En la pasada campaña electoral para las Corporaciones Locales, apareció una simpática pintada en mi pueblo, Dílar, como la del título de este artículo. Esto enfadó sobremanera a los anteriores regidores, jóvenes, beatos y conservadores de la derecha española. Su argumento, del alcalde, que fue el único que entonces habló y habla ahora, fue que sus concejales cobraban por debajo del salario mínimo, mientras que se dejaban la piel trabajando por sus vecinos.
El asunto es que este alcalde ya fue portada de los diarios locales cuando, además de regidor local, ocupaba un importante puesto en la Diputación Provincial de Granada en la época en que estaba dirigida por el Partido Popular. Durante varios meses, desde el cese en dicho cargo, estuvo percibiendo dos salarios del erario público. El de alcalde del municipio y el de la Diputación. Cuando esto ocurrió yo me creí su versión. Que había sido un descuido. Incluso llegué a enviarle algún mensaje solidarizándome con él, pues pensé que todo era un montaje. El dinero de uno de los dos empleos lo devolvió y el tema quedó zanjado.
Días atrás se celebró el primer pleno de la nueva corporación municipal. Como ya expliqué en un artículo anterior, pese a que el Partido Socialista ganó en las elecciones generales, contra todo pronóstico; en las locales, los caciques tocaron a arrebato y, aunque no subieron en número de votos, sino todo lo contario, sin embargo, el hecho de agruparse en sus listas claros partidarios de la extrema derecha, más algunos de ese partido naranja que nos vende la idea de honestidad, hizo que volvieran a ganar. Incluso, que subieran un concejal, dado que también pasábamos de una corporación de 9 a 11 concejales. Pese a que esto les hizo envalentonarse, algunos manteníamos la esperanza de que algo comenzara a cambiar. Aunque solo fuera por el miedo a estar más controlados, pues también las izquierdas habíamos renovado y ampliado nuestra composición. Desgraciadamente tuve la oportunidad de descubrir, al igual que el resto de los vecinos que asistieron al pleno de la corporación, que no solo no habían cambiado, sino que sus posiciones se habían hecho más visibles. Ya no tenían ningún interés en ocultar sus vicios y defectos, pues, según ellos, les había dado buen rédito electoral. Ahora, las cosas se iban a seguir haciendo así porque querían y porque “yo soy el que manda aquí”, según dijo sin ruborizarse el joven alcalde. Y no una, sino varias veces.
La cuestión es que ellos tenían por costumbre dar cuenta al pleno de la corporación de todas las resoluciones que, desde la última reunión, había aprobado el alcalde. Pero dar cuenta no era leer, ni explicar nada. Yo, que me estrenaba como portavoz independiente del grupo socialista, pregunté por varios expedientes, que previamente había estudiado, aunque sin poder acceder a toda la documentación, porque el secretario municipal me dijo que para ello tenía que pedirlo por escrito al alcalde, pese a que la normativa no dice esto. En un caso se trataba de una ayuda que se había dado a una persona con deficiencias físicas, pero a la que no se le habían concedido las prestaciones que legalmente se contemplan en la Ley d e Dependencia, porque no le correspondían. Según el interventor, el ayuntamiento carecía de competencias para dar dicha ayuda. Pero el alcalde dijo que, pese a ello, él asumía esta decisión y que así iba a quedarse. Lógicamente, le dijimos que esto era ilegal y que lo recurriríamos. Le dio igual. En otro caso se trataba de cambios de partidas presupuestarias, en apariencia inocentes, pero que nadie nos aclaró de qué se trababa, pese a que también aquí el interventor discrepaba de la decisión del alcalde. Lo mismo. Se va a quedar así porque lo digo yo, espetó.
Otro punto bastante conflictivo fue la decisión de fijar los plenos cada tres meses, en jornada de mañana. Las izquierdas pedíamos uno cada mes y en jornada de tarde, para que asistiera el máximo de ciudadanos. Su postura fue la misma. Se va a quedar así porque lo digo yo. Pero en este caso se permitió argumentar el porqué de su postura. La basaba en tres argumentos. Uno, porque si se hacían como nosotros queríamos, entonces aquello se convertiría en una Asamblea, que es lo que las izquierdas quieren y añoran. Y esto, según manifestó, es contrario al debido respeto que hay que tener a las instituciones. El segundo fue que esto aumentaría el gasto, pues serían necesarios más empleados municipales para acudir esas tardes. No informó que los empleados públicos tienen que acudir un par de tardes a la semana a las dependencias municipales, porque así lo establece la norma. El tercero fue que era para garantizar el respeto a la conciliación de la vida personal y familiar, pues si sus concejales tuvieran que ir por las tardes a estos plenos, no podrían estar con sus familias. Lo único que le espeté fue que “la ignorancia era muy atrevida” y que frivolizar con estas cosas, de forma evidentemente cínica, aprovechando su “mayoría absoluta”, no beneficiaba, ni a la institución, ni a la democracia.
El punto más conflictivo fue el de los sueldos de los políticos. Se fijaron siete sueldos en total, para los siete concejales del Partido Popular. Dos a tiempo total, tres a tiempo parcial de 30 horas semanales y dos a tiempo parcial de 10 horas semanales. En total, 106.000 euros, lo que supone un 30% más que lo que ya cobraban en la corporación anterior, que eran cinco sueldos. También aquí, se hacía porque él era el que mandaba, pero elevó un grado más su cinismo y se permitió, con una sonrisa malévola, dirigirse a la bancada de las izquierdas para preguntarnos si no nos daba vergüenza criticar esto, pese a que algunos de sus concejales no cobraban ni 400 euros al mes (claro, los que tienen otros trabajos, públicos y privados). Evidentemente le dijimos que era vergonzoso, y éticamente reprobable, además de jurídicamente rechazable, que en un municipio de 2.000 habitantes, con importantes deudas con los vecinos de algunas urbanizaciones por sentencias judiciales, y muchísimas necesidades, el Partido Popular se permitiera ponerle sueldo a todos sus concejales y nombrar tres Tenientes de Alcalde en una Corporación en la que solo hay tres funcionarios administrativos, un policía local y dos operarios de servicios múltiples. Pero, es que, además, el límite legal máximo fijado por la Ley de Presupuestos para este tipo de gastos está en poco menos de 85.000 euros para municipios de estas características.
Paralelamente a estas imposiciones, también ha decidido (él, porque ninguno de sus 6 concejales se movió, ni habló, durante el pleno), dar la callada por respuesta a las peticiones de medios (despacho, buzón,…..) para ejercer las labores propias de la oposición, que la ley prevé para estos menesteres. Su intención es ignorar la existencia de la oposición y, por tanto, a los casi 450 votantes que tuvimos, entorpecer al máximo el acceso a la documentación, donde se ocultan todos sus “trapicheos” y procurar hacer los mínimos plenos posibles, para que así los ciudadanos no puedan acudir a informarse a los mismos.
En vista de este comportamiento, que no me hubiera creído como posible, si alguien me lo hubiera comentado meses atrás, decidí informarme mejor del incidente de los dos sueldos. No fue un descuido. Fue algo que se decidió en un pleno, en el que él propuso que se aceptara su decisión de abonarse el sueldo de alcalde con carácter retroactivo, pese a que aún seguía manteniendo el sueldo de la Diputación Provincial. Y esto es una ilegalidad, que debería haber sido motivo de inhabilitación, como mínimo. Es decir, que presentarse por tercera vez a las elecciones no era por “amor a Dílar”, como le vendió a sus seguidoras, sino por “amor a los 1.000 euros”.
Así está el patio. Y así actúan las derechas y las extremas derechas en nuestro país. Por ello, la respuesta ha de ser serena, pero contundente. Y siempre dentro de los cauces democráticos. Torres más grandes han caído. En el fondo, estas actitudes dictatoriales y chulescas no son más que mecanismos de la mente para ocultar su propia debilidad. O quizás algo más. Todo acabará saliendo.