El Foro de la
Educación analizará en una reunión extraordinaria antes de que comience el próximo curso, cuya actividad lectiva arrancará el 10 de septiembre, el Protocolo de Prevención y Actuación en el Ámbito Educativo ante situaciones de Maltrato Infantil y Adolescente Intrafamiliar y Extrafamiliar elaborado por la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP). El texto parte de la convicción de que “el centro educativo es el contexto en el que los menores pasan más tiempo a lo largo del día” y que, por tanto, tiene “un papel fundamental en la detección de un posible caso de maltrato dentro o fuera de las familias”. También considera que “el profesorado y especialmente los tutores se encuentran en una situación privilegiada para detectar indicadores”, ya que “conoce las características evolutivas de las diferentes etapas educativas y puede comparar las conductas de los niños de la misma edad”. “Del mismo modo”, añade, “conoce el entorno familiar, tanto desde la visión que transmiten los propios niños como desde las relaciones que establece con las familias”. A partir de la aprobación del documento “cualquier miembro de la comunidad educativa que, en determinado momento, sospeche de la existencia de un posible maltrato deberá comunicarlo de manera obligatoria a la Dirección de
su centro educativo”. A partir de ahí, la respuesta variará “en función del nivel de riesgo de los signos y síntomas observados: evidencias físicas, sospechas o indicios físicos y psicológicos, así como del tipo de situación”.
Orientación e Inspección
A partir de la primera alerta, el equipo directivo deberá reunirse con el tutor del estudiante afectado y la persona responsable de Orientación en el centro para “recopilar toda la información, analizarla y valorar la intervención que proceda”. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil o adolescente se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio de Inspección.
Todo tipo de maltratos en cualquier contexto
El Protocolo se dirigirá tanto frente a casos de maltrato intrafamiliar como extrafamiliar, es decir, aquellos en los que los derechos fundamentales de un menor se vean vulnerados en forma de agresiones físicas, sexuales, verbales o de otro tipo por parte de personas diferentes a las que ejercen su guarda y tutela. Este tipo de situaciones detectadas en el ámbito educativo requerirán la protección de la persona menor de edad, la información a la familia y la actuación de otras instituciones como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía o servicios sanitarios, por lo que tendrán su procedimiento específico.