El intento de repatriar a al menos una parte de los menores migrantes solos llegados a la ciudad durante la crisis de mayo del año pasado cobró fuerza en el seno del
Gobierno de Ceuta menos de una semana después de cortarse el flujo de entradas por el Tarajal y
Benzú. El día 24 la vicepresidenta del Ejecutivo local, Mabel Deu, entonces competente en la materia, remitió una carta a la delegada en la ya apelaba a un Acuerdo de 2007 entre España y
Marruecos para prevenir la “emigración ilegal” de jóvenes como posible base para reducir el número de niños acogidos por la Ciudad, que llegó a superar el millar.
A partir de ahí y durante 78 días la consejera de Presidencia mantuvo “numerosas reuniones y contactos” con la
delegada, Salvadora Mateos, que ahora comparte con la primera citación a declarar como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa, durante las que “convenció” a la segunda “de la conveniencia de practicar la devolución sin seguir el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico vigente y, en consecuencia, sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran”, tal y como recoge el exhaustivo relato que de lo acontecido en esos casi tres meses ha hecho la Fiscalía en su denuncia penal.
La Ciudad pidió aplicar el Acuerdo de 2007 desde una semana después de la crisis
El 10 de agosto, después de verse con el ministro del Interior y otros altos cargos de su departamento, cuando parecían vencidas todas las reticencias a regatear la Ley de Extranjería, que se intuía demasiado farragosa, y aparentemente conseguido el beneplácito de Rabat para el retorno forzado y exprés de sus menores, Deu remitió al secretario de Estado de Seguridad un listado con los nombres de los niños filiados insistiendo en aplicar el Acuerdo bilateral obviando su artículo que exige acatamiento “estricto” de la normativa nacional.
Lo harían, prometió, “garantizando en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva o su entrega a un servicio de protección, si el interés superior del menor así lo requiere”, algo que de ninguna manera se hizo a ojos de los jueces que hasta ahora se han pronunciado sobre lo hecho. Ese mismo día, Interior respondió que “dada la importancia de este asunto, se insta se proceda a cumplir lo previsto en el escrito desde hoy mismo”.
La Delegación citó al Ejecutivo local al día siguiente en la frontera “con la finalidad de coordinar el dispositivo de retorno” con representantes de la Prefectura de
Tetuán y la entidad social que recibiría a los niños en Martil. Allí se acordó que Marruecos se haría cargo de los chavales “sin tramitar procedimiento alguno y sin constatar si concurrían los presupuestos legales habilitantes”, opina la acusación pública, “a pesar de que la jefa de Menores hizo patente una vez más, en esta ocasión de viva voz, su disconformidad con algo que era contrario al ordenamiento jurídico nacional e internacional”.
Mateos y Deu “convinieron” mandar a Marruecos de una tacada a 145 jóvenes nacidos entre septiembre de 2003 y febrero de 2008.
La intención original era enviar a 145 chavales a su país de una tacada el 13-A
La delegada pidió al jefe superior de la
Policía Nacional que preparase “las actuaciones pertinentes” para “facilitar el tránsito” de los chavales hacia el Reino alauita y el día 13, hay hoy un año, el director general de Asuntos Generales, Francisco Pérez Hita, se presentó en Santa Amelia para ejecutar lo acordado desde las 13.30 horas haciendo caso omiso a los reparos de SAMU.
“Minutos” después llegó el primer revés: Marruecos solo aceptaría a 15 chicos al día. Fueron expulsados a las 16.50 horas. Al día siguiente otros tantos siguieron el mismo camino entre las 10.00 y las 14.50 horas. En total, 61 (5 eran ya adultos). Tantos como se ha reagrupado en España y otros países de Europa siguiendo una ruta legal.
El 16 de agosto, los Juzgados de lo Contencioso números 1 y 2 ordenaron a instancias de las abogadas de Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces suspender cautelarmente la repatriación de cerca de 20 menores y una semana después, el primero acordó mantener la vigencia de la medida.
El Gobierno de la Ciudad asumió el varapalo como definitivo y no probó a volver a intentarlo. En septiembre tomó la vía legal del Reglamento de Extranjería, pero Marruecos ya no volvió a mostrar receptividad alguna, tal y como había hecho siempre. Al margen de las condenas administrativas y la apertura de un proceso penal contra Mateos y Deu, España también arrastra una denuncia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU por el experimento fallido.
Las diez posibles vulneraciones de la legalidad de la operación
La Fiscalía ha denunciado a Mateos y Deu porque la primera “no incoó el preceptivo procedimiento de repatriación” y no se recabó el informe de la representación diplomática del país de origen sobre sus circunstancias concretas familiares”; no se requirió a la Ciudad “información” acerca de su posible vulnerabilidad; “se obró sin informar previamente a los concernidos de los antecedentes que habían determinado su repatriación ni de los derechos que les asistían”; “no se les permitió que pudieran formular alegaciones”; “no se recabó informe alguno del Servicio de Protección de Menores a fin de verificar su situación en España”; no se recabó informe del Ministerio Fiscal”; “no se dictó resolución escrita acordando su repatriación”; “se incumplieron las previsiones legales” y “se vulneró el protocolo que prohíbe las expulsiones colectivas de extranjeros”.