planteados contra el auto de la Audiencia Provincial de Cádiz, que acordó el sobreseimiento libre de la causa abierta para investigar los hechos ocurridos el 6 de febrero de 2014.