Gaitán tratará la crisis migratoria con los ministerios de Infancia e Inclusión

El consejero de Presidencia y Gobernación del Ejecutivo local, Alberto Gaitán, y la jefa del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad, Toñi Palomo, trasladarán este lunes en Madrid a los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Juventud e Infancia la situación que atraviesa Ceuta desde principios de febrero, cuando comenzó un crecimiento notable del número de entradas irregulares de adultos y, sobre todo, menores extranjeros no acompañados.

Gaitán y Palomo se verán en la capital de España con el director general de Migraciones, Carlos Mora, y con el secretario de Estado y la directora general de Infancia, Rubén Pérez y Lucía Losoviz, respectivamente.

Los representantes de la Ciudad trasladarán a estos últimos el colapso del Centro de Acogida Temporal de La Esperanza de la barriada de Hadú, que no debería albergar a más de 132 jóvenes ni en situaciones de emergencia y en el que actualmente conviven más de 200 niños migrantes solos después de que en enero se registrase la entrada de casi medio centenar y de más de 150 en febrero.

El Gobierno de Ceuta remitió a principios del mes pasado al Ministerio de Infancia y Juventud la memoria en la que fundamentó la crisis migratoria que decidió declarar para solicitar al Ejecutivo central que, junto al resto de Comunidades Autónomas, articule un plan de contingencia para trasladar a la península a cerca de 80 menores extranjeros no acompañados.

Desde entonces el número de chicos bajo tutela de la administración no ha dejado de crecer, lo que ha obligado a la Ciudad a plantearse la búsqueda de recursos habitacionales como tras la crisis de mayo de 2021, cuando se acondicionaron diferentes equipamientos y se acabó abriendo las instalaciones de Piniers.

Tanto el Obispado de Cádiz como el Ministerio de Defensa siempre han desatendido las peticiones de apoyo de la administración local cuando ha propuesto conseguir la cesión de alguno de sus inmuebles.

"Tensionar" y "desbordar" los recursos públicos

El Gobierno central y las autonomías acordaron a mediados de 2022 establecer un modelo de gestión de contingencias migratorias con el objetivo de "dar respuesta, desde una perspectiva tanto estratégica como operativa, a las necesidades derivadas de llegadas de gran número de personas menores que exijan un sobreesfuerzo a las entidades públicas". A los efectos de este modelo se entiende por crisis migratoria "al flujo de llegadas que ocurre repentina o paulatinamente de un gran número de personas menores de 18 años sin acompañante adulto que tensionan, llegando incluso a desbordar, las capacidades de las entidades públicas”.