Las autoridades judiciales marroquíes actúan contra quienes intentan cruzar a nado a Ceuta, lo hacen formulando una serie de actuaciones con responsabilidad penal.
Han acordado tomar medidas estrictas contra todos aquellos que se compruebe que han emprendido intencionadamente un pase, los han alentado o han ayudado a quienes los realizan.
Es la respuesta judicial ante el “enorme aumento en el número de personas que se lanzan a la peligrosa aventura de cruzar, que deja víctimas y ahogados cada día”, explican los medios marroquíes.
Así, se ha acordado tratar este asunto con mayor severidad, tanto a nivel de las autoridades fronterizas como judiciales.
Tal y como detallan estos medios, mientras que anteriormente se ponía en libertad a la mayoría de los inmigrantes devueltos a Marruecos por las autoridades de Ceuta, ahora las cosas van a cambiar radicalmente.
La Fiscalía de Tetuán ha decidido proceder judicialmente contra todos los candidatos a la inmigración que se arriesguen a nadar hasta las playas de Ceuta y que sean devueltos por las autoridades españolas en el marco de la devolución inmediata.
Ya lo hizo con 47 la semana pasada tras un intento de entrada por mar.
La Fiscalía aplicará una serie de artículos legales que pueden conllevar largas penas de prisión, como acusaciones de poner en peligro sus vidas y las de otros, entrada en una zona de seguridad prohibida, crear disturbios y aglomeraciones, y fomentar que los menores se arrojen al mar sin preocuparse por los riesgos de esta aventura imprudente.
Las autoridades marroquíes han anunciado que no tolerarán en adelante a quienes animen a los jóvenes y menores a emprender la migración ilegal, especialmente la aventura de lanzarse al mar y nadar varios kilómetros entre ambos lados, ya que el número de ahogados está en aumento.
Cada día se encuentran los cuerpos de jóvenes y menores de ambos lados.
Las mismas fuentes han confirmado que se ha acordado la devolución inmediata de todos los detenidos a las autoridades marroquíes, que los remitirán a las instancias judiciales competentes para adoptar las medidas necesarias.
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