Está en el paro, como su marido. Residen en el Poblado Sanidad, junto al cuartel de los
Regulares de Ceuta, en una
vivienda a la que accedió la antigua pareja de ella por su condición de militar. Ahora parece que serán desahuciados y la pequeña casa de planta, derribada. Sin poder acceder a otro domicilio, reclaman el ‘derecho de usucapión’. Mayte Camacho narra una historia en los bordes de la marginalidad que comienza cuando entró a vivir en la barriada. “Como mi marido era militar nos dieron esta casa hace 23 años y aquí vivimos con nuestros dos hijos”, explica. Luego llegaría el divorcio. La custodia de los niños fue para ella y, de la mano, también el uso de la vivienda. “Entonces mi exmarido dejó de pagar la casa al irse de los militares y yo firmé que me haría cargo, pero siempre con la condición de que si nos la quitaban, fuéramos realojados”, asegura.
La primera orden de desahucio llegó en 2014. “El motivo original era que ya no nos correspondía la casa y querían el terreno”, recuerda Camacho, que dejó de pagar entonces el coste del alquiler al que se había comprometido. Nuevas cartas avisando de que sería expulsada del domicilio continuaron llegando aduciendo, ahora sí, impagos. Estos procesos abiertos en la Delegación de Defensa en Ceuta fueron archivándose y Camacho consiguió permanecer en la pequeña casa hasta el día de hoy. Actualmente reside con su actual marido y con su hija de 14 años. “Los dos estamos en el
paro: vivimos de las ayudas con el complemento por la menor. Hacienda me tiene embargados 6.000 euros y debo otros 8.000 a los militares”, suma la mujer. Este viernes, siempre según su versión, “vinieron a advertirme que en febrero o marzo vendrán a tirar abajo la casa”. No se resigna a irse sin que le faciliten otro domicilio, pero las respuestas a sus recursos son tajantes: ‘No detenta la propiedad y por ello carece de legitimación para solicitar el cambio de vivienda’.
Con las deudas no puede acceder tampoco a un alquiler “ni siquiera a través de las ayudas sociales”, ya que le piden “una nómina y varios meses de fianza”. Camacho se aferra actualmente a la “usucapión”, supuesto recogido en la legislación española por el que, “al haber ostentado la posesión de un bien mueble o inmueble durante un determinado plazo, se habrá adquirido su propiedad mediante la usurpación, pasando a ser propietario de pleno derecho de dicho bien”. El proceso de desahucio depende del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, con el que El Faro ha tratado de contactar sin éxito para recabar su postura.