Tras la celebración del Comité Ejecutivo Estatal Anpe, con presencia en Ceuta y que se declara primer sindicato de la enseñanza pública no universitaria, ha realizado un análisis del curso escolar 2023-2024 que finaliza en el que destaca como "asignaturas pendientes" diferentes "mejoras" relacionadas con el horario lectivo, las ratios, la burocracia docente y el marco general de las condiciones laborales y profesionales del profesorado.
El presidente de la organización sindical, Francisco Venzalá, hace hincapié al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPyD) en el “descontento creciente del personal docente ante el continuo aumento de las cargas burocráticas que interfieren en su trabajo en el aula” y advierte de que “esta situación está llevando a un clima general de malestar en los centros”.
En este sentido, el sindicalista subraya que, “mientras la sociedad cada vez exige más al profesorado, las administraciones siguen sin dotarlo de los recursos y del tiempo necesario para afrontar esas exigencias”.
Anpe insiste también en que se ha de regular el horario lectivo máximo del profesorado en una norma estatal. Venzalá indica que esta norma “no debe establecer simplemente una recomendación a las administraciones educativas autonómicas, como hasta ahora, sino fijar la obligación de que no se sobrepase el horario señalado”.
En lo que respecta a las ratios máximas de alumnado por aula, que sí están reguladas a escala estatal, el sindicato sostiene que deben reducirse en todas las enseñanzas. Para su presidente, “el establecimiento de unas condiciones mínimas comunes para todo el Estado en ambos aspectos contribuiría de manera determinante a reducir las desigualdades existentes entre territorios”.
A juicio de Anpe, el curso ha estado marcado, entre otras cuestiones, por la promulgación de la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores y por los retrasos curriculares en el ámbito de la Formación Profesional.
La organización recalca que la situación del profesorado requiere un tratamiento urgente en el compromiso de mejorar la educación y reitera que todo lo relacionado con las condiciones laborales y profesionales del personal docente de la enseñanza pública debería quedar establecido en un marco propio, el Estatuto Docente.
Venzalá recuerda que este ha sido un compromiso “reiteradamente incumplido” en las últimas legislaturas. “Desgraciadamente no se ha avanzado en el desarrollo de la disposición adicional séptima de la LOMLOE, relacionada con el futuro diseño de nuestra profesión, ni tampoco en la propuesta de elaborar el Estatuto Docente”, tal y como Anpe ha venido lamentando.
En esta línea, insta a la administración al establecimiento de una “política efectiva respecto al profesorado”, pues, en su opinión, “las leyes educativas hasta la LOMLOE han venido ignorando el importante papel del docente en la calidad del sistema educativo, que es el primer factor de calidad”.
Anpe considera imperativo renovar los requisitos de formación inicial y las condiciones de habilitación para el profesorado de las enseñanzas no universitarias, así como regular, en el marco de un Estatuto de la Función Pública Docente, los procedimientos de ingreso y acceso propios de los cuerpos docentes, la reestructuración de estos, el establecimiento de la carrera profesional desde el ingreso en los respectivos cuerpos hasta la jubilación y la inclusión de todo el profesorado en el grupo funcionarial A1.
Para ello, el sindicato ha solicitado al Gobierno que redacte una propuesta normativa previa que establezca la integración en el grupo A1 de los cuerpos docentes que aún continúan en el grupo A2 e incluir también la actualización de los complementos de nivel retributivo que les corresponden a los diferentes cuerpos docentes, que actualmente van del nivel 21 al 26, de forma que partan como mínimo del nivel 24.
Anpe denuncia, igualmente, la continua pérdida de poder adquisitivo del profesorado como consecuencia del avance imparable de la inflación y de la no deflactación de las tablas del IRPF, que ha perjudicado de manera notable al colectivo docente.
Venzalá insiste en la “necesidad de establecer un aumento salarial para los empleados públicos que permita la recuperación del poder adquisitivo perdido desde los recortes de 2010 y que incluya cláusulas de revisión salarial vinculadas a la subida del IPC, con el fin de preservar la capacidad de compra”. Asimismo, aboga por la “equiparación salarial de los docentes de todo el Estado, en su calidad de cuerpo nacional”.
El presidente de Anpe subraya que el sindicato seguirá exigiendo la negociación de todas estas mejoras, poniendo el acento en aspectos "tan esenciales" como la equiparación salarial y de las condiciones laborales del profesorado de todo el Estado, la reducción del horario lectivo y la disminución generalizada de ratios en todas las etapas educativas.
A este respecto, insta al Ministerio a liderar el impulso y la puesta en marcha de estas medidas.
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