UGT, CCOO y CSI.F temen que, si el recorte presupuestario prospera, se cierre la oficina de Hadú
Los sindicatos amenazan con la huelga general de confirmarse el hachazo
UGT, CCOO Y CSI.F, con representación en Correos de Ceuta, mostraron ayer su rechazo por el “recorte” presupuestario del servicio postal universal de aprobarse en los Presupuestos Generales del Estado, que está en tramitación.
Sus portavoces sindicales, Gema Jiménez (CSI.F), María Ángeles Chaves (UGT) y África Espinosa (CCOO), aseguraron que el ajuste va a afectar en primer lugar a los ciudadanos, que verán reducido “de forma notable” su derecho a recibir y enviar cartas, paquetes y envíos postales. Esto significa que de cinco días a la semana, el servicio puede pasar a dos o tres dependiendo del personal que resten en Correos y por la ampliación de las zonas de reparto que impedirían visitarlas a diario. Por tanto, la población tendrá que esperar más para recibir sus cartas por el “volumen de trabajo”.
Asimismo, las sindicalistas temen que obligue a reducir en un tercio una plantilla ya de por sí “bastante mermada”, de modo que si en la actualidad cuenta con 66 trabajadores, perdería unos 16, según sus cálculos. El resto de la plantilla, han vaticinado, verá “precarizado sus empleos y condiciones de trabajo”. De hecho, en el último año, indicaron, han aumentado los contratos de solo cuatro horas.
A preguntas de los periodistas, las portavoces puntualizaron que la oficina del centro seguirá abriendo de lunes a sábado, aunque contemplan que Correos pueda “descartar la oficina de Hadú” si prosperan los planes gubernamentales debido a la pérdida de personal que supondría.
De no modificarse los planteamientos presupuestarios, los sindicatos advirtieron al Ministerio de Fomento y a la SEPI que están apostando seriamente por la convocatoria de huelga general.
Los sindicatos UGT, CCOO, y CSI.F remitieron una carta a Fomento y la SEPI en la que manifestaron su oposición al hachazo de “60 millones de euros” en la financiación para la prestación del servicio postal universal en el ejercicio 2017, “que anteriormente era de 180 millones de euros y pretende que se quede en 120”.
De forma paralela a los contactos que mantienen con representantes políticos a nivel estatal para recuperar la financiación recortada, las centrales recuerdan la obligación legal establecida por la vigente ley 43/2010 del servicio postal universal, los derechos de los ciudadanos y el mercado postal, de financiar a través de los Presupuestos Generales del Estado un servicio público que de otra forma se vería abocado a la desaparición con un “evidente y grave perjuicio para los ciudadanos”.