Aplicar los mismos
beneficios fiscales que tienen Ceuta y Melilla también a las localidades rurales que sufren la despoblación. Esa es la idea del alcalde de Almócita, un pequeño municipio que, según el padrón de 2018, contaba con 176 habitantes. En aquella población han transcurrido durante este fin de semana las segundas jornadas ‘Albada rural, pueblos sostenibles’ organizadas por la Asociación Española contra la Despoblación, en las que se ha puesto el foco sobre las maneras y las propuestas para frenar el fenómeno conocido como la España vacía. “IRPF, IVA, pago de autónomo, Seguridad Social… ya está todo inventado; los territorios insulares, Ceuta y Melilla tienen un tratamiento impositivo distinto del resto del país por su excepcionalidad y lo que tenemos que ver es que la situación que se está produciendo en el mundo rural es especial, por lo que hay que abordarla con medidas excepcionales y urgentes”, según las declaraciones que Francisco García ha ofrecido al medio local Diario de Almería. Además, incide en que esas ventajas fiscales de las que disfrutan las ciudades autónomas pueden ser el punto de partida para mantener establecimientos o infraestructuras básicas para una población pequeña. O para evitar la despoblación de un municipio. "Una farmacia, una tienda o un bar prestan un gran servicio a la comunidad y hay que establecer medidas especiales para que se mantengan, incluidas las de tipo fiscal”, explica. Esta medida tuvo la aprobación de los asistentes y ponentes a las jornadas, pero no fue la única. También se alzó la voz por la necesidad de que las zonas en riesgo de despoblación tengan asegurados los servicios públicos como colegios, centros de salud o servicios sociales para los mayores, además de la mejora de las infraestructuras de transportes y comunicación, como pudiera ser la conexión de banda ancha. Se apuntó de igual manera la necesidad de que se aplique una "mayor financiación" a los ayuntamientos, sobre todo de aquellos cuya población es más pequeña. Para llevar a cabo estas medidas, García considera indispensable que haya un "pacto nacional contra la despoblación" en el que participen todas las administraciones. Todo ello para evitar lo que califica como un "cataclismo" al que se ven abocados los pueblos pequeños. El primer síntoma, concluye, suele ser el cierre de un colegio o una escuela: "Esa es la muerte definitiva para un pueblo pequeño”.