Antes de mediados de octubre responderá el Consejo de Estado sobre Trace

Se lleva mucho meses intentando tener un argumento legal que permita poner fin a esa relación entre la Ciudad Autónoma y la empresa concesionaria de la limpieza: Trace. Y todo ello depende de la respuesta que ofrezca el máximo órgano consultivo de la Administración como es el Consejo de Estado.

La verdad es que se lleva muchos meses hablando de ese posicionamiento que se le iba a solicitar al Consejo de Estado, pero la verdad es que hasta finales del mes de agosto no se ha podido enviar toda la documentación a este máximo órgano consultivo para que haya un pronunciamiento sobre el fondo del contrato.

Se han tardado muchas semanas en preparar toda la documentación necesaria para que por parte del Consejo de Estado se puedan hacer una composición de lugar y después de haberse enviado con la firma de la presidenta accidental, Mabel Deu, en ausencia Vivas que estaba de vacaciones, tuvo nuevamente que reenviarse ya con la rúbrica del titular, una vez que el mismo volvió tras los días de descaso que se tomó tras la finalización de los festejos patronales. Con lo cual ese plazo de dos meses para que haya un pronunciamiento llegará como máximo hasta mitad del próximo mes de octubre.

El objetivo que tiene la Ciudad Autónoma es que el Consejo de Estado hable sobre si la adjudicación que se le hizo a Trace se puede considerar como un contrato de prestación de servicios, con lo cual tendría un máximo de seis años de vigor y no se tendría que esperar para resolverlo hasta que se cumplan los diez años. De ser la respuesta en el sentido que esperan tanto la Ciudad como Trace, lo cierto es que para los primeros meses del año 2019 se podría culminar esa ruptura del acuerdo. De lo contrario, no tendrían otra posibilidad que seguir aguantando hasta 2023, de no encontrarse alguna fórmula mágica.

Recordemos que tanto contratante como contratado coinciden perfectamente en que ambos quieren resolver el contrato, pero no han encontrado, hasta el momento, la fórmula jurídica que lo permita sin que se produzcan daños ni para uno ni para la otra parte.