La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, ha asistido este jueves a la Conferencia Sectorial de Consumo, donde se ha presentado la Plataforma Digital de colaboración entre las Administraciones Públicas Cooper@, además de analizar los objetivos pendientes en el Marco Estratégico de Consumo 2022-2025.
En la cita, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido a las comunidades autónomas que sancionen a las empresas que gestionan viviendas turísticas ilegales y que utilicen sus competencias para defender a los consumidores frente a las prácticas abusivas en los alquileres.
En su intervención, el ministro ha recordado que pueden usar sus competencias para proteger el derecho constitucional a la vivienda, que la ciudadanía identifica como el principal problema y preocupación, explica el ministerio.
Ha puesto de ejemplo la acción de su departamento de instar a Airbnb a bloquear más de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos de su plataforma que incumplen la normativa en materia de consumo, como no incluir un número de licencia, licencias incorrectas o no indicar la naturaleza jurídica de los arrendadores.
Además, desde la Dirección General de Consumo se abrió un expediente sancionador a una compañía de alquiler de pisos turísticos por no retirar la publicidad ilícita que se detectó en su plataforma.
La Unidad de Análisis de Consumo ha ofrecido información detallada a diferentes gobiernos autonómicos de los anuncios ilegales detectados en sus territorios sobre estos alojamientos, como hizo recientemente con la Xunta de Galicia a la que le trasladó un archivo que incluía información de más de 9.000 pisos turísticos detectados en esa región, para que el ejecutivo gallego pudiera inspeccionarlos para cerrarlos y, en su caso, sancionarlos.
Igualmente, Consumo entregó un archivo al Govern de Baleares con más de 7.000 anuncios ilegales de pisos turísticos en las islas sobre los que se podría actuar.
Bustinduy ha insistido en que las comunidades tienen competencias para actuar contra los alojamientos turísticos que se publicitan de forma ilícita y para inspeccionar y exigir la retirada de esta publicidad. También, para proceder al cese de la actividad de estos pisos y, en su caso, iniciar procedimientos de sanción.
Al mismo tiempo, ha emplazado a los Gobiernos autonómicos a defender a los consumidores frente a las prácticas abusivas que pueden cometer empresas que gestionan el alquiler de viviendas.
Una petición que se hace en la temporada alta de turismo en varias autonomías de todo el panorama nacional, como es el caso de Ceuta.
Consumo abrió un expediente sancionador a una de las principales agencias inmobiliarias que opera en todo el territorio nacional y que habría realizado prácticas abusivas como obligar a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o contratar servicios no solicitados.
Desde Consumo se sigue investigando a otras inmobiliarias que podrían estar cometiendo estas mismas prácticas abusivas.
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