El Juzgado de lo Contencioso de nuestra ciudad ha sentenciado que los nombramientos de varios viceconsejeros no han sido conformes a la ley y los ha anulado. La base jurídica se centra en que la Ciudad Autónoma de Ceuta es un Ayuntamiento y que por tanto no tiene capacidad de regular su propia organización.
Estos nombramientos afectan a Carolina Pérez, viceconsejera de Fomento; Adelaida Alvarez, viceconsejera de Empleo y a Manuel Coronado, viceconsejero de Juventud y Festejos. Asimismo, igualmente se anula el nombramiento de Salvador Jaramillo como viceconsejero de Festejos, pero el mismo dimitió de su puesto el pasado mes de junio.
Por supuesto, el Gobierno autonómico ya ha dado las órdenes oportunas a sus servicios jurídicos para que presente la correspondiente impugnación de esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al entender que la Ciudad Autónoma de Ceuta si tiene capacidad para regular su propia organización interna, de acuerdo por un lado con el estatuto de autonomía y luego por la reciente Ley de Sostenibilidad y Racionalidad de Régimen Local, donde se hace un especial hincapié sobre esta cuestión.
Hay que recordar que esta polémica viene de lejos, puesto que todos estos cargos que actualmente son viceconsejeros con anterioridad eran subdirectores generales y por parte de la Unión General de Trabajadores se presentó la correspondiente demanda ante el Juzgado de lo Contencioso, mostrando su desacuerdo, alegando que estas personas no eran funcionarios de carrera y que por tanto no podían ocupar los mencionados cargos. A partir de ahí, el ejecutivo del presidente Vivas prefirió no alargar el procedimiento presentando el correspondiente recurso y entonces los nombró a todos ellos viceconsejeros. Señala que desde el año 1995, cuando entró en funcionamiento el estatuto de autonomía, todos los gobiernos han estado dentro de su estructura el cargo de viceconsejero. Sin embargo, la Unión General de Trabajadores volvió a indicar que recurriría también estos nombramientos efectuados.
Además el mismo portavoz del Gobierno indicó que se seguiría un segundo paso, además de la presentación del recurso que consistiría en revisar toda la potestad reglamentaria que tiene la Ciudad Autónoma para que quede mucho más claro esa capacidad para autoorganizarse.
De todas maneras, el mencionado recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tardará bastantes meses en que exista una sentencia sobre esta polémica decisión tomada por parte del Juzgado de lo Contencioso de nuestra ciudad. La polémica seguirá servida.
