El albergue de Piniers ya no cuenta con seguridad privada

Desde este primero de noviembre, el recurso temporal de alojamiento de menores de Piniers, en Ceuta, ha dejado de tener el servicio de seguridad privada que llevaba resguardando la vigilancia de los menores que allí se alojan. A pesar de la polémica generada en el último mes, que incluye una denuncia de Comisiones Obreras contra la Ciudad Autónoma y la Fundación SAMU, ya se ha rescindido el trabajo con la empresa de seguridad que venía cumpliendo su rol en este centro, Prosegur Soluciones Integrales. Esto perjudica directamente a una plantilla de doce profesionales que ha venido salvaguardando la seguridad del lugar, tanto de trabajadores como de menores.

En su lugar, tal y como está advirtiéndose desde la organización sindical se va a encomendar la labor de vigilancia a los propios trabajadores de la Fundación SAMU a pesar de que estos no cuentan con la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior para estos trabajos.

La indignación no solo es por la pérdida de estos puestos de trabajo, sino que la crítica también considera que es injusto que “por motivos económicos, dejen a todos esos menores con inseguridad”. “En todos estos años se han vivido momentos muy complicados, con diferentes episodios de agresiones, que confirman que brindar seguridad de calidad debe ser una prioridad al interior del centro de menores”, explican fuentes consultadas por este periódico.

Desde hoy ha terminado el contrato con la empresa que prestaba ese servicio, quedando sin trabajo profesionales que se han llegado a jugar el tipo en situaciones adversas ocurridas en este lugar. Los vigilantes han estado en los peores momentos derivados de las entradas masivas pero también en pandemia, con el confinamiento, cuando se tuvo que habilitar este espacio para guardar a menores y retirarlos de las calles.

Una historia de servicios, algunos muy complejos

En el tiempo en el que los vigilantes de seguridad han estado activos en Piniers, han colaborado con las fuerzas y cuerpos de seguridad –Guardia Civil y Policía Nacional- en servicios que han terminado trascendiendo en prensa. Por ejemplo el avistamiento de drones cargados de droga que sobrevolaban este lugar como las inmediaciones de la cárcel, al estar en el punto de paso de las cargas que proceden de Marruecos.

Pero no solo eso, han actuado en varias ocasiones para salvar la vida de menores que han intentado poner en peligro su integridad física por asuntos personales. Y destacado fue cuando un individuo quiso atentar contra algunos internos empotrando su vehículo contra el centro.

Con el decomiso de armas blancas, se han evitado además agresiones en el propio centro tanto contra los propios menores como contra monitores y trabajadores además de estar en los momentos más delicados de la pandemia, cuando se detectó un brote de covid.

Denuncia de CCOO

A principios de mes desde CCOO se ponía en conocimiento que "SAMU ofertaba estas plazas en redes sociales y páginas de búsqueda de empleo como auxiliares de control" con funciones a "desempeñar como establecer el control de los accesos, recinto, perímetro y llaves; controlar la circulación de los menores, auxiliando a los educadores en la prevención de infracciones de las normas de los centros de acogida de menores; así como establecer el orden, urbanidad y correcto comportamiento con los medios materiales de las instalaciones".

Sin embargo, para el sindicato estas funciones son propias de los vigilantes de seguridad, "según lo establecido en la Ley de Seguridad y en su Reglamento que la desarrolla" y tanto la empresa como la Ciudad "son conscientes del incumplimiento de la ley de Seguridad Privada", por lo que estos hechos "son gravísimos ya que puede suponer un grave riesgo para los trabajadores del centro de menores, así como a los propios usuarios".