Algunos menores de ‘La Esperanza’ llegan al centro con sus pasaportes

{jaimage crop="TC" /}La elevada interinidad laboral que existe en el área de Menores y que roza el 90% se convierte en una auténtica traba para que los trabajadores se sienten en torno a una mesa y hablen, con nombres y apellidos, de todo lo que pasa en el centro ‘La Esperanza’.

Prefieren hacerlo bajo el anonimato por eso de que, quizá, lo que digan termine volviéndose en su contra y el trabajo del que gozan pase a tener las horas contadas. El centro del Hacho, sobre el que la Fiscalía ya ha cargado lanzando una seria advertencia para que se le ponga un punto y final, esconde historias de menores desamparados, con familias rotas o sin ellas, pero también esconde otras de MENA que tienen en el horizonte la obtención de una nacionalidad y que ocultan sus contactos, más o menos rutinarios, que mantienen con sus padres en Marruecos. La identificación de estos menores que oficialmente se tilda de compleja no parece resultarlo tanto cuando algunos de estos acogidos han llegado al centro con el pasaporte en la mano. “Es cierto”, contesta un trabajador. Y así lo confirma porque tanto ahora como años atrás se ha registrado la asistencia de menores marroquíes con documentación en regla cuya identificación no tendría por qué haber resultado complicada.
Lo que todos saben pero nadie denuncia dio un giro hace unas semanas cuando la Asociación Unificada de Guardias Civiles lo denunció públicamente y el Ministerio Fiscal decidió ‘meterle mano’ al asunto abriendo una investigación al respecto. Lo primero que ha hecho es tomar declaración a un miembro de la asociación, iniciando así un proceso para saber qué hay detrás de este asunto y averiguar si, tal y como bajo el anonimato denuncian algunos trabajadores, el centro está siendo utilizado como “un colegio mayor”.
La máxima responsable política del área, Susana Román, tampoco ha metido los dedos en el asunto, ciñéndose a recalcar que desde la Consejería se carece de pruebas, ya que tan sólo tienen indicios. Una reflexión que choca con el ‘miedo’ existente entre los trabajadores del área para denunciar, con nombres y apellidos, lo que está ocurriendo.
La masificación no ayuda. Hace unos días se alcanzaron los 134 menores en la vieja casa militar del Hacho. En estos picos de presión es cuando se critica el mal uso que desde algunos sectores se está dando al centro.
La obtención de la nacionalidad aparece como la meta perseguida por quienes, aun teniendo contacto con familiares en Marruecos e incluso en la propia Ceuta con hermanos o hermanas adultos que residen en situación irregular, siguen en el centro como desamparados.
Saben del trabajo del área de Menores para intentar buscarles una salida para que no tengan que ser expulsados a Marruecos tras cumplir la mayoría de edad. Con los 18 años cumplidos el reglamento de extranjería amenaza con provocar que, en base a la ley, tengan que ser expulsados a su país de origen. El caso es que no se estaría expulsando a un inmigrante que lleva horas en España sino a uno que ha permanecido años en alguno de sus centros de acogida. En Ceuta tanto el área de Menores de la Ciudad como el equipo de Extranjería que depende de la Delegación del Gobierno buscan la interpretación del reglamento más flexible y adecuada al futuro del MENA. El permiso de residencia que obtiene el menor no se revoca cumplidos los 18 años permitiendo la estancia del marroquí hasta los veinte, agotando al máximo el plazo. Se abre así un periodo en el que se puede buscar una salida para cada uno de esos antiguos menores ahora convertidos en adultos. La Ciudad hace esto buscando una labor social pero sus protagonistas no siempre cumplen el mismo perfil.

La historia de Marhum: de MENA a deportista de elite

Del centro ‘La Esperanza’ han salido jóvenes que tras cumplir la mayoría de edad han conseguido un trabajo o incluso han llegado a ser deportistas de elite. La historia en el recuerdo más común de la sociedad caballa es la de Mohamed Marhum, que el pasado 9 de julio juraba ante la Constitución su nacionalidad española. Marhum, nació en Castillejos e intentó cruzar la frontera junto a un hermano cuando tenía 8 años en 1999. Fue interceptado por la Guardia Civil que le trasladó al centro de San Antonio, ahora ‘La Esperanza’, en donde estuvo viviendo casi nueve años. Sus cualidades para el atletismo destacaron rápidamente en la escuela y fue la progresión en sus marcas la que le abrió las puertas de la residencia Blume de Madrid. Es la cara positiva de esta problemática, pero hay otras. Hace un par de semanas un residente que a punto está de cumplir los 18 revolucionaba el centro amenazando a sus trabajadores. Quiere obtener a toda costa la nacionalidad.

Chamizo lamenta que “esto se aproveche para endurecer la política de menores”

En la polémica abierta en torno a la forma en que se están utilizando los recursos públicos en materia de acogida a menores marroquíes surge la voz del Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo. Una voz autorizada que, sin tapujos, habla de las dos caras de una moneda en la que España y también Marruecos tienen mucho que decir.
Chamizo, ha recalcado, en declaraciones a ‘El Faro’ que “los niños que tienen sus padres en una situación económica estable en Marruecos, evidentemente tienen que estar con ellos, sin abusar de lo que es una apuesta solidaria de la administración española” para ofrecer centros de acogida en los que atender a los desamparados según establece la ley. Pero Chamizo coloca un pero en su mensaje, ya que, teme, este tipo de denuncias pueda servir para endurecer las políticas en materia de MENA. “No aprovechemos esto para endurecer la política sobre los menores inmigrantes que sí tienen necesidad de ser recogidos. Me da miedo que empecemos diciendo, que es verdad, que hay niños que vienen a hacer sus estudios aquí aun teniendo apoyo familiar en Marruecos para ampliar esto a todo el grupo de MENA que tenemos en las distintas autonomías”, señala.
Subirse al carro de las generalizaciones es peligroso y el Defensor del Pueblo andaluz, garante de este tipo de denuncias en Ceuta ante la ausencia de un Defensor local, advierte de la posibilidad de que estas aparezcan en escenas. Para Chamizo, las soluciones a este tipo de situaciones denunciadas en Ceuta pero también en Andalucía por la propia junta, pasan por “agilizar los trámites para demostrar que esos niños tienen familia, eso es lo primero que hay que hacer”, indica, recordando que “por la convención de los derechos del niño y la legislación del menor no se puede dejar al niño abandonado ni fuera de la institución”, completa.
Pero en Ceuta este mero trámite que apunta Chamizo se convierte en toda una odisea. Marruecos no acepta la entrega de un menor marroquí procedente de Ceuta por la frontera. Cualquier retorno por esta vía sería una ilegalidad y de hecho existe como precedente más claro la denuncia presentada por APDH a finales de los años 90 por las expulsiones de menores que se estaban llevando a cabo y que forzaron a la adopción de una política en este ámbito que era inexistente en la ciudad. Para poder conseguir esa devolución, tras haberse identificado a los padres del menor, habría que trasladar al niño al consulado de Marruecos en Algeciras para que, desde allí, se hicieran las gestiones consulares oportunas. ¿Qué sucede? Que el consulado no acepta a ningún menor procedente de Ceuta porque no reconoce la españolidad del territorio. Es la pescadilla que se muerde la cola y que provoca que se invalide cualquier gestión entre España y Marruecos que tenga que ver con Ceuta o Melilla.
Chamizo indica que en el caso de los niños que sean identificados “lo importante es ver, vía consulado, cómo acelerar todo para que el niño regrese con su familia”. Conocida esta traba, el Defensor del Pueblo andaluz señala al Ministerio de Exteriores para que “de alguna manera intervenga y ponga pie en pared en todo esto”, añade. “Las administraciones”, dice, “van cada una por su lado y la víctima es el menor”, algo que en Ceuta resulta aún más complicado “por su situación territorial”.

Vecinos de Solís denuncian que se arrojan piedras desde el Centro Mediterráneo

Indignación y desesperación son las palabras que definen el estado de ánimo de los vecinos de la pequeña barriada Solís, tras un nuevo incidente protagonizado por los residentes del Centro Mediterráneo de Menores. Y ya son demasiados. Ayer noche, “como suele ocurrir en otras ocasiones”, según los vecinos del barrio, menores del centro se dedicaron a arrojar todo tipo de objetos a los niños y adultos que se encontraban en las calles de la zona. Una piedra de grandes dimensiones cayó cerca de un vecino y botellas de agua y gel alcanzaron a otros. Los vecinos indignadosdenunciaron el caso a la Policía Nacional que tomó los datos oportunos, aunque no pudieron averiguar los causantes del incidente. Esa es la norma habitual y los vecinos, indignados, no aguantan más. Denuncian, además, el trapicheo que se mueve en el entorno del centro lo que se traduce en inseguridad y piden a la Ciudad que actúe.

Apuntes

“No se debe criminalizar al MENA”
Las oenegés lanzan un mensaje ante este tipo de investigaciones y denuncias, y solicitan que no se criminalice al menor, recordando la obligatoriedad por ley de acoger a todo niño que esté desamparado.
Más control en Tarajal
¿Cómo entra el menor? En la gran mayoría de los casos con su pasaporte y su padre o madre. AUGC pide que haya más control policial en la frontera registrando que las entradas de adulto y niño sean iguales a la salida.

El efecto llamada, en el horizonte
El sindicato UGT advertía hace un par de meses del efecto llamada que se estaba produciendo en Marruecos ante el anuncio de apertura de un nuevo centro en el albergue de Hadú. El canal de información es constante.
Padres reconocidos
Los contactos de menores con sus padres son un hecho y en festividades concretas se producen ausencias de estos niños presuponiéndose que están con sus familiares. Luego regresan a la ciudad.