Al Ámbar recoge firmas para que se reconozcan los derechos de las familias residentes indocumentadas

La asociación tacha de “burla” la decisión de las autoridades porque “no aclara la resolución de estos dramas”.

La Asociación Al Ámbar, con sede en la barriada Príncipe Alfonso, ha decidido constituir una plataforma ciudadana de familias afectadas residentes indocumentadas, para lo cual, ha iniciado una campaña por toda la ciudad de recogida de firmas, que sirva de base para la constitución de dicha plataforma.

La entidad lleva gestionando, hasta la actualidad, 83 casos documentados de este colectivo. Desde marzo de 2016, ha ido presentando estos expedientes en el Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma, “iniciando así trámite administrativo”. Una vía que ha sido “agotada por un decreto dispuesto por el consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo, aduciendo que los interesados no han acreditado documentalmente su permanencia en territorio español”. Al Ámbar considera este decreto una “burla y una falta de respeto” a un colectivo “perfectamente arraigado familiar y residencialmente en Ceuta” y “no aclara nada sobre la resolución a tantos dramas humanos que afectan a una parte considerable de la ciudadanía”.

En Ceuta, la asociación calcula que existe un colectivo cuyo número ronda las 300 personas, la mayoría mujeres, aunque también hay un buen número de hombres, los cuales son cónyuges y padres o madres de ciudadanos españoles, con los que residen de forma regular en sus hogares conyugales.

Este colectivo, argumenta Al Ámbar, ha quedado “excluido de sus derechos ciudadanos” ya que, a partir de la reforma de la actual Ley de Extranjería, “se vincula” la concesión y renovación de la tarjeta de residencia de los ciudadanos extranjeros, incluso los de larga duración, a la capacidad económica de los mismos o de sus cónyuges. “Es suficientemente conocido por todos los estragos producidos por la crisis económica, más aún en Ceuta y, sobre todo, en el barrio del Príncipe, lugar donde reside la mayoría de los afectados, bien sea porque no tenían trabajo o porque lo han perdido”, exponen en el informe que han elaborado.

Hecho “arbitrario”

La Delegación del Gobierno estima, a juicio de Al Ámbar, “que estas personas representan una carga para el Estado y, por ello, les ha sido retirada la tarjeta de residencia y, al perder la misma, la Ciudad, automáticamente, les da de baja en el padrón”. Un hecho que tacharon de “arbitrario” ya que la función del padrón de habitantes “nada tiene que ver con la documentación del ciudadano como indican los artículos de las bases de régimen local”.

Estos ciudadanos marroquíes, que residen en la ciudad y tienen “profundas raíces arraigadas por vínculos familiares”, son tratados de “distinta manera, argumentando débiles pretextos como el de defenderse de posibles efectos llamada de ciudadanos del país vecino”.