La Asociación Al Ambar, que trabaja en la lucha contra la exclusión de los colectivos más desvalidos en la barriada de Príncipe Alfonso ha solicitado a Extranjería que se ajuste a los requisitos que solicitaron en un primer momento para poder conseguir los permisos de residencia a los padres o madres que tuvieran la tutela de niños con nacionalidad española.
Lo que en un principio desde la asociación abrió las puertas a la esperanza de evitar que muchas personas, en su mayoría mujeres, dejaran de pasar por situaciones muy injustas, parece que se ha quedado en meras intenciones “porque ahora no hacen más que complicar los requisitos puestos en un principio y desde la oficina de Ceuta nos explican que son cosas que les piden en Madrid, pero no nos parece bien y lo único que se está demostrando es que piden cosas imposibles para no tener que conceder esos permisos de residencia”, explica el portavoz de la asociación, Ahmed Enffedal.
Aproximadamente han presentado la solicitud una t treintena de mujeres y no se ha conseguido aún ninguna. “Piden cosas tan absurdas como certificados de la propiedad de una vivienda a una mujer marroquí, vivienda que casi siempre es de sus maridos o que en el pasaporte marroquí conste la dirección de Ceuta, o certificados de aprovechamiento del curso escolar anterior cuando los hijos han comenzado este año a asistir a clases”.
Mujeres y niños
Desde Al Ambar denuncian la injusticia de una situación propiciada por una nueva ley “que pensábamos que era para evitar situaciones tan injustas como la de todas estas mujeres a las que anulan sus maridos, pero no está siendo así”. Recuerdan que debido a eso muchos niños están sufriendo esta situación de inestabilidad y por eso solicitan a las autoridades competentes “que pidan y exijan cosas reales y posibles porque detrás de cada uno de estos casos, hay historias que demuestran verdaderas injusticias que no pueden consentirse”.
“Los maridos deben documentarlas” Desde la Asociación insisten en que los maridos deben dar papeles a las mujeres, algo que evitan “para tenerlas bajo su yugo como esclavas y eso no debemos consentirlo”. Por eso insisten en que las autoridades no sean flexibles en ese asunto y que obliguen a “legalizar a las mujeres o se les permita a ellas poder tener esos permisos de residencia por agrupamiento familiar ya que en la mayoría de los casos son ellas las que cuidan y se ocupan de los hijos que han nacido en territorio español”.