La consejera señaló que no se puede estar dentro de este programa de manera permanente, porque hay más necesitados
Fuerte duelo verbal entre la
consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Adela Nieto, con el diputado de
Caballas, Juan Luis Aróstegui, en función de distintas resoluciones de contratos de adjudicatarios del programa de alojamiento alternativo al haberse cumplido el máximo de 60 mensualidades que establece el Reglamento. La consejera le dijo al portavoz de Caballas que “nosotros no hemos echado a nadie a la calle. El reglamento establece un máximo de 60 anualidades y nos hemos encontrado con personas que llevan once años ocupando viviendas dentro del Programa de Alojamiento Alternativo”. Confesó que las familias que se acogen a este programa son grupos que cuentan con ingresos y que “la parte del alquiler que les paga la Ciudad Autónoma es un recurso complementario”. Volvió a reiterar que, en ningún momento, se puede entender que entrar dentro del circuito del Programa de Alojamiento Alternativo es “con carácter indefinido, ya que hay otras personas que también lo necesitan y los presupuestos de la Ciudad Autónoma no son ilimitados”. De todas maneras, vino a indicar que a las 17 familias que se han sacado del programa durante los tres primeros meses del año se les está atendiendo con otras herramientas sociales de las que se disponen en la Consejería.
Aróstegui dijo que los del PP “son mentirosos y personas sin sensibilidad”
Aróstegui dijo, de una manera muy clara, que “son mentirosos y personas sin sensibilidad”. Sentenció que este programa está sometido a revisiones y que entonces no entendía como había familias que habían estado más de cinco años y se les había permitido continuar. Aseguró que el Gobierno se había comprometido a eliminar este tope de las 60 mensualidades y que se estudiaría caso por caso, “ya que pueden existir familias que mantengan después de cinco años las mismas circunstancias que les llevaron a ser acogidos con este programa”.
Casi 400 familias fueron atendidas el año pasado
Ofreció la consejera de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad una serie de datos en relación con las prestaciones el año pasado dentro del programa de alojamiento alternativo. Se gastó un millón ochocientos mil euros para atender a trescientas cincuenta y dos familias y con mil setecientos ochenta y un beneficiarios. Para la máxima responsable del departamento autonómico se entiende que es un esfuerzo económico importante.