Al menos una decena de ceutíes figuran entre los 152 acusados por delitos contra la salud pública en el macrojuicio que comenzó este lunes en Algeciras contra el clan de Los Castaña. La conexión con Ceuta en el considerado mayor juicio contra el narcotráfico celebrado en España afecta a personas que presuntamente ejercían de peones para el clan encabezado por Antonio Tejón.
Tres de esos acusados naturales de Ceuta han confesado ya su participación, formando parte de los hasta 62 procesados cuyos abogados pactaron con la Fiscalía una conformidad. Además se ha retirado la acusación respecto de 20 -dos de ellos también de Ceuta al no haber pruebas suficientes contra ellos- y 6 están declarados en situación de rebeldía.
En la sesión pública para los medios de comunicación difundida este lunes no se concretó las penas acordadas pero en la mayoría de los casos no superaban los 2 años al tratarse de personas que ejercían de meros peones para las más altas escalas.
Así que la vista judicial continuará en los próximos días pero con menos acusados en el banquillo ya que los que han alcanzado pactos previos fueron citados para comparecer el próximo 26 de junio.
La investigación que ha dado pie a este procedimiento fue realizada por la Guardia Civil durante el año 2020 en la zona de Algeciras por el grupo OCON SUR, cuyos agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo de personas perfectamente organizadas que se estarían dedicando a la introducción de importantes cantidades de hachís por las costas del Campo de Gibraltar procedente de Marruecos. Cada uno de los acusados desempeñaba una función necesaria e imprescindible. En el caso de los de Ceuta están señalados por ejercer de cooperadores sobre todo realizando labores de vigilancia o descarga de mercancía. En otros casos les atribuyen roles que han permitido que el negocio siguiera en auge incluso en periodo de confinamiento.
Entre las funciones destacaban la preparación de embarcaciones semirrígidas, abastecimiento de gasolina, víveres y avituallamiento necesario como son GPS, teléfonos satelitales, trajes de neopreno y lugares que funcionaban de guardería tanto de sustancias estupefacientes como de los vehículos y las embarcaciones semirrígidas.
En los seguimientos recogidos en la investigación de la Guardia Civil figuran varios ceutíes a los que se atribuyen papeles concretos. Así, entre los días 17 y 18 de abril de 2020, los investigadores del OCON SUR observan en la zona del Puerto de Santa María cómo uno de los ceutíes acusados realizaba continuos repartos de preparativos de petacas de gasolina en lugares diferentes donde se guardaban las embarcaciones es con el fin de evitar ser vistos por los agentes.
Pocos días después se observó una embarcación semirrígida con tres motores navegando por el Río Palmones que había permanecido oculta en una de las naves.
En otros servicios de control que se hace sobre sospechosos, figuran más ceutíes llevando a cabo esas mismas actividades de control, reparto o cooperación para que las actividades de narcotráfico fructificaran.
Los Castaña necesitaban de apoyo en todos los escalafones que hacen posible el tráfico de hachís, contando con ‘peones’ en los puestos inferiores y colaboradores más estrechos en otros menesteres.
La Fiscalía Antidroga reclama para Antonio Tejón, el considerado líder de la organización y a quien le consta una condena en Ceuta en el año 2014 por tráfico de drogas, la imposición de una pena de 15 años y 9 meses de cárcel así como el abono de 104 millones de euros de multa por delitos contra la salud pública, receptación y contrabando -por el uso de narcolanchas prohibidas- y pertenencia a grupo criminal.
En el escrito de acusación, la Fiscalía considera que incluso cuando estaba en prisión logró tejer una red con una “incesante” actividad para introducir alijos de hachís en las costas andaluzas desde Marruecos capaz de operar hasta durante el confinamiento por la pandemia de la covid.
Precisamente en uno de esos trasvases de droga fue cuando el Servicio Marítimo de la Benemérita en Ceuta pudo recuperar buena parte de la mercancía que unos lancheros querían llevar a las costas peninsulares. Solo uno de esos gomeros pudo ser detenido.
La Junta de Andalucía ha invertido más de 150.000 euros para adaptar la sede judicial para esta causa, empleando cuatro salas conectadas por pantallas y un sistema informático.
Para hacer más sencillo el funcionamiento de las siguientes sesiones se optó por acordar las conformidades evitando así que esos acusados -más de 60- sigan acudiendo al acto de juicio oral en estas semanas.
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