La ONG Amnistía Internacional (AI) denunció este martes que las autoridades marroquíes endurecieron su represión contras los activistas saharauis y las voces críticas y emplearon fuerza excesiva contra los emigrantes.
En su informe anual, AI criticó también que la legislación marroquí sigue penalizando la interrupción voluntaria del embarazo y la homosexualidad, y lamentó que esas leyes afianzan la desigualdad de género.
En marzo y abril, según la organización, la policía marroquí ejerció violencia "física, verbal y sexual" contra 12 mujeres saharauis que expresaban su solidaridad con la activista independentista Sultana Jaya, que denuncia haber estado en detención domiciliaria en Bojador, al sur de El Aaiún, entre 2020 y 2022.
El escrito lamenta que la justicia marroquí no llevó a cabo investigaciones sobre estas supuestas agresiones.
Además del caso de Jaya, el informe denuncia que guardias penitenciarios golpearon en varias ocasiones durante el pasado mes de marzo al activista saharaui Mohamed Lamine Haddi, que cumple una condena de 25 años en la prisión de Tiflet II, al este de Rabat.
Asimismo, el documento denuncia que las autoridades marroquíes denegaron la inscripción legal a la nueva ejecutiva de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos (ASVDH), alegando que obstaculizaba el trabajo de las autoridades.
Añade que la policía marroquí asedió el pasado 2 de julio la sede de ASVDH en El Aaiún e impidió con violencia la entrada a sus miembros, lo que provocó lesiones a al menos 10 personas.
AI recuerda en su informe anual que el 24 del pasado mes de junio alrededor de 2.000 personas, la mayoría de ellas sudanesas, fueron reprimidas "con fuerza excesiva" por parte de las autoridades marroquíes cuando intentaron saltar la valla fronteriza a la ciudad española de Melilla.
Agrega que durante estos acontecimientos murieron 37 emigrantes de los que participaron en el salto y otros 77 resultaron desparecidos, mientras que las autoridades marroquíes negaron la asistencia médica a los heridos.
La fiscalía de la ciudad marroquí de Nador, vecina a Melilla, anunció que había abierto una investigación, pero AI denuncia que la justicia marroquí no tomó medidas para interrogar a testigos y a personas migrantes heridas.
En cambio, subraya que los tribunales de Nador procesaron a al menos a 79 migrantes que supuestamente participaron en el salto por entrada irregular al territorio marroquí.
El informe señala que aunque Marruecos rectificó el Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, las leyes marroquíes siguen afianzando la desigualdad en temas como la herencia y la custodia de los hijos.
Asimismo, recuerda que las disposiciones de los artículos 490 y 493 del Código Penal que penalizan las relaciones sexuales fuera del matrimonio impiden que las mujeres víctimas de violencia la denuncien y crea impunidad en los agresores.
El documento subraya que el aborto sigue siendo, en general, una práctica ilegal en Marruecos y se castiga con penas de prisión, lo que empuja a las mujeres que quieren interrumpir a recurrir al aborto clandestino que conlleva altos riesgos para su salud.
Señala que el pasado septiembre una niña de 14 años de un pueblo cerca de la ciudad sureña de Midelt falleció a causa de un aborto inseguro que se le practicó después de, según AI, haber sido violada.
Por otra parte, AI recuerda que la legislación marroquí sigue castigando la homosexualidad con hasta tres años de prisión.
La ONG lamenta que las autoridades marroquíes continuaron durante el año pasado sus ataques a los activistas opositores y procesaron y encarcelaron a siete periodistas y activistas por criticar al Gobierno, así como a personas que criticaron la religión o expresaron su solidaridad con los detenidos vía internet.
Como ejemplo, el escrito señala a que en agosto pasado el Tribunal de Primera Instancia de la ciudad de Oued Zem condenó a la bloguera Fatima Karim a dos años de prisión por "insultar" al islam en publicaciones en las redes sociales.
En noviembre, un tribual de Casablanca condenó al defensor de los derechos humanos Rida Benotmane a tres años de cárcel por "insultar" a instituciones y a funcionarios públicos mediante publicaciones en internet en las que criticaba a las autoridades.
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