Análisis de la catástrofe de Valencia

Echo en falta un análisis riguroso de lo que se tenía que haber hecho antes de la catástrofe de Valencia, lo que se podía haber hecho durante las inundaciones, lo que aún se puede hacer tras el desastre y lo que debe implementarse de inmediato para evitar que se repita. Las lecciones de lo acontecido deben guiarnos hacia acciones concretas sin pérdida de tiempo.

De los hechos ocurridos, podemos extraer dos conclusiones principales. La primera, es la de no olvidar nunca a las víctimas cuyas vidas son irrecuperables. Este doloroso recordatorio nos exige a todos evitar la reiteración de los errores cometidos. La segunda conclusión es que la cuenca del Júcar carece de las infraestructuras consideradas durante largo tiempo, como claves para proteger a la población. Este hecho es conocido por todos los ciudadanos y por las propias administraciones local, autonómica y estatal. No se puede seguir justificando la falta de inversiones en infraestructuras hidráulicas preventivas que sin duda hubieran ayudado a mitigar este desastre, como por ejemplo la presa de Cheste. Ya no sirven excusas como la de aducir que la solución es muy costosa. Como lección aprendida, es necesario sin más dilación retomar estos proyectos olvidados, al parecer por motivos políticos.

Cuando sucede la catástrofe, “durante” las inundaciones, hemos comprobado como la situación superó las capacidades territoriales y sin embargo no funcionó la integración del Comité de Dirección en una situación de interés nacional con una más que evidente falta de coordinación. El CECOP de la Comunidad Autónoma debió pasar a ser un Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) y aún nos preguntamos el motivo por el que la UME, el Ejército y las FCSE no actuaron con sus capacidades al completo desplegando todos sus recursos, cuando la situación así lo exigía. Este fallo en la gestión territorial y la negligencia de quienes tenían la responsabilidad de intervenir deben ser analizados con profundidad. La falta de respuesta, ya sea por desidia o incompetencia, ha tenido consecuencias dramáticas. En nuestro caso, a los fallecidos por la DANA desgraciadamente ya no les importa si la negligencia se debió a la actitud o la aptitud de los responsables, pero a los ciudadanos que han sobrevivido seguro que sí, porque hay que discernir y aclarar las responsabilidades de la actuación de cada uno de los intervinientes y conseguir que en adelante la coordinación sea más amplia y eficaz entre todas las fuerzas y recursos disponibles.

En el presente, sigue sorprendiendo la falta de compromiso del Gobierno de la Nación cuyo presidente parece más preocupado en desviar y esquivar las críticas sobre corrupción y de la puesta en escena del congreso de su partido, que más que en Sevilla parecía estar celebrándose en Pensilvania durante un mitin por la presidencia, en lugar de emplear todos los medios a su alcance para mitigar y minorar los efectos de tan terrible catástrofe. Por muy arropado que esté por sus ministros, es evidente que la respuesta del gobierno fue tardía e ineficaz y por mucho que nombre a su delegada del Gobierno en Valencia, ahora Secretaria de Igualdad, tratando de protegerla de su responsabilidad, incompetencia e inacción, a pesar de estar al tanto desde el primer momento de la situación y de la falta de medios.

El Ejército ha demostrado ser capaz de montar bases muy complejas en zonas muy alejadas, con la logística necesaria para asegurar el bienestar del contingente destacado, con sus cocinas de campaña, comedores, zonas de ocio, dormitorios, centros de atención sanitaria, aulas, vehículos de transporte, sus zapadores abriendo caminos y tendiendo puentes, la Armada con sus buques de apoyo a pocos kilómetros, helicópteros y unidades jerarquizadas capaces de actuar en cualquier situación y proporcionando la seguridad y tranquilidad que la población necesita. Hay que preguntarse quién ha impedido que lo hicieran con sus propios compatriotas y con la misma dedicación y altruismo que lo han hecho con extranjeros. Muchos valencianos han sufrido la pérdida total de sus bienes y otros muchos, demasiados, la vida. A pesar de ello, oímos en los medios de comunicación que hay personas que no disponen aún de comida caliente y que las tareas de limpieza se hacen eternas.

El empleo de las capacidades de las FA,s en la zona sigue siendo comparativamente menor de lo que estas son capaces de ofrecer. Las desafortunadas palabras de su ministra, en nada representa el sentir de los militares, algo que esta señora debería tener en cuenta cuando perdió los papeles y comenzó a gritar a una familia de Paiporta en un garaje evadiendo su responsabilidad en la gestión nefasta y tardía de Valencia con una evidente incompetencia y falta de empatía "Yo no tengo la culpa". Tampoco sale bien parado el Teniente General de la UME, que es responsable de no pedir los medios que necesitaba, y si los pidió, está encubriendo a la Ministra que lo hizo saltar de Coronel a Teniente General en un breve espacio de tiempo, promocionado meteóricamente por el Ministerio en detrimento de otros militares más antiguos (¡y no fueron pocos!) de otras promociones anteriores a la suya, ingresando en el selecto club de los “Margaritos”. Es lo que tiene ser jueza y ministra de este Gobierno, como el de Interior, para hacer lo que les da la gana sin que nadie les cuestione dentro de sus filas.

En cuanto a la labor de reconstrucción, es crucial que los esfuerzos sean eficaces y transparentes. Sabemos que el Teniente General retirado Gan Pampols, ocupa el cargo de vicepresidente para la Recuperación Económica y Social de la Generalitat Valenciana. Su experiencia militar será con toda seguridad valiosa, pero ya de entrada se le escapará el control de lo que será la contratación de empresas. Tal como ocurrió durante el COVID, los políticos mantendrán el control sobre los contratos de los incontrolables expedientes de emergencia. Ya han prohibido al Ejército en algunas poblaciones limpiar los garajes, mientras que simultáneamente se contratan empresas civiles por parte de los ayuntamientos por el procedimiento de emergencia.

Todos los españoles hemos sufrido los abusos de un sistema al que en teoría se acudió para agilizar el proceso de adquisición de un material inexistente en las proporciones que se necesitaba y que sin embargo se empleó para el presunto enriquecimiento ilícito de muchos miserables que se aprovecharon de la situación porque en estas circunstancias se eluden, los principios de concurrencia, igualdad de trato y no discriminación, y solo son obligatorias las actuaciones indispensables para paliar las necesidades apremiantes.

No debemos caer en el mismo error: si las distintas administraciones y la oposición no son capaces de vislumbrar su cometido y su obligación para con los afectados, deben abandonar sus bien remunerados cargos. Nacerán muchas empresas al día de hoy inexistentes, seguramente ligadas al amigo, al hermano, a la mujer o al del partido, aunque sea textil fabricante de calcetines deportivos, la veremos ligada a la reconstrucción.

En España, además de tener un Ejército y unas FCSE ejemplares, disponemos de inmejorables empresas de construcción, muy bien posicionadas en el mundo, como ACS, ACCIONA, FERROVIAL, SACYR, FCC, DRAGADOS OHLA,…. tanto es así, que se encuentran en la cresta del despliegue internacional. En el año 2022 el grupo ACS consolidó la primera posición en la clasificación empresarial de este sector, por ello, sería lógico pensar que el Estado y la Generalitat contasen con ellas para la reconstrucción.

En este caso la existencia de aquello que se pretende obtener y se persigue, se encuentra al alcance de nosotros a diferencia de las mascarillas, pero me atrevo a pronosticar que las contrataciones de emergencia continuarán sin recurrir a estas excelentes empresas ya disponibles, que podrían poner en funcionamiento nuevamente y en un corto espacio de tiempo; tiendas, negocios, talleres, carreteras, puentes, enlaces telefónicos, tendidos eléctricos y todo el entramado social-económico de las ciudades afectadas. Sería la mejor forma de hacer Nación, devolviendo a los ciudadanos, trabajadores por cuenta ajena y autónomos la fe en quienes tenían en sus manos su seguridad y bienestar.

Para concluir, las administraciones y la clase política tienen una responsabilidad clara con las víctimas y los afectados. Es hora de que dejen de lado los intereses partidistas y piensen en el bien común. El desastre ocurrido debería ser una llamada de atención para todos y una oportunidad para implementar cambios estructurales que eviten que vuelva a ocurrir algo similar, ¿serán capaces al menos de intentarlo? Ya les adelanto que no.