“Le estoy contando mi verdad, que es la verdad”
“No tengo nada que ver, estoy convencido de mi inocencia”
“Nunca se hizo nada sin autorización de la Comisión”
“Le estoy contando mi verdad, que es la verdad. Quiero dejar clara mi inocencia, nunca he cobrado por manejar los listados” de las viviendas. Esposado, tranquilo, sereno, sin atisbo alguno de nerviosismo, respondiendo a todas y cada una de las preguntas que le iban formulando. Así se presentaba ante la magistrada del ‘caso Emvicesa’, Raquel Lucini, el considerado jefe de la presunta trama de corrupción en la adjudicación y venta de viviendas de promoción pública, Antonio López. Lo hacía el pasado 19 de junio confiando en abandonar los juzgados con la esperanza de un auto de puesta en libertad que aún no ha llegado.
El Faro ha tenido acceso a todos los detalles de una declaración que no había trascendido hasta ahora. La declaración de quien sabe cómo afrontar las cuestiones planteadas desde todos los frentes sin nervios, después de una trayectoria de auténtico relaciones públicas en la que tenía que echar tan pronto mano de una campaña electoral del PP como de una queja de vecinos protestones por no ser adjudicatarios de una VPO. López tiene tablas, muchas.
Se sabía que López había descargado toda la responsabilidad en materia de adjudicaciones en la Comisión Local de la Vivienda, pero ahora se conoce con detalle hasta qué punto se quiso presentar ante su señoría como alguien ajeno a unos procedimientos que funcionaban mal, que siempre operaron de una manera desastrosa a pesar de ser durante muchos años el que resolvía todos los asuntos relacionados con la vivienda en Ceuta.
López contradijo no solo las manifestaciones de los integrantes de la Comisión Local de la Vivienda sino, también, la de los propios trabajadores de Emvicesa investigados en esta causa y a los que la Ciudad Autónoma ha querido expedientar antes de disponer de una resolución judicial firme.
“La Comisión Local de la Vivienda establece una serie de cupos, en base a esos cupos los empleados de Emvicesa son los que establecen las adjudicaciones”, dijo. Los funcionarios trabajan siguiendo los criterios establecidos en la Comisión y en el Registro de Demandantes de personas que pueden optar a una vivienda protegida en esta ciudad, explicaba López ante una incisiva magistrada a la que las cuentas de una realidad cuando menos caótica le siguen sin cuadrar.
“El funcionamiento de Emvicesa y de la Comisión Local era muy caótico, desordenado, podía haber a veces una mala praxis jurídica”, se defendía López ante la imposibilidad de entender la manera en que ha estado trabajando la sociedad municipal de la Vivienda con las distintas promociones.
Porque cuando la exconsejera Susana Román presentó en los juzgados de Ceuta denuncia contra Antonio López por orden del presidente Vivas, lo que nadie acertaba a imaginar es que de las 317 VPO de la discordia la investigación judicial saltara a otras tantas promociones cuestionables, como la de las 170 y las 225. Todas en Loma Colmenar.
A estas alturas de una instrucción salpicada por una recusación frustrada y decenas de detenidos, nadie es capaz de entender por qué dentro del cupo de demandantes de vivienda terminaba por resultar adjudicatario/a un familiar directo de un político o de un trabajador de Emvicesa sobre los demás ciudadanos.
López insistió ante Lucini que áreas como Servicios Sociales podían mandar su propio listado en base a su cupo, siendo la propia consejera del ramo, Rabea Mohamed, la que lo presentaba, sin que él tuviera la potestad para filtrar lista alguna aportada ya por un superior. “¿Y si le digo que eso es incierto?, ¿que lo han negado la consejera y trabajadores de Servicios Sociales y Emvicesa?”, se le preguntó al exgerente. “Yo le estoy contando mi verdad que es la verdad”, replicó un tranquilo López, insistiendo en que Mohamed presentaba una lista de Servicios Sociales a la comisión, a pesar de que en la operación policial desarrollada por la UDYCO por orden judicial y que contó, por ejemplo, con la intervención del ordenador del área, no se encontró rastro de esto.
“El cuerpo técnico de Servicios Sociales era el que configuraba ese listado”, insistió López, que no pudo explicar ante su señoría que en la promoción de las 170 hubiera adjudicatarios que provenían de Servicios Sociales que no constan como demandantes y sobre cuyos datos no se ha encontrado expediente alguno.
El exviceconsejero, sin voto en las comisiones, se aferra precisamente a eso, a que por encima de él había personas con responsabilidad a la hora de decidir en manos de quién terminaban las casas. López confesó saber la existencia de familiares como adjudicatarios, entre ellos el hermano de una trabajadora de Emvicesa también investigada, pero escurre el bulto en todo lo que lleve la etiqueta de responsabilidad. Susana, Susana y todas las veces que se le preguntaba remitía a la figura de la presidenta de la Comisión y responsable de Fomento. “Tenía la última palabra”.
A preguntas de la Fiscalía, López insistió, en relación a la promoción de las 170, que la máxima responsabilidad en Emvicesa era de Román. “Yo tenía cuatro funciones, muy concretas”. “Se cumplió con lo establecido en el convenio para la adjudicación de viviendas. Había una jurídica en la Comisión que si hubiera visto algo hubiera informado”, recalcó, aludiendo además a que los componentes de la Comisión “son personas con carrera y conocimiento, que ocupan superiores carteras a la mía”, para evitar toda responsabilidad. “Emvicesa era muy desordenada, pero en ningún momento se ha hecho nada que considere se ha efectuado de forma ilegal para favorecer a alguien”.
“La orden de entrega de las casas de las 170 me la dio Susana Román con conocimiento del presidente. El procedimiento se hizo según la Comisión e instrucciones que me dieron. Yo no tenía voto, no contradecía las órdenes. Se me dio esa orden”... “Si hubiera habido algún problema en la entrega de las casas a mí se me habría amonestado. He seguido las órdenes que me daban”.
Gerente, con supuesto mando sobre lo que se hacía en Emvicesa; controlador de toda la política en materia de vivienda, quien figura en el croquis de la Policía como presunto cabeza visible de una organización se presenta en su primera declaración ante su señoría como una persona ajena a cualquier poder de decisión pero, en cambio, conocedor de que nada funcionaba como debía en el Ayuntamiento.
“Las casas se daban siguiendo siempre las directrices que la Comisión Local daba a Emvicesa. A mí me daban unas pautas para trabajar... Las promociones de viviendas sociales, sobre todo en el Príncipe, eran muy complicadas por las ocupaciones ilegales. Por eso la Comisión nos daba la instrucción de entregar las casas cuando tuvieran agua y luz y los contratos firmados por la consejera”, expuso López para justificar la entrega de viviendas antes de aprobarse el listado, antes de haber una aprobación, antes de seguir los cauces reglamentarios. Algo que, según lo conocido hasta ahora, parecía no casar con la forma de actuar en materia de vivienda en Ceuta. “Yo nunca he hecho ningún listado de vivienda, jamas”. “Nunca se ha hecho nada en Emvicesa sin autorización de la Comisión”.
López niega cualquier relación con la elaboración de las listas y, por tanto, con la posibilidad de ‘tener mano’ en las mismas. “La Comisión daba las pautas, Emvicesa elaboraba los listados y la Comisión daba el visto bueno”, insiste en una versión que choca con otras declaraciones incluidas por investigados en esta instrucción.
“¿Cuántos trabajadores de Emvicesa estaban cobrando ilícitamente por adjudicar las viviendas?”, se le preguntó a López. “No tengo conocimiento de eso, de que se cobre de manera ilícita por hacer listados de viviendas. Certeza y conocimiento nunca” he tenido, replicó, sin alterarse. “Desde que nació esa empresa se han escuchado rumores y cuando los he escuchado he pedido que me aportaran pruebas. Jamás nadie me ha dado pruebas objetivas de que en esa empresa se estuviera haciendo algo ilícito, quiero dejar claro mi total inocencia. Nunca he cobrado por manejar los listados, porque no tengo voto en la Comisión, con mis facultades no puedo adjudicar viviendas”, replicó el exgerente.
Antes de la detención de Antonio López, la Policía hizo una investigación bajo el amparo judicial traducida en intervenciones telefónicas pero también seguimientos. Y al exgerente se le siguió en sus encuentros con otros de los detenidos en esta presunta trama; personas señaladas como intermediarios a los que López niega conocer con el grado de amistad presupuesto en la investigación.
Así, sus relaciones con uno de los detenidos, el bautizado como ‘portuario’ por su profesión, son negadas hasta el extremo contenido en la investigación que también se saldó con el arresto de éste, como presunto intermediario en la trama.
“Lo conozco... pero no es amistad, nos conocemos, de la calle, de la ciudad”, expuso. “Yo le veía entrar y salir de Emvicesa. Poco más. Ha habido veces que he estado en una parada de taxis y me ha llevado al puerto... En 2013, se me ofreció más de una vez llevarme a casa porque me había roto una pierna. Igual lo hacía por quedar bien... ya que conocía a trabajadores de Emvicesa”, por agradar así a su jefe. “Le he visto por Emvicesa, saludaba a algún funcionario, lo veía hablar con uno u otro. A veces tomaba café con los empleados. Él conocía a todo el mundo, pero a mi despacho no ha entrado nunca”, insistió, dato este negado por los trabajadores de la empresa que sí confirman haberlo visto cruzar la puerta de la sala en la que López despachaba.
La Policía pudo corroborar mediante seguimientos que ‘el portuario’ le llevó en su vehículo al puerto estando ya la causa abierta. También que quedó con él y otras personas en la explanada del Chorrillo, en lo que los investigadores califican de encuentro con quienes habían puesto un dinero y que, airados, querían verse las caras con López al no haber aparecido en la ya famosa lista fantasma que, por cierto, éste negó haber filtrado para su publicación.
El exgerente niega que ese encuentro tuviera tal cariz, insistiendo en que quedó con ‘el portuario’ (no amigo, sí conocido) para tomar un café, y que luego éste le llevó porque “me dijo que había unas personas que querían saludarme”, aclaró ante su señoría, desmontando así con su versión que el encuentro recogido por la UDYCO fuera ese plante con pagadores en busca de su dinero que incluso habrían vertido amenazas contra su persona.
“Nunca he tenido ningún problema, nunca he pedido” dinero “ni directa ni indirectamente por las casas”, niega López. “No he podido tener acceso por mi privación de libertad totalmente injusta al sumario, no se lo que han dicho. Si alguien dice que he pedido directa o indirectamente dinero, claramente miente. ¿Por qué? Solo puedo hacerle conjeturas señoría: por acciones, por presiones, porque se le haya ofrecido algún tipo de trato especial policial, judicial, por caer bien a la Policía y que lo dejen en libertad… No lo sé, pero ninguno aporta pruebas objetivas, son testigos poco fiables, algunos tienen antecedentes penales otros dicen que el dinero procede de un ilícito como es la droga… Yo lo único que puedo hacer es una conjetura”, expuso.
López no conocía a nadie pero conocía a todos. Nada sabía pero luego tenía información de todo. Así por ejemplo responde a la pregunta de sus relaciones con otro de los investigados, vigilante de las 317 VPO y presunto conseguidor de viviendas. López no recuerda haber tenido relación de amistad con él, pero en la causa figuran hasta más de 30 llamadas telefónicas intercambiadas, algo que justifica con una conversación meramente relacionada con un problema de viviendas.
Mucho se ha hablado de los famosos compromisos, papeles que obran en poder de muchas personas, firmados por López, en los que venía a ‘beneficiarse’ con la obtención de una casa. Ocurrió con muchas personas que rechazaron una vivienda de las 170 y a las que, se presuponía, les tenía que tocar otra de las 317. “Yo no voy a firmar un papel constitutivo de delito si pensaba cometer un ilícito en un futuro”, explicó. Ese papel “servía para dar tranquilidad a gente que tuviera una intranquilidad, que se le tenía que demoler la vivienda, que renunció a las 170 por pequeñas, firmaba una renuncia y se le daba ese compromiso para instar a la Comisión, no es que Antonio López se comprometiera a algo. Yo jamás he adjudicado casas ni he dado papeles a nadie en que hable en primera persona”.
Esos compromisos estaban registrados en el registro central de Emvicesa, según López, pero nunca fueron encontrados. “Si no están es que alguien de forma maliciosa lo ha borrado, porque estaban registrados”.
Compromisos, encuentros, reuniones. El exmiembro del PP tuvo respuestas para todo, también para justificar lo injustificable: si no había una lista aprobada por la Comisión para la entrega de las 317, ¿cómo es que se estaba llamando a personas para firmar los contratos? “Seguía la instrucción de la Comisión”, insistió, aludiendo de nuevo al desorden y la situación tan particular de una entrega de vivienda social en una barriada como el Príncipe. Todo era caótico, pero López solo cumplía instrucciones.
Instrucciones para todo, decisiones sin competencia y negación por activa y por pasiva de cualquier asunto que tenga que ver con las irregularidades señaladas en el informe policial presentado ante el juzgado de instrucción número 3.
López dice no y veinte veces no. No a que haya recibido ofrecimientos económicos de personas; no a que manejara una lista de recomendados; no a las amenazas de supuestos pagadores al ver que no tenían la casa prometida; no a que sepa que alguien quisiera aprovecharse de su situación al frente de la política de vivienda.
“Nunca he recibido dinero, si alguien dice lo contrario miente. Solo puedo hacer conjeturas. Los testigos son poco fiables. No tengo nada que ver con todo esto... Estoy convencido de mi inocencia”, confesó, no sin antes mostrar el calvario que está pasando y el que soporta su familia al tener que desplazarse a la prisión de ‘Puerto II’ para poder verle. En esa prisión sigue, en esa cárcel continúa, mientras las investigaciones no se han cerrado.
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