Piden anular un informe de una jurídico de Emvicesa por interesado y equivocado

La impugnación rechaza el informe “por estar emitido por una persona con evidente interés en la causa"

La defensa de las exconsejeras Susana Román y Rabea Mohamed ha pedido a la instructora del ‘caso Emvicesa’ que declare nulo el informe elaborado por una jurídico de la Empresa Municipal de la Vivienda que el actual consejero de Fomento, Néstor García, ha utilizado para responder a un oficio judicial que pretendía aclarar si la secretaria de la Comisión Local de la Vivienda tiene entre sus funciones “asesorar jurídicamente y hacer advertencias de legalidad” y determinar si el Reglamento de funcionamiento interno de ese órgano aprobado en 2005 sigue vigente pese a estar ligado a una Ordenanza derogada al año siguiente.

La trabajadora en cuestión, afectada directamente por la primera pregunta y en cuyo informe se basó García para contestar que sí a la segunda, elaboró a ojos de los abogados de las ex consejeras un “pseudoinforme hecho a medida”. Desde su punto de vista ya es “increíble” de por sí que se le pidiese precisamente a ella opinión siendo “la propia persona interesada”.

La impugnación rechaza el informe “por estar emitido por una persona con evidente interés en la causa” pero también por las “graves inexactitudes jurídico-administrativas que el mismo contiene” sobre el funcionamiento y competencias de la Comisión Local.

“La propuesta de reglamento debe entenderse como norma de funcionamiento interno, no como un reglamento, tal como figura en el título, y además de estar derogado, la Ordenanza de 2006 eliminó expresamente la competencia para adjudicar cualquier tipo de vivienda y la naturaleza de órgano colegiado a la Comisión Local de la Vivienda”, argumenta la defensa de Román y Mohamed.

A partir de ahí, su argumentario es claro: la autora del informe que se pide anular “preparó el modelo de contrato de arrendamiento de la promoción de las 170 viviendas de Loma Colmenar que se puso a la firma de Román, por lo que se le imputa falsedad documental, y lo hizo en calidad de asesora jurídica de Emvicesa, no como secretaria de la Comisión Local, afirmación que figura en numerosas ocasiones en las actuaciones”.

Desde el punto de vista de esta parte “es un hecho que en dichos contratos no plasmó la normativa que ahora defiende” sino lo recogido en el Convenio Marco Estado-Ciudad, en la Comisión Técnica de Evaluación del mismo y en la Comisión Local de la Vivienda de febrero de 2012, cuando “Román no participó sencillamente porque no era consejera de Fomento”.

No es la primera vez que esta defensa manifiesta su “sorpresa” porque dos técnicos de Emvicesa aparezcan en la causa como testigos “pese a su responsabilidad en la Comisión Local”. Sobre la autora del informe cree que niega que tenga más competencia que “transcribir” porque si no estaría “auto imputándose”.