La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha reclamado que se revisen las condiciones en las que se encuentran las trabajadoras de hogar transfronterizas en Ceuta y
Melilla, así como que se restauren los derechos que les han sido arrebatados durante
la pandemia de la covid-19. La organización denuncia que la apertura
de las fronteras terrestres entre Marruecos y España el pasado 17 de mayo de 2022, después de más de dos años cerradas (26 meses), ha traído una “inesperada” restricción en la movilidad de la ciudadanía de las wilayas –regiones-
de Tetuán y Nador, “una restricción que socava los derechos de la ciudadanía de las wilayas y que se ha hecho en circunstancias de dudosa legalidad” Según informa la APDHA, los Gobiernos español y marroquí llegaron a una serie de acuerdos para retomar sus relaciones diplomáticas. Uno de ellos, alcanzado en la última reunión de Pedro Sánchez con Mohamed VI, fue eliminar el artículo 1b de la parte III del Acuerdo de Schengen, en que se reconocía que existía un “régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo entre Ceuta y Melilla y las provincias marroquíes de Tetuán y Nador”. El artículo, incluido en la Ratificación del Protocolo de Adhesión de España al Acuerdo Schengen, en el que se incorporó una declaración relativa a Ceuta y Melilla, entró en vigor en 1994 y fue firmado por todos los países del espacio Schengen. A efectos prácticos, explica la organización, significa que la ciudadanía marroquí que tuviera un pasaporte emitido en la wilaya de Tetuán o Nador no necesitaba visado para entrar en Ceuta o Melilla, con la única limitación de que no podían pernoctar en los enclaves.
Una excepción que supone discriminar al colectivo
Asegura la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que esta excepción está basada en dos factores: el primero la historicidad, ya que, desde el Tratado de Paz y Comercio, de 28 de mayo de 1767,
entre Marruecos y España se permitía un libre comercio entre las poblaciones de ambos lados de la frontera. Compromiso que se mantuvo en los sucesivos acuerdos de comercio entre ambos países y en la Declaración Conjunta de 7 de abril de 1956, que suprime los visados y las formalidades administrativas para la circulación de una zona a la otra. El segundo factor, es en virtud de los vínculos culturales y comerciales que unen a las poblaciones de Ceuta y Melilla con la wilaya de Tetuán y Nador, respectivamente. Actualmente, la situación ha cambiado, continúa la asociación, España y Marruecos han decidido eliminar la aplicación de este artículo. Desde Marruecos se señala que Ceuta y Melilla lo exigían para mejorar el control fronterizo, al reducir el número de personas que transitasen la frontera, y, a su vez, frenar el trabajo sin contrato de personas marroquíes en los enclaves, puesto que ahora solamente cruzan la frontera hispano-marroquí aquellas personas que tengan un contrato laboral en vigor. Desde Ceuta y Melilla se afirma lo contrario, que ha sido exigencia de Marruecos para terminar con el porteo y la dependencia de mercancías desde las ciudades autónomas.
Menos derechos y medidas de “dudosa legalidad”
La realidad, denuncia la APDHA, es que se han restringido los derechos de la ciudadanía de las wilayas de Tetuán y Nador; y se ha hecho incurriendo en circunstancias de dudosa legalidad, dado que la movilidad está garantizada por un acuerdo internacional firmado por 22 países y la no aplicación de un artículo no ha sido consultada ni ratificada por los países firmantes de Acuerdo de Schengen. Y en segundo lugar, denuncia la APDHA, porque “no es bilateral. En términos reales, la restricción a la movilidad solamente se aplica a la ciudadanía de la wilaya de Tetuán y Nador, pero no a la población ceutí ni melillense”. Por ello, la organización critica la limitación a la movilidad que se está aplicando a la ciudadanía de las wilayas de Tetuán y Nador, “a quienes no se ha tenido en cuenta y que han visto mermado su derecho a la libre circulación de forma unilateral”. Esta actuación, lamenta la APDHA, ha provocado por otra parte que se agrave la situación de las personas trabajadoras trasfronterizas. Muchas de ellas han perdido su posibilidad de tener un contrato tras los dos años de cierre de fronteras. Otras quedan en Ceuta y Melilla sin atreverse a volver a Marruecos para evitar perder cualquier posibilidad de regularización de su situación. “Lo cierto es que la desesperación y el abandono cunden entre un colectivo ya castigado”, asegura la asociación. En suma, concluye la organización, “con el atropello del derecho histórico a circular por las fronteras de las ciudades autónomas con Marruecos para las personas residentes en las zonas cercanas se ha ido asfixiando paulatinamente a la población de las wilayas, sin que desde el Gobierno de España se haya tenido en cuenta que las personas que trabajan en las ciudades autónomas son personas con derechos que, además, sostienen la vida y muchos de los negocios de Ceuta y Melilla”.