El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta, Juan Luis Aróstegui, exigió este viernes al Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) que “garantice el Derecho a la Educación fundamental a todos los menores, tanto a los que hasta el curso pasado no estaban escolarizados porque se dudaba que realmente viviesen en la ciudad, algo incuestionable ahora que la frontera está cerrada, como a los niños de Marruecos que puedan haberse perjudicados por la clausura del Tarajal siendo estudiantes de alguno de los centros educativos locales”.
En el primer caso el número de menores atendido a diario por Digmun rondaba la cuarentena. En el segundo, las fuentes consultadas por este periódico han cifrado “entre 400 y 500” el contingente de estudiantes matriculado “sobre todo en el CEIP Príncipe Felipe” que cruzaba a menudo o diario la frontera para acudir a clase por la situación particular de sus familias.
Con los primeros el líder de CCOO considera que “deben ser escolarizados en el centro y nivel que les corresponda porque en este contexto ya no cabe ninguna excusa sobre su residencia legal y efectiva”.
Con los segundos, cuya atención ya ha sido objeto de una primera conversación entre el director provincial del MEFP y los responsables del colegio de la barriada del Príncipe Felipe, Aróstegui estima que “hay muchos niños que llevan hasta 9 años estudiando en ese u otros centros a los que hay que tener en consideración, si es imposible ahora de forma telemática sí cuando se pueda reabrir la frontera”.
El artículo 10 de la Ley de Protección Jurídica del Menor establece que los menores, sin más distinción, “tienen derecho a recibir de las Administraciones públicas la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos”, entre ellos a la Educación, “y que se garantice su respeto”. En España la Primaria y la Secundaria constituyen “la educación básica”, que es “obligatoria y gratuita para todas las personas”.
Hace dos años, durante una visita a Ceuta, el Defensor del Pueblo dejó claro que “los principios y los derechos fundamentales están por encima de las trabas administrativas” y la Dirección Provincial del MEFP ha ido articulando durante los últimos años distintos procedimientos alternativos a la existencia de un certificado de inscripción en el Padrón de la Ciudad (como informes de los Servicios Sociales) para dar por acreditada la residencia real y efectiva de los niños no escolarizados, pero las reticencias de distintos cargos han ralentizado la incorporación de las aulas de todos los niños que viven en la ciudad pero siguen excluidos de ellas.
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