Algunas implicaciones de la reforma universitaria

Hace tiempo que se le quiere meter la tijera a la enseñanza universitaria pública. También a la investigación. Mientras que los grandes de Europa destinan cada vez más fondos a su educación e investigación, en España se restringe hasta límites peligrosos. Sobre todo porque está demostrado que los países que más riqueza crean son aquellos que invierten más en I+D y en educación. En nuestras circunstancias, con un crecimiento del paro que se encamina al 30% de la población activa (casi el doble en los jóvenes), pretender que sólo con restricciones presupuestarias vamos a salir de la grave situación financiera en la que nos encontramos, es tan iluso e irresponsable, como cuando Zapatero afirmaba que no había crisis económica. Y no basta con que el Sr. Rajoy salga con cara de bueno diciéndonos que ya sabe él que los presupuestos aprobados son los más restrictivos de la democracia, pero que no puede hacer otra cosa. Sí que se puede hacer otra cosa. Por lo pronto, combinar las restricciones presupuestarias con políticas expansivas. La mayoría de países de Europa ya están pensando en un pacto de crecimiento que combine ambas políticas. Sólo quedan Alemania y España, que se resisten. Quizá porque en esa situación es más fácil hacer reformas impopulares. También, no pagarlo con los más débiles. Y por supuesto prestar atención a lo que dice el Fondo Monetario Internacional en su último informe sobre la economía española. Uno de nuestros principales problemas está en la enorme deuda del sector privado y en las dudosas garantías que ofrecen algunos de los activos de los balances contables de los bancos. Esto es lo que tiene restringido el crédito a la pequeña y mediana empresa y, consecuentemente, estrangulada la economía.
Pero vamos a las cuestiones más importantes que se han aprobado en el Real Decreto 14/2012, que modifica la Ley Orgánica de Universidades (LOU). Lo más llamativo es que se repite lo que tanto criticaron a los socialistas. Con un Real Decreto por la vía de urgencia modifican una Ley, hurtando así al Parlamento el protagonismo y el debate. Pero cuestiones procedimentales aparte, lo grave no  es sólo esto (algunos piensan que el decreto podría ser anticonstitucional). Lo realmente peligroso es que se da un paso de gigantes en el deterioro de la calidad universitaria pública, por un lado y, por otro, se ponen los medios para despedir a cientos de profesores contratados. Además, se crea una tremenda inseguridad jurídica.
Lo primero es que se introduce un apartado en el artículo 7 de la LOU, por el que el Gobierno podrá decidir acerca del mantenimiento o cierre de los centros y estructuras universitarias existentes. A partir de ahí se introduce un tremendo factor de inestabilidad y competitividad entre Comunidades, y entre universidades públicas y privadas, pues no se especifican los criterios de eficiencia que serán tenidos en cuenta para proceder a ello. De la misma forma, más adelante se abre la posibilidad de desarrollar enseñanzas para la obtención de títulos con empresas y otros Agentes del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Investigación. Antes esta posibilidad estaba circunscrita sólo a programas y proyectos de excelencia nacional e internacional. ¿Significa esto que aquellas universidades que no consigan acuerdos con empresas para la obtención de algunas titulaciones, se verán obligadas al cierre?. ¿Supondrá esta medida una estocada mortal a la enseñanza pública y la colonización definitiva de la Universidad por parte de las empresas?.
Otra cuestión muy controvertida es el régimen de dedicación docente. A todo el personal docente e investigador contratado se le exige una dedicación de 24 créditos (cuatro asignaturas de seis créditos). Pero al que no acredite de forma suficiente su labor investigadora en los últimos 6 años, se le incrementan 8 créditos de docencia obligatoria. Por el contrario, a los que sí la acrediten, se les reducen esos 8 créditos. Surgen inmediatamente varias dudas. ¿Se va a exigir lo mismo a los profesores contratados a tiempo total no funcionarios?.  En algunos departamentos en los que no se realizan trabajos de investigación, ya sea porque sus profesores se dedican más a la tarea docente, o por otras causas, muchos contratados serán despedidos. Aunque no por ello se incrementará la calidad docente, pues sólo se habla de un incremento de horas de trabajo de algunos profesores. En el caso de departamentos muy activos en labores de investigación, se les reducirá su carga docente. ¿Quién la cubrirá?. ¿Se van a contratar a nuevos profesores, a pesar de las restricciones presupuestarias?. ¿O quizás se van a transferir profesores de otras áreas de conocimiento, a pesar de no tener la misma especialidad?. Nuevamente aquí la calidad docente se pone en peligro.
Por último, se introducen las limitaciones presupuestarias generales también a los presupuestos de las Universidades. ¿Será esta la excusa perfecta que esperan algunos Rectores para aplicar más recortes?. Y sobre todo, se aplica una brutal subida a las matrículas que tendrán que pagar los jóvenes universitarios. ¿Supondrá esto que, dada la especial virulencia de la crisis económica, se limitará el acceso a la universidad pública de los hijos de los trabajadores más perjudicados por la misma?. ¿Se vuelve a la universidad clasista?. ¿Serán capaces las becas de cubrir estos déficits?. Todas estas preguntas, y algunas más, nos las estamos haciendo los que nos dedicamos a la enseñanza universitaria en estos momentos. También somos conscientes de que estas y otras medidas van a llevarnos al cierre de universidades y a la especialización. También al despido de muchos compañeros. Ello nos obliga a hacer un esfuerzo de adaptación. Pero también a dar una respuesta contundente. Por desgracia, una vez más, las medidas que se adoptan son puramente economicistas, que tendrán una repercusión muy negativa en la investigación y en la enseñanza universitaria pública. La calidad y la excelencia universitaria se ven coartadas, nuevamente, por la crisis financiera. Un día triste para la universidad española.