La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha mostrado su malestar
con la sentencia dictada in voce esta misma semana por la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta después de que las partes (Acusación y Defensas) llegaran a un acuerdo, que suponía la asunción de responsabilidad
por parte de los 9 acusados tras la entrada de 602 personas a Ceuta, el 26 de julio de 2018. “Esta sentencia va en la línea de todas las medidas implementadas por el Partido Socialista y, en concreto, su ministro de Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, que prosigue insistentemente con su labor de reducir la llegada por la Frontera Sur a cualquier precio. Y supone un paso más allá, pues su objetivo es imponer un castigo ejemplarizante y fomentar la creencia de que las personas que responden a un perfil étnico determinado son criminales”, expone en un comunicado la entidad.
“Nos preocupa la normalización de acusaciones populares de organizaciones posicionadas contra las personas migrantes y confiamos en que el sistema judicial, fiscales y jueces, sirvan de dique de contención y apliquen la ley con conocimiento y sensibilidad, defendiendo los derechos de todas las personas”, apuntan.
La APDHA indica que está en contra de cualquier tipo de violencia pero añade que “no se ha tenido en cuenta en la sentencia el contexto de estas personas a las que la falta de vías de acceso legales y seguras las obliga a usar vías de entradas irregulares, forzándolas a migrar durante años, poniendo en peligro su vida una y otra vez, en desiertos y mares, sufriendo racismo, agresiones y vejaciones constantes por parte del Estado marroquí, que las coloca en una situación límite, y esa situación les hace tomar medidas un tanto desesperadas”.
“Insistimos en que el trasfondo de este tipo de prácticas es que el Estado español vulnera sistemáticamente el derecho a migrar y a solicitar asilo, y antes de reconocerlo, van a utilizar todo tipo de estrategias para justificar sus prácticas racistas y xenófobas: las devoluciones en caliente condenadas por dos veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las devoluciones exprés, la propia Ley de Extranjería, las inoperantes oficinas de asilo situadas en Ceuta y Melilla y, en este caso, la condena a las nueve personas que el pasado 26 de julio de 2018 accedieron a Ceuta a través de la valla”, añade en su comunicado.
APDHA aclara que esta condena se produce pese a que los órganos estatales conocen que Marruecos impide a las personas de origen subsahariano acercarse a la frontera, porque son parte de los acuerdos que se han establecido con España. “Es cuanto menos hipócrita considerar que desean poner en riesgo sus vidas y las de otras personas, si pudieran acceder por la frontera de Ceuta”.
Además, muestran su preocupación ante el calado social que pueda tener este tipo de sentencias e insisten que “la población está acostumbrada a escuchar la palabra inmigración seguida de crimen organizado y otros delitos, y con esta sentencia se refuerza de nuevo ese discurso, al asemejar la migración irregular con la criminalidad”. En este caso, “se ha logrado criminalizar de forma directa a las personas que saltan la valla con un procedimiento que resulta llamativo. Se les ofreció un acuerdo con una pena de prisión inferior a los dos años, que es generalmente suspendida, pero posteriormente, se negó su suspensión”.
“Convertir el derecho a migrar y el esfuerzo por lograrlo en desórdenes públicos pone de relieve la perversión del lenguaje en la criminalización de las personas migrantes. Además, el relato planteado resulta contradictorio puesto que se señala a los nueve encausados como cabecillas y responsables de los actos de las otras 593 personas, pero después evidencia que carecen de recursos económicos. Los presentan como una especie de mafiosos organizadores de ataques pero después reconocen que son víctimas del sistema migratorio”, concluyen.